La reciente difusión de la situación de pobreza de la niñez, menores de hasta 17 años, del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina nos indica que el 61,6% de estos niños son pobres. Éste es el nivel más alto registrado e indica la mayor vulnerabilidad de niñas, niños y adolescentes frente a la pobreza. La cifra es impactante, porque que seis de cada diez niños en Argentina sean pobres indica la gravedad de la situación, que registra un aumento sostenido desde 2006, según la responsable del seguimiento del Observatorio, a pesar de los programas de apoyo económico como la Asignación Universal por Hijo, la Tarjeta Alimentar y la IFE, que solo impidieron que aumentara la indigencia, pero no la pobreza. Y señala que “tienen un efecto positivo pero limitado”. Un aspecto muy importante es cómo creció el número de beneficiarios de estos planes sociales a nuevos sectores como los medios bajos, que ahora no logran cubrir necesidades básicas especialmente en el rubro alimentación debido al aumento exponencial de los alimentos por la inflación descontrolada que padecemos. Un hecho interesante es que se estudió en los últimos diez años cómo la tasa de pobreza aumentó al igual que el gasto social del Gobierno en relación con el PBI. Lamentablemente, la observación demuestra que el crecimiento del gasto social del Gobierno no alcanza ya que sigue aumentando la cantidad de personas que se suman a necesitar ayuda, por lo tanto el gasto social del Gobierno queda atrás y no logra alcanzar a todos los que lo necesitan.
Un análisis sobre la variación del índice de indigencia y de pobreza en base a una persona adulta y en relación con tres tipos de familias: una de tres personas adultas, una de cuatro personas, dos adultas y dos niños, y otra de cinco personas, dos adultas y tres niños, verificándose cómo crece el valor de la canasta básica total para la línea de pobreza, y de indigencia. Mientras, la línea de pobreza crece en un 50% en los casos de familias con niños en relación con las familias solo de adultos, hecho que se reproduce en ambos indicadores de indigencia y de pobreza. Las medidas recientes de devaluación del peso y su impacto en el aumento de los precios, especialmente de los alimentos, van a agravar la situación en el próximo semestre. Esto es algo que nos debe preocupar y obliga a que se tomen medidas urgentes para disminuir este impacto negativo en la niñez. Algo que no parece que ocurra entre quienes tienen responsabilidad actual y aspiran a tener en el futuro para regir las políticas públicas. En un año o período electoral con próximas elecciones para ocupar la presidencia de la Nación, las propuestas de protección y cuidado de la niñez son claves. Y si bien están ligadas a las decisiones y propuestas económicas, tienen un fuerte componente político, que implica el interés y la prioridad dada a la infancia, que se vinculan a las políticas de educación y salud, pero que son específicas.
Frente a esto, un peligro es el uso de clichés y no verdaderas políticas. Ahora los clichés no tienen ningún valor si no se acompañan de definiciones específicas de políticas que se orientan a responder a necesidades muy concretas. Me refiero, por ejemplo, a políticas para disminuir el hambre que experimentan niñas, niños y adolescentes que viven en hogares bajo la línea de indigencia y de pobreza. Esto requiere se explicite la batería de medidas concretas en distintos campos que proponen, desde los programas de suplementación alimentaria, el control de precios de los alimentos básicos con políticas de impuestos específicas u otras, además de programas de atención primaria de salud de control de crecimiento infantil. No son medidas aisladas, deben integrar una política explícita. ¡Necesitamos que de esto hablen los candidatos!
