Dicen los que lo conocieron en esos años, y estuvieron muy cerca del proceso que comandó, que se trata de una mente brillante. Que deslumbraba con su conocimiento casi obsesivo de los más recónditos escondites del gasto público. Que sabía con exactitud dónde avanzar para reformar el Estado, en aquellos días de fines de los 80 y comienzos de los 90. Y que hizo escuela entre los conocedores de la administración pública de alto vuelo por una jurisprudencia política-económica-fiscal-ejecutiva que quedó en la memoria de toda la clase dirigente argenta. Roberto José Dromi es abogado, especialista en derecho administrativo y miembro del Partido Justicialista desde siempre. Carlos Menem lo nombra ministro de Obras y Servicios Públicos desde el comienzo de su gestión, en 1989, por recomendación del peronismo renovador de Antonio Cafiero, movimiento ya aliado al riojano una vez electo presidente. Duró hasta 1991, cuando tuvo que renunciar por denuncias públicas de corrupciones varias. Pero en ese lapso logró lo que con los años se convirtió en la envidia de todos los gobiernos locales, coincidan o no con su ideología.
Dromi fue quien convenció (no le costó mucho) a Carlos Menem para que las grandes decisiones de comienzo de gestión que debían pasar inevitablemente por el Congreso Nacional, donde además el gobierno entrante tenía serias dificultades para conseguir mayorías legislativas, no lo hicieran. Más si lo que debía aprobarse eran reformas radicalizadas de la realidad económica argentina, base para el verdadero cambio de régimen que el menemismo quería impulsar en aquellos días de fines del 89. Y que no habían formado parte ni de la campaña electoral ni mucho menos de la historia del justicialismo en el poder. Dromi recibió el visto bueno del ya presidente asumido y se puso a trabajar en su estrategia, pensada incluso desde antes de que lo nombraran. Esta se basaba en una premisa: para tener éxito en los cambios profundos que Menem quería impulsar y que se basaban en desconocer la historia misma del movimiento justicialista, el Congreso debía tratar las reformas de manera global, en un solo proyecto (o dos), con negociaciones políticas personales con gobernadores y referentes políticos regionales (a cambio de promesas futuras de favores sin precisiones) y reclamando el derecho a las nuevas normas en la crisis terminal vivida en esos días de crisis casi pos-hiperinflacionarios (vendría otro proceso más, con las leyes aprobadas) y en la necesidad de armar un nuevo régimen. Se redactaron así dos leyes “ómnibus” denominadas pomposamente como Reforma del Estado y Emergencia Económica, con las que, a dúo, Carlos Menem concretó su gesta hasta el final de su gestión, en diciembre del 99. Ambas leyes se aprobaron finalmente el 17 de agosto de 1989, se promulgaron el 18 de agosto del 89 y se publicaron el 23 de agosto del 89. Con estas leyes, Menem pudo aplicar el Plan Bonex, privatizar, cerrar reparticiones públicas, vender inmuebles del Estado, negociar con el FMI, tomar deuda, cerrar ramales ferroviarios y, más tarde, aplicar la convertibilidad. En consecuencia, aquella estrategia de Dromi forjó el gobierno del menemismo originario, justificado en que no había tiempo ni económico ni político para discutir durante meses las reformas necesarias, especialmente las privatizaciones, convertidas en el hit de esos tiempos bajo la justificación del propio ministro asegurando que la venta de empresas públicas “tenía varios objetivos. Uno era obtener recursos para paliar el déficit fiscal y poder equilibrar el presupuesto del Estado, porque con eso era posible un mecanismo de convertibilidad. Otro era dar eficiencia a los servicios públicos”.
Muchos años después, Argentina parece haber llegado al mismo lugar. Javier Milei sabe que tiene pocas balas para jugarse y que debe, sí o sí, convencer al público en general y a los operadores económicos en particular, de que sabe, quiere y puede lograr el equilibrio fiscal y la eficiencia del Estado. Y por esto piensa recurrir a la misma experiencia de Dromi y dominar el tiempo y la oportunidad de ejecutar las reformas soñadas en un solo proyecto de ley bajo la característica que aplicó Carlos Menem con el diseño exclusivo de su ministro y que tuvieron un éxito irrepetible en los años de la democracia moderna. Hasta ahora. Se sabrá.
Ese proyecto “ómnibus” que Milei y su gente tienen en mente incluiría la reforma de la carta orgánica del Banco Central, la suba de tarifas de servicios públicos y su modificación conceptual, liberación de precios controlados por el Estado nacional (combustibles, energía), privatización y reforma de empresas públicas, posibilidad de suspensión de transferencias no automáticas a provincias, congelamiento de obras públicas y posibilidad de su reemplazo por inversiones privadas directas, habilitaciones de ajustes múltiples en el Estado incluyendo movilizaciones laborales internas, suspensiones y eventuales despidos, el blanqueo de capitales y la autorización de emisión y canje de deuda (plan Leliq). Todo esto, entre otros capítulos.
Es una ley que aún no tiene nombre, pero que apunta a una contracción de más del 25% del gasto público global; con lo que Milei, si se aprobara en su totalidad, lograría una reducción del déficit fiscal del proyectado 3% de este año (la meta con el FMI era del 1,9%) a un equilibrio fiscal. Sin embargo, en el nuevo rol de presidente electo flexible a los cambios y a las negociaciones, se supone que las ideas primarias podrían discutirse en el Congreso para su aprobación, pero siempre bajo la premisa de búsqueda de la meta innegociable (quizá la única) del equilibrio fiscal primario en 2024. Se considera que la estrategia gradualista de Mauricio Macri de 2016 fue fallida y que se debe ejecutar una política de shock. El propio macrismo coincide en esto.
Y se cree fervientemente en que el “ómnibus” de Dromi es la estrategia adecuada. El propio expresidente, en algún momento, calificó del prócer al exministro del primer menemismo.
