Las crisis policiales que han explotado a lo largo y a lo ancho de la Argentina han actualizado una discusión pública sobre un tema que no es nuevo. ¿Deben o no deben sindicalizarse los policías? Esa parece ser la pregunta cuya respuesta encierra la solución a los problemas derivados de los “acuartelamientos”.
Una vez más, la dirigencia política argentina (o, por lo menos, una parte de ella) pone el carro delante del caballo. Para resolver un problema público, se debe trabajar sobre sus causas y no sobre sus consecuencias. Es decir, identificado el problema a resolver, se deben identificar sus causas principales a los fines de removerlas.
El problema han sido (y siguen siendo) las huelgas policiales en la mayoría de las provincias argentinas. Los acuartelamientos son la máscara que esconde el rostro. Los policías de muchos estados provinciales pararon sus actividades y no prestaron sus servicios. Ese y no otro es el problema a resolver.
Las consecuencias de la huelga policial han sido la delincuencia y la violencia en las calles y avenidas de las capitales de muchos estados provinciales, los saqueos y la llegada de la Gendarmería Nacional (tan lamentable como tardía). La capital de la Provincia de Córdoba fue apenas el punto de explosión.
Sin la policía (y hasta con la complicidad de una parte de los policías, según sospechan varios funcionarios nacionales y provinciales), los delincuentes y los violentos se apropiaron de los bienes y también de las vidas ajenas, sin limitaciones. Mientras tanto, millones de argentinos sufrieron y sufren las consecuencias.
Pero las huelgas de los policías no se produjeron por la falta de sindicatos policiales. Evidentemente, cualquier análisis medianamente serio de la realidad, demuestra que esa no es la causa del problema y, por lo tanto, esa no es la discusión en relación con las alternativas posibles para removerla.
no es la solución. Los argumentos a favor y en contra de la sindicalización de las fuerzas de seguridad son diversos. Hay argumentos jurídicos y políticos. Como tantas otras veces, los primeros se subordinan a los segundos. Es decir, oficialistas y opositores van a la biblioteca que más les conviene para buscar argumentos en contra de los otros.
Los policías tienen el derecho constitucional de agremiarse como cualquier otro empleado o servidor del estado. La condición de empleados o servidores “armados” no alcanza para negarles ese derecho. Prohibir la sindicalización sería discriminatorio, alejando a los policías de la sociedad de donde provienen.
Pero la causa de la huelga policial es salarial. A esa causa se agregaron reivindicaciones laborales. Pero es evidente que la causa principal son los bajos salarios que los gobiernos provinciales pagaban (y pagan) a sus policías. Esa es la explicación (aunque no la justificación) del paro de los policías y sus dramáticas consecuencias.
Las huelgas policiales que hemos visto serían igualmente posibles y rechazables si hubieran sido declaradas por sindicatos de policías “legalmente constituidos”. Por otra parte, sancionar leyes nacionales o provinciales permitiendo la sindicalización pero prohibiendo o limitando que los policías paren agregaría poco o nada.
Hay que trabajar sobre las causas y estas, en medio de un proceso inflacionario como el que se vive, son remunerativas. Los gobiernos deben asegurar remuneraciones dignas para sus fuerzas policiales y, por supuesto, condiciones laborales que respeten los derechos humanos de los policías. Con o sin sindicatos, esta es la cuestión clave.
Simultáneamente, deben formarlas y capacitarlas para ponerlas al servicio de la sociedad, en el marco de políticas provinciales y nacionales de seguridad. Hace falta coordinación y concertación para prevenir el delito y la violencia. Esa debería ser la discusión para no poner el carro delante del caballo.
*Doctor en Derecho y Ciencias Sociales
(Universidad Nacional de Córdoba)
Doctor en Gobierno y Administración Pública
(Universidad Complutense de Madrid)
@jemiliograglia
