Las portadas de los periódicos y los canales informativos se llenaron de nuevo en estas horas de noticias sobre presuntos actos de corrupción en los gobiernos kirchneristas. Una cuestión en particular es el pedido de desafuero de Julio De Vido, exministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios durante los doce años K, y hoy diputado, por unos supuestos desvíos de fondos en Yacimientos Carboníferos Río Turbio. Si bien De Vido no es candidato, obviamente en las menciones jamás se lo deja de vincular a la letra K. También aparece una actualización de las causas que afectan a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, y en particular una factura en donde aparece un extraño alquiler a los amenities de un edificio.
Una pregunta clave es cuanto afecta estas “nuevas” situaciones a la candidatura de CFK a la cabeza de la lista de senadores por Unidad Ciudadana. Una pregunta previa (que nunca tendrá respuesta) es cuánto de estas acciones judiciales se enmarcan en el normal trámite de los procesos de la justicia y cuánto en un apuro circunstancial para embarrar la cancha. Quien pide por el desafuero en estos momentos debe estar descontando una rotunda negativa del cuerpo de diputados –se necesitan dos tercios de los miembros para poner a un diputado a disposición de un juez según el artículo 70° de la CN-, no sólo por la composición de la Cámara, sino por el “luego vendrán por nosotros”.
Volviendo a la pregunta inicial, se puede considerar que el efecto de la causas judiciales sobre la candidatura de CFK es nulo en cuanto al núcleo duro de sus votantes (aproximadamente un 20-25%), pero sí puede llegar a afectar al votante flotante, aquel que muta de elección en elección, quizás hoy decepcionado o enojado con el Gobierno Nacional y que busca la ocasión de la elección legislativa para enviar un mensaje a Mauricio Macri. También ejerce presión sobre la propia candidata que además de establecer su estrategia de campaña, y cuidar la coherencia de un espacio político en reconstrucción, ahora tiene que ocuparse de las respuestas, tanto para los medios como ante eventuales requerimientos de los jueces. Finalmente habría que estar atento al contraargumento de la persecución política, pues si bien no existe nada que se parezca a unos “fueros de campaña”, la elaboración de una percepción de que se busca una proscripción simbólica podría afectar más al oficialismo, que los posibles casos de corrupción al otrora oficialismo.
(*) sociólogo (Twitter @cfdeangelis)
