martes 22 de junio de 2021
COLUMNISTAS DESDE GINEBRA
03-06-2021 10:28

El régimen de Nicaragua aumenta la represión al iniciarse la campaña presidencial

Ocho de los nueve hijos del matrimonio presidencial nicaragüense de Daniel Ortega y Rosario Murillo, manejan las riendas en la sombras del sistema autoritario que gobierna el país desde el 2006, y busca perpetuarse.

03-06-2021 10:28

Expertos independientes mandatados por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, exhortaron a las autoridades de Nicaragua a cesar los crecientes ataques y detenciones arbitrarias en contra de defensoras y defensores de derechos humanos, reza un comunicado conjunto difundido en Ginebra por los Relatores Especiales que defienden a las oeneges, y los derechos a la reunión pacífica, la salud física y mental, la discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de genero, y contra la tortura.

El reclamo coincide con la detención bajo presuntas imputaciones de lavado de dinero de la candidata presidencial Cristiana Chamorro, la de mayor peso en el arco opositor al matrimonio de Daniel Ortega-Rosario Murillo que detenta el poder político, con el evidente propósito de apartarla de la campaña electoral, de cara a las elecciones presidenciales de noviembre próximo. 

Estas oleadas de detenciones y ataques por parte de las fuerzas de seguridad del Estado se ha desencadenado en el marco del tercer aniversario de las manifestaciones contra las reformas al sistema de seguridad social, la falta de respuesta estatal al incendio en la Reserva Natural Indio Maíz, tratando de sofocar la revuelta popular. El aniversario del 18 de abril de 2018 ha sido a menudo un punto álgido, que ha representado un incremento en la represión, explica la ONU.

Michelle Bachelet volvió a pedirle al gobierno de Nicaragua que libere a los prisioneros de opinión

"Nicaragua no debe criminalizar prácticas legítimas como la participación en protestas pacíficas, especialmente si las personas defensoras se enfrentan a una detención prolongada", declaró Mary Lawlor, Relatora Especial de la ONU sobre la situación de los defensores y defensoras de derechos humanos, una de las expertas en presentar el llamado de alerta. "El Estado debe abstenerse de iniciar procesos penales basados en acusaciones genéricas o desproporcionadas", como han sido también los casos de Celia Cruz y John Christopher Cerna Zúñiga, que además habrían sufrido malos tratos en prisión, puso de manifiesto Mary Lawlor.

En efecto, pruebas recogidas por denuncias presentadas en la ONU, indican que Celia Cruz, mujer trans y defensora de derechos humanos, fue detenida el 21 de abril de 2020 tras una serie de incidentes con las fuerzas de seguridad durante el aniversario de protestas en Ometepe. A pesar de su identidad de género, a Celia Cruz se la hacinó en una prisión exclusivamente para hombres, lo que la expuso a agresiones sexuales y violencia verbal. Recién fue liberada el 25 de abril de 2021, al cabo de un año de detención.

En cuanto a John Christopher Cerna Zúñiga, líder estudiantil y defensor de derechos humanos, fue detenido el 20 de febrero de 2020 y luego sentenciado a 12 años de prisión por el supuesto delito de “tráfico de estupefacientes”. Cerna Zuñiga rechazó la acusación. Alegó que estaría exclusivamente relacionada con su tarea en defensa de los derechos humanos, de acuerdo a lo que pudo recoger la ONU en fuentes que viven en Nicaragua.

En ambos casos, la ONU afirma que la defensora y el defensor habrían sufrido en cautiverio malos tratos, agresiones físicas, verbales y sexuales y falta de acceso a medicamentos y servicios médicos básicos. Estos Relatores del Consejo de Derechos Humanos de la ONU denuncian asimismo que las personas que protestan contra el gobierno habrían sido recluidas en celdas de máxima seguridad con mayor vigilancia, registros y aislamiento.

Cabe recordar, consignan estos expertos, que las defensoras y defensores de derechos humanos en Nicaragua siguen buscando verdad, justicia y reparación para las personas asesinadas durante las protestas de 2018. Enfatizaron que las autoridades de Nicaragua deben redoblar esfuerzos para garantizar el derecho a la reunión pacífica y el derecho a defender derechos, especialmente en el marco de las elecciones generales previstas para noviembre venidero. “La labor de las personas defensoras es más esencial que nunca. Su papel en la protección de los derechos humanos y la asistencia a las poblaciones vulnerables debe ser protegido, no socavado", finalizó Mary Lawlor.

(*) Desde Ginebra