El fantasma de un ajuste sobrevuela la dialéctica en la discusión política desde que se hizo realidad la posibilidad de un entendimiento con el principal acreedor de la Argentina y monitor constante de su política económica, el Fondo Monetario Internacional.
Por momentos, en el país de las grietas, donde todo parece ser cara o ceca, patria o antipatria, neoliberalismo o populismo y tanta binariedad como etiquetas queramos agregar a los múltiples matices de la política económica, la reducción a la tesis-antítesis es ajuste sí y ajuste no. Muy fácil de entender, pero muy difícil de explicar una realidad en la que no solo el fenómeno de la inflación tiene sus “multicausalidades”, como gusta llamar el ministro Guzmán. Sin tener que leer la letra chica, el Gobierno no tendrá que pagar al FMI nada hasta que le pase la posta a la siguiente administración, sea de continuidad o ruptura con su actual política. Los funcionarios del organismo y sus propios voceros oficiales no se esfuerzan en esconder que el acuerdo aprobado por su directorio tiene un puente de plata para que se patee la solución para otro momento. O mejor dicho, que se pueda establecer un sendero factible y “sostenible” (otra delicadeza técnica del ministro ad hoc) con otras condiciones internas y externas.
Esto no quiere decir que el acuerdo implique un lecho de rosas para una coalición que hizo de la necesidad un derecho y de la extrapolación del crecimiento a tasas chinas de la economía en el cuatrienio 2003-2007 una hoja de ruta permanente. Como argumentación de campaña ya suena agotado, pero como fundamento de una política económica que aliente el crecimiento, la inclusión social, el incremento del empleo y el salario, en una dinámica sustentable, es una utopía cada vez más lejana. Y no porque se rechacen sus resultados, que podrían ser discutibles con el diario del lunes (por ejemplo, el crecimiento desmesurado del gasto público en los tres niveles y el desequilibrio previsional) sino porque las condiciones de inicio y el contexto son totalmente diferentes.
Internamente, el apoyo al acuerdo en grandes rasgos fue logrado por el apoyo de la oposición aun con pocas fisuras, pero con la obstrucción del ala K de la coalición “oficialista”. Adivinar lo que podrá ocurrir con este nuevo experimento político no ofrece muchas seguridades. Además, la economía, a diferencia de lo ocurrido en 2003, parte de fuertes desequilibrios evidenciados en algunos indicadores preocupantes. La tasa de inflación con un piso en 50% anual, pese a los controles más o menos directos, tarifas congeladas y el dólar maniatado, ya es un mecanismo instalado para que las cuentas fiscales “cierren” pero, además de socavar el poder adquisitivo de trabajadores y cuentapropistas, altera definitivamente los precios relativos, agregando la necesidad de corregir las distorsiones producidas, con más inflación.
También es diferente el punto de partida del sector externo: el balance comercial en un excelente año como 2021 mostró un superávit de US$ 16 mil millones y, aun así, las reservas bajaron. No alcanza un resultado como ese, pero este año, con importaciones que crecerán por la explosión de los precios energéticos y un clima menos favorable, se deberá agudizar el ingenio para conseguir los dólares que hacen falta. Con la economía habiendo recuperado la casi totalidad de la caída del fatídico 2020 pero todavía lejos de los picos anteriores, se demandarán también más dólares para sostener dicho ritmo de crecimiento o se deberá racionalizar la compra de insumos y alterar así el flujo de la cadena de producción. Como se ve, otro dilema de hierro que ni siquiera cuenta con la demanda de divisas para pagar lo que se pudo patear para más adelante.
A propósito del brusco cambio en los precios del gas y del petróleo, se actualizó una discusión que muchas veces acude a números extremos pero que escapan a otra solución realizable: el punto de equilibrio en las cuentas de las empresas de servicios públicos, con tarifas intervenidas políticamente. Aun respetando la postura de quienes marcan en este aspecto su carácter social, existen tratados y literatura acumulada para mostrar los costos y los beneficios en la fijación de precios. Pero la emboscada que el escenario proyectado de 2022 tendió al facilismo de “energía para todos” es letal: continuar depreciando las tarifas por debajo de la inflación (como ocurre desde 2018) implica un gasto creciente porque los costos operativos se fueron por las nubes y también lo golpeó en el costado externo con necesidades de importación para una caja vacía.
Esto plantea un desafío mayúsculo simplemente para no desbarrancar, ni siquiera para pensar en un plan de crecimiento a largo plazo. Efectivamente, como pedían los cultores de la “economía popular”, ante estas amenazas el Fondo deberá esperar. Un nuevo secreto a voces.
