“Ya lo sabíamos”, confiesa, con indisimulada satisfacción, una voz del oficialismo al referirse al procesamiento de Mauricio Macri ordenado por el juez federal Norberto Oyarbide. Macri también lo sabía, aun cuando albergaba la esperanza de algún milagro. Los duros cargos imputados por el juez –asociación ilícita, falsedad de documento público, intercepción de llamadas telefónicas y abuso de autoridad– han pasado a convertirse en una pesada mochila que amenaza con afectar el presente y el futuro político del jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Desde el punto de vista judicial, lo que más lo complica son las escuchas realizadas sobre su cuñado, Leonardo, envuelto en una reyerta familiar con su padre Franco Macri.
Para Mauricio Macri el impacto político es fuerte. “Es el precio a su soberbia y a no querer escuchar a todos los que le desaconsejábamos el nombramiento del comisario Palacios como jefe de la Policía Metropolitana”, afirma alguien del interior del PRO que supo formar parte del Gobierno municipal.
Hoy por hoy, no están dadas las condiciones para avanzar con un juicio político en contra del jefe de Gobierno porteño. Las cosas, en cambio, se modificarían abismalmente si la Cámara Federal confirmara el dictamen del juez Oyarbide. En ese caso, el sostenimiento de Macri sería muy difícil; y aun cuando pudiera frenar el juicio político, lo cierto es que un fallo adverso de la Cámara dañaría severamente sus aspiraciones presidenciales. Esto es precisamente lo que más le interesa al matrimonio presidencial. Es más, en la Babel de Olivos se ilusionan con que, al menos, el proceso de la apelación demore largos meses y se termine de dilucidar recién bastante avanzado el 2011. Esto dejaría al jefe de Gobierno fuera de juego. Llevar adelante una campaña presidencial en condición de procesado sería un handicap que el kirchnerismo no desaprovecharía.
En lo relativo al juicio político, hay que recordar que es un proceso distinto a un caso judicial. En el juicio político, lo que se evalúan son responsabilidades políticas en relación con hechos que comprometen la conducta del funcionario en cuestión. Y está claro que el empecinamiento de Mauricio Macri en sostener al comisario Palacios fue un desatino político mayúsculo.
Del juez Norberto Oyarbide y de las sospechas permanentes que generan sus conductas está casi todo dicho. En este contexto, hubo mucha especulación alrededor de la entrevista que tuvo con un enviado de un candidato presidencial del peronismo disidente. Muchos creyeron ver en esto una movida del juez para otear el horizonte político en pos de un eventual resguardo. Lo que ocurrió, en realidad, fue que el enviado llevó como misión el intento del candidato por socorrer a Macri. Su fracaso fue rotundo. Por otro lado, el Dr. Oyarbide viene llevando adelante casos que inquietan al kirchnerismo: uno fue el del supuesto enriquecimiento ilícito del matrimonio presidencial, en el que el juez se apresuró a dictar un cuestionado sobreseimiento que podría ser revocado en el futuro invocando razones de “fraude procesal”; otro es el de los medicamentos “truchos” y los aportes a la campaña hechos por personajes y empresas comprometidas en esa deleznable operatoria. En relación a este caso, dos datos para tener en cuenta: en la causa por los medicamentos “truchos” la aparición de Gabriel Brito promete complicar al oficialismo. La declaración hecha desde la cárcel a la revista Noticias por el secretario general de la Asociación Bancaria, Juan José Zanola –“Néstor Kirchner me manda mensajes de apoyo”– ha inquietado a varios en el Gobierno. Para unos, tales dichos dan una idea de su cercanía con el poder; para otros, tienen el valor de una advertencia.
Un párrafo para el escándalo por el supuesto pago de coimas en la venta de maquinaria agrícola desde la Argentina a Venezuela. Los testimonios de los que se quedaron afuera del negocio son de una precisión manifiesta cuando hablan de lo inusual del porcentaje pedido por la intermediaria –Palmat– y de la cobertura legal que se le terminó de dar a la operación que todos consideraban como una coima. El miedo que tienen de hablar estos empresarios sigue siendo enorme. Quienes aseveran haber visto la declaración prestada ante el fiscal Edgardo Pollicita por el presidente de la Cámara de Fabricantes de Maquinaria Agrícola (Cafma), Dr. José María Alustiza, coinciden en señalar la cantidad de veces en que el declarante contestó “no me acuerdo”.
Nada de esto detiene al matrimonio presidencial en su plan de retener el poder político y generar bienestar a sus amigos. Las adjudicaciones de obras públicas al ex empleado del Banco de Santa Cruz devenido en empresario multimillonario, Lázaro Báez, es una muestra de ello. Los nuevos emprendimientos de Cristóbal López, también.
En una jugada de neto corte kirchnerista, la Presidenta anunció, en la semana que pasó, el plan de desendeudamiento de las provincias. El de las deudas de las provincias con la Nación fue uno de los reclamos que le hicieron a la Dra. Fernández de Kirchner los gobernadores que se reunieron con ella en Olivos. El asunto iba a ser resuelto por una ley que sancionaría el Congreso para darle a este tema una solución institucionalizada que implicaba un severo recorte al poder de discrecionalidad del Poder Ejecutivo. Rápido de reflejos, el matrimonio presidencial advirtió que esto le quitaba el manejo de la caja, algo que no está dispuesto a ceder ni por un milímetro. De allí el sorpresivo anuncio del lunes pasado que puso alegría en los agobiados ánimos de muchos mandatarios provinciales. El análisis de las encuestas muestra claramente cómo, al día de hoy, hay un crecimiento escaso pero cierto de Néstor Kirchner. Las encuestas también muestran que, si se toma a la oposición en conjunto, las posibilidades de triunfo del oficialismo se reducen notablemente. Pero el tema es que la oposición hoy dista de ser un conjunto. Y es esta condición la que aumenta las chances de victoria y alegra el corazón del ex presidente en funciones.
Producción periodística: Guido Baistrocchi.
