Los primeros cien días de Mauricio Macri en la presidencia fueron explosivos para el sector de medios y comunicaciones. Aunque sea tentador sesgar la interpretación acerca de quiénes son los alcanzados por la explosión, creyendo que sólo perjudica a los medios kirchneristas, su repercusión es mucho mayor.
Las variables que condicionan el nuevo escenario son tres: las nuevas reglas de juego que, vía decreto, allanan mayores niveles de concentración y cruces internos; la sequía en el hasta hace poco profuso manantial de publicidad oficial para medios y productoras oficialistas; y las tendencias marco de retracción económica, aceleración inflación, despidos en algunos sectores y fuerte ajuste de las tarifas de los servicios públicos que impactan en el nivel de actividad y crecimiento. Estas tres variables se combinan en una fórmula que es fulminante para algunos grupos y es buen presagio, en el corto plazo, para otros.
Los más afectados, ciertamente, pertenecen al segmento kirchnerista. Desprovistos de los ingresos de publicidad oficial, que aspiraron sin derramar en inversiones en sus medios en los que adeudan hasta los salarios a los periodistas, además de aportes previsionales y fiscales, los dueños del grupo Veintitrés (Sergio Szpolski y Matías Garfunkel) procedieron a su liquidación. Con menor dramatismo, tanto Electroingeniería como Página/12 acusan, a través de cambios societarios y venta de activos, el impacto de la etapa. Está abierto aún el desenlace sobre el grupo Indalo, de Cristóbal López y Fabián de Sousa, después de la investigación de Hugo Alconada Mon en La Nación que reveló manejos impositivos permitidos por la AFIP que, en la práctica, distrajeron la recaudación de 8 mil millones de pesos y fondearon con otras actividades los medios del grupo.
Pero la venia gubernamental a la compra de Nextel por el grupo Clarín, junto con la autorización al ingreso de Fintech, de David Martínez, a Telecom Argentina –violando el propio DNU 267 de Macri, dado que Fintech controla una empresa de servicio público de telefonía y es accionista minoritario de un cableoperador–, los rumores de venta de Telefe (Telefónica) a la norteamericana Turner, de DirecTV (AT&T) a Telefónica, de Telecentro (Pierri) a Claro (Slim) y de alianza entre los ya socios Fintech y Cablevisión, son movimientos mayores tanto en términos económicos como, consecuentemente, políticos.
Hay conglomerados que buscan maximizar la rentabilidad desprendiéndose de unidades que les fueron funcionales para lubricar contactos políticos pero daban pérdidas, otros que buscan aprovechar su conocimiento de nicho y adquieren nuevas unidades en el mismo eslabón productivo y están los que, como Clarín, apuestan por diversificarse a mercados más lucrativos donde hoy se centra la atención de los usuarios, como los móviles. La convergencia es la consigna de la hora, que encubre el cambio de prioridad estatal para estimular los cambios en curso bajo un halo de modernidad.
El escenario de retracción económica –que no comenzó en diciembre último– junto con la decisión política de quitar financiamiento estatal directo a través de la merma en las partidas de publicidad oficial, complementa el panorama pues perturba a medios medianos y pequeños. Todos (también los grandes) fueron beneficiados con un nuevo salvataje estatal que cancela sus deudas previsionales e impositivas a través del canje de espacios para anuncios oficiales y, además, todas las de la rama audiovisual recibieron la gracia de la prórroga automática en sus licencias. Pero, aun así, para la mayoría de los empresarios de medios los números son rojos. Con la virtual eliminación de los topes a la concentración decretada por Macri, los actores más grandes ya no tienen obstáculos para adquirir medianos y pequeños. La obligación de controlar abusos de posición dominante no figura en los planes del Gobierno,que alude a este proceso como “convergencia”.
