Mucho se ha dicho en estas últimas semanas acerca del costo de mantener un INDEC intervenido por la Secretaría de Comercio, y por lo tanto, carente de toda credibilidad, y capaz de ignorar la verdadera inflación que padecemos los argentinos.
Desde el oficialismo, en voz baja, dicen que se están ahorrando muchos miles de dólares por la menor indexación en los bonos ajustables por inflación. Pero esto no es tan claro. En primer lugar, no debe descartarse que en un futuro cercano una Justicia más independiente revise los cálculos, y decida que se deben tomar otros índices para calcular esos cupones, y aparezca una deuda nueva, como fue con el caso de los jubilados.
Además, al cálculo del “ahorro” (en realidad, estafa) debemos ajustarlo por lo efectivamente abonado y no lo devengado, y restarle lo que el Gobierno tiene en su propio poder de esos bonos. Con esos ajustes, lo que el Gobierno deja de pagar a terceros puede estar en el orden de los US$ 500 millones al año.
Esa cifra es equivalente a lo que el Gobierno ha pagado de más en intereses en estos tres años, por el desprestigio generado por la intervención en el INDEC en enero de 2007.
Si analizamos el gráfico adjunto se puede comprobar que, en ese enero, el riesgo país de Brasil y el nuestro estaban en el mismo nivel, un poco por debajo de los 200 puntos. Desde entonces, el de la Argentina se incrementó varias veces, y hoy casi cuatriplica al de Brasil. Ese diferencial de tasas de rendimiento de nuestros bonos le ha costado al país pagar mayores intereses cada vez que captaba nueva deuda, y también al sector privado. Por ejemplo, el famoso 15% pagado a Chávez hubiera sido un 10% si la Argentina hubiera mantenido el mismo riesgo país que Brasil, evitando los errores que se cometieron a partir del año 2007.
Pero la cuenta no termina ahí. Al subestimar la inflación se sobreestima el crecimiento económico de los servicios, ya que éstos se calculan en valores monetarios, y se deflactan por el índice oficial. De acuerdo con el mismo INDEC, en el 2008, mientras el PBI de Bienes creció el 2,9%, ¡el de Servicios lo hizo en 8,2%! Y en 2009 la diferencia es aun mayor. Esa sobreestimación del crecimiento en 2008 ha provocado un quebranto para el Estado por el pago del cupón atado al PBI, de varios cientos de millones de dólares.
Consecuentemente, la burla del INDEC ni siquiera ha servido para generarle una renta efectiva, aunque fraudulenta, a este gobierno.
Pero el gran perjuicio es otro.
El daño causado por la intervención en el INDEC es mucho mayor. No sólo significa un atropello a los derechos básicos de las personas, que incluyen el de estar bien informadas, y un tremendo atentado contra los derechos de los trabajadores del organismo, maltratados por la patota interventora. También constituye un enorme limitante a la política económica vigente.
En los últimos veinte años, el mundo ha erradicado la inflación en la mayoría de los países mediante diversas políticas que podrían englobarse, más allá de las diferencias específicas, bajo el nombre de “metas de inflación”.
La lógica básica de este enfoque es la de reducir gradualmente las expectativas de inflación, conduciendo armoniosamente las tasas de incrementos de salarios, de tarifas, y las variables monetarias y cambiarias. Así se ha superado la alternativa ortodoxa o monetarista de frenar bruscamente la inflación con cepos monetarios y/o cambiarios, que generaban recesión, y especialmente mayores costos a los sectores más desprotegidos de la economía.
La Argentina ha sido, lamentablemente, un campo experimental de estas políticas monetaristas desde los años 70 hasta la frustrada experiencia de la convertibilidad, y es una de las explicaciones del brutal incremento de la pobreza y la desigualdad. La otra gran explicación ha sido el mantener niveles de inflación insostenibles.
Pero muchos países han controlado últimamente la inflación sin caer en remedios recesivos, ni tener que someter al pueblo al impuesto inflacionario, como el que hoy están pagando los que viven de ingresos fijos en la Argentina.
Entre estos países podemos citar a Chile, a Perú, a Canadá, a Israel, a Nueva Zelanda y hasta a Inglaterra. Brasil es un caso especial, porque utilizó esta política, pero estableció metas demasiado ambiciosas, que generaron un menor crecimiento durante unos años.
¿Cómo funcionaría esto en la Argentina?
Hoy, en la Argentina, prevalece una expectativa de inflación del 25%, según los últimos sondeos de la Universidad Di Tella. Esto alimenta muy justificados reclamos salariales en ese orden, y provoca y justifica comportamientos empresarios que convalidan esas expectativas.
El Gobierno puede tratar de moderar esa inflación silenciosamente, demorando el ritmo de devaluación, y aceptando una apreciación del peso, y demorando ajustes en las tarifas, pero ninguna de estas medidas será exitosa, ni podrán mantenerse por mucho tiempo.
Y como nadie instrumenta una política antiinflacionaria explícita, los agentes económicos van adaptando su comportamiento a las nuevas expectativas; se quiere ajustar salarios cada tres meses, se acortan los plazos de pago, aumenta la velocidad de circulación del dinero, todo lo cual acelera la inflación.
Y de la inflación en el Gobierno no se habla, porque hacerlo significa admitir que el 9,5% del INDEC es mentira.
Si el INDEC nos dijera la verdad, el ministro de Economía podría plantearse el objetivo de lograr una inflación del 20% en 2010, y una del 15% en 2011. Estos índices podrían lograrse, ya que los desequilibrios fiscales y sus consecuencias monetarias no justifican más inflación, por ahora. Y sobre la base de esos valores se podrían conducir y monitorear las principales variables y precios de la economía, frenando la inflación sin enfriar la economía, y estimulando la inversión.
