Resulta muy difícil de creer que en la Argentina existan normas importantes muy mal escritas, con errores graves, que no son (tampoco serían admisibles) errores de mero “tipeo”. La pésima redacción de nuestro derecho no es un asunto menor o de forma. Ese descuido en la palabra de nuestras leyes expresa cierto desdén en su espíritu. No podemos tolerar más esto. El desorden normativo es parte (y refleja) un desorden mucho mayor del Estado.
Podría decirse que en catorce años nadie leyó la ley de mediación penal de la Provincia de Buenos Aires. Porque si alguien la hubiera leído (en un instituto tan importante como la mediación penal, inspirado en derechos humanos, que pretende desandar el sempiterno camino de la punición) esos errores (hablar de “prejuicios” del sistema penal, de “medición“ penal, de “revictimación“, un término que no existe) no hubieran subsistido tanto tiempo. Pero subsisten. Y están a la vista de todos.
Resulta curioso que al procurador Julio Conte Grand no le haya llamado la atención esta pésima redacción normativa, lo cual deja ver el desinterés de fondo que existe también en el Ministerio Público Fiscal de la Provincia en torno de la aplicación real de la norma.
A la inversa, podría decirse que no sirve imponer normas para controlar la realidad social. No sirve imponer por ley a los funcionarios que no pueden comprar dólares. Eso debe surgir de ellos mismos. No debería hacer falta ninguna norma escrita para que ningún funcionario, alto, bajo o medio, en esta situación tan grave, usara su sueldo para comprar dólares. Para todos los que trabajamos en el Estado es mandato no apostar, como dijo Sigaut (responsable de crear el dólar “blue” o dólar financiero), al dólar. Estamos para dar el ejemplo. Aunque eso signifique “perder”. ¿Cómo un funcionario va a comprar dólares?
La voz del Derecho argentino debe (volver a) ser una voz cuidada y prolija. Más si esa palabra es –o quiere ser- Ley. Tal vez cuando esa palabra cuente, nuestra moneda valga de nuevo.
*Director nacional de la Escuela del Cuerpo de Abogados del Estado Argentino.
