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reglamentaciones y estado de bienestar

El voluntarismo se hizo ley... de prepagas

En el mejor de los casos, la nueva regulación será de aplicación imposible. Se encarecerá la cuenta que pagan los usuarios. Cómo intervenir en un mercado en el que el médico monopoliza las decisiones.

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El kirchenerismo, junto a la UCR, acaban de convertir en ley un nuevo marco regulatorio para el mercado voluntario de la medicina prepaga. Llama la atención que, en medio del escándalo que atraviesa al sistema de salud obligatorio que manejan las agrupaciones sindicales –con medicamentos truchos, financiación a la campaña política del oficialismo, estafa con la administración de programas especiales, gerenciadores en manos de parientes y amigos, problemas serios de calidad de atención en algunos gremios (hay excepciones, justo es marcarlo), y otras cuestiones–, los legisladores hayan puesto el énfasis en el reducido y voluntario segmento de los seguros de salud privados.
Será éste un “olvido” sobre el que pondrán atención, espero, en un futuro cercano.
Mientras tanto, se han encargado de regular el segmento menos importante del sistema, relacionado con el seguro voluntario de salud.

Los legisladores han puesto de manifiesto un nuevo capítulo del voluntarismo populista que caracteriza a gran parte de la normativa correspondiente al Estado de Bienestar vernáculo.
Es aceptable, e inclusive imprescindible, que el Estado regule e intervenga en ambientes (por no decirle “mercado” a la salud, así no se ofende nadie) en los que existe una clara asimetría de información y poder entre quienes ofrecen el servicio y quienes lo reciben. En temas de salud, el poder, por definición, lo tiene siempre el oferente. Si yo entro a un negocio a comprar una corbata y quiero una de color rojo y en torno a un valor de $ 300, demandaré ese producto y, si me ofrecen alternativas, la decisión final será mía.

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En cambio, en cuánto me siento en el consultorio del médico, estoy en sus manos. El “decide”, en general, cuántos análisis y radiografías necesito, y yo no puedo discutir ni argumentar en contra. Es una relación basada en la confianza, el respeto, la reputación. En el contrato con un servicio médico, mi capacidad de analizar y evaluar cuál es mejor y qué precio pagar, es limitada.
Es allí donde se justifica un marco regulatorio que me “ayude” a entender el contrato, que me advierta de mis márgenes de decisión y que, eventualmente, me “proteja” de situaciones derivadas de esa falta de información o del hecho de que el seguro que estoy pagando me brinde, en caso de necesitarlo, el servicio que me prometió en las condiciones en que fue contratado, y que haya un sistema que me cubra en caso de quiebra del prestador.
Pero lo que se ha regulado esta semana o tiende a “uniformar” mal el producto, sin dejar opción al cliente para decidir en lo único que puede decidir –qué costos y qué riesgos está dispuesto a tomar–, o avanza sobre temas que serán de imposible aplicación.

Permítanme usar el ejemplo del seguro de automóviles, salvando las distancias. La ley limita, ahora, la posibilidad de que contrate un seguro “contra terceros” o un “seguro contra todo riesgo”: me obliga a tomar el seguro más caro. Además permite asegurar un auto contra robo una vez que me ha sido robado. Es decir, contratar un seguro de salud que me cubra una enfermedad “costosa de curar” una vez que contraje la enfermedad.
Como usted se da cuenta, si una compañía de seguros de autos estuviera obligada a asegurar un robo que ya se produjo, quebraría, o el costo del seguro sería enorme o, finalmente, encontraría la vuelta para evitar esta situación.
Todos son temas que o terminan encareciendo fuertemente el servicio, o terminan quebrando el sistema, o terminan siendo eludidos, de alguna manera, ya sea por la “reglamentación”, ya sea de forma menos transparente.

Gran parte de la política argentina, en lugar de evaluar técnicamente los temas, ver la experiencia internacional reciente, estudiar las consecuencias, consultar a expertos, debatir amplia y seriamente, se encargaron de sancionar una ley que, en el mejor de los casos, terminará por fracasar. O hará desaparecer el segmento voluntario de los seguros de salud y, en el medio, como seguramente sucederá, generará conflictos crecientes, encarecimiento, parches regulatorios, o surgirán alternativas en las que el servicio se prestará de otra manera, fuera del marco actual.
En síntesis, como muchas otras veces: hecha la ley, hecha la nada.