Ante las declaraciones del flamante ministro de Salud acerca del aborto, que inmediatamente fueron desautorizadas por el jefe de Gabinete por “no estar en la agenda”, es necesario aclarar que el ministro tiene razón. Respecto de que no está en agenda, todos los argentinos nos dimos cuenta de eso cuando la Presidenta el domingo se refirió ampliamente a los logros en salud sin mencionar las muertes maternas. Algo explicable porque se refirió sólo a los éxitos y, como no disminuyeron esas muertes, no hubo éxito. Sin embargo, considero lamentable que la agenda del Poder Ejecutivo Nacional no incluya la enfermedad y la muerte de mujeres y niñas por ser madres, sin hacer una reflexión acerca de por qué ocurre esto y explicar por qué no se hizo lo que había que hacer, o simplemente decir que ahora se iba a enfrentar esto.
El ministro Daniel Gollán, como sanitarista, reconoció el problema de salud pública que constituyen las muertes maternas, en su mayoría evitables y debidas a abortos clandestinos, por eso lo mencionó. El sabe que es un problema que debe encarar. Pero, al igual que en 2010 con el ex ministro Manzur, cuando dijo que aprobaría el protocolo de atención del aborto no punible y fue rápidamente desautorizado, ahora volvió a ocurrir lo mismo. La realidad es que ningún ministro de Salud puede ignorar que Argentina no disminuyó a 1,3 muertes maternas por 10 mil nacidos vivos en 2015 como se comprometió en Naciones Unidas. Según los últimos datos del Ministerio de Salud de la Nación, mueren 3,2 mujeres por causas maternas cada 10 mil nacidos vivos. Esta cifra en realidad no refleja bien la realidad, porque el subregistro de muertes por aborto es mayor. En la Ciudad de Buenos Aires en 2010, cuando se estudió esto, se evidenció que por cada muerte por aborto hay dos no registradas, por tanto presumimos que en otras provincias el subregistro es mayor y, en consecuencia, las mujeres que mueren por complicaciones del aborto son más. Esto se corresponde con las aproximadamente 60 mil mujeres que egresan por año en hospitales públicos por internaciones debidas a complicaciones del aborto.
Por todo esto, el ministro Gollán sabe que el aborto enferma o mata cuando es “clandestino”; si no, es una práctica de bajo riesgo. También sabe que el producido con medicamentos tiene mucho menor riesgo de enfermar o morir. Por eso habló del modelo uruguayo, que usa medicamentos. El ministro también sabe que desde 1921 el aborto es legal en caso de riesgo para la salud o la vida de la madre y en casos de violación, lo que fue reiterado en marzo de 2013 por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Y que el protocolo elaborado por el Ministerio desde 2006 y revisado en 2010 de atención del aborto permitido por la ley debe ser aprobado por resolución ministerial, y debe ser acordada su aplicación con las provincias para que se beneficien todas las mujeres. Sin eso, las mujeres y niñas pueden acceder a este derecho sólo en ocho de las 24 provincias, algo inaceptable para un derecho humano.
Entonces, el ministro de Salud debe hacer cumplir la ley, que es el Código Penal vigente desde 1921, y no pueden decir “no está en agenda”, porque si no incumple sus deberes de funcionario público. Todas las personas y organizaciones que luchamos por la defensa de los derechos de las mujeres, y especialmente el derecho a la salud y a la vida, vamos a apoyar al ministro Gollán, y no podemos creer que el resto del Poder Ejecutivo no lo haga, ya que es la vida y la salud de las mujeres y también de sus familias.
Si no está en la agenda del Gobierno la discusión de una nueva ley en el Congreso, lo lamentamos, porque es una deuda de la democracia; seguiremos trabajando para que esté. Pero, mientras tanto, ¡no podemos aceptar que muera una mujer o niña más!
*Presidenta de Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM).
