Henrique Capriles, el candidato de la oposición venezolana, impugnó ante el Superior Tribunal de Justicia las elecciones presidenciales del 14 de abril de 2013. Lo hizo porque el proceso electoral estuvo viciado desde su comienzo por el ventajismo que ejerció el gobierno chavista y por las irregularidades acontecidas en los comicios.
El ventajismo electoral cundió con el uso de los recursos del Estado para los gastos de campaña y el aumento de las prebendas, las donaciones y la inauguración de obras. Se manipularon los medios de comunicación, con sus espacios y cadenas oficiales, para transmitir propaganda chavista, mientras se ignoraba y descalificaba la candidatura de Capriles y se intimidaba a los medios independientes. Ni el CNE ni la Contraloría General sancionaron tal violación a la Constitución y leyes electorales.
El día de la votación, el comando de Capriles y varias organizaciones independientes identificaron numerosas y cruciales irregularidades. Entre las más significativas, se encuentran la presencia de chavistas en más de mil centros de votación intimidando a votantes o asistiéndolos en el acto de votar. La expulsión de testigos se reportó en más de 700 centros de votación –facilitando el voto asistido e impidiendo a la oposición vigilar la votación, la transmisión de datos y la auditoría poselectoral–. Se reportaron numerosos casos en que el acta de votación mostraba más votantes que los registrados en el cuaderno de votación (padrón de mesa), al igual que numerosos incidentes de incumplimiento de procedimientos, violencia y obstrucción de la auditoría. Incluso, el registro electoral no estaba auditado desde 2008 y contenía unos 50 mil votantes extra.
Otras importantes irregularidades fueron la inusitada rapidez con que se proclamó y se juramentó a Maduro, acompañado por un reconocimiento prematuro de los países de la Unasur y del Alba, así como la ausencia de auténticas misiones de observación electoral como las de la OEA o la Unión Europea. Las misiones de “acompañamiento” de la Unasur no tienen la independencia, el alcance, ni la experiencia de esos organismos.
Por otro lado, hay estudios que sugieren que el sistema tiene bidireccionalidad, o sea que la transmisión de datos no es sólo de las máquinas de votación al centro de totalización, sino que también se puede enviar datos con origen desconocido a las mismas. Además, la prensa informó que, según expertos, existen en el sistema redes internas secretas que permiten saber al comando chavista, en tiempo real, quiénes y cuántos han o no votado, cuántos votos tienen los candidatos, etc.
La seriedad y alcance de tales irregularidades, más el estrecho margen de la supuesta victoria de Maduro (225 mil votos), justifican las exigencias de la oposición de una auditoría rigurosa de las mesas que falta auditar (46%). Sin embargo, las autoridades electorales expresaron que el “resultado es irreversible” y que es imposible hacer una auditoría con los cuadernos de votación (otra irregularidad), cuando los dirigentes chavistas bien saben que eso sí es posible y necesario para una verdadera auditoría. Por ello, la oposición decidió no participar en la auditoría, suspender su reconocimiento de Maduro e impugnar la elección. La mitad del país cuestiona la legitimidad del gobierno.
Ahora el régimen acusa a Capriles de golpista, de incitar a la violencia (lo tildan de “fascista asesino”) y traicionar a la patria; amenaza y encarcela a opositores; niega la palabra y agrede brutalmente a legisladores que no reconocen a Maduro en la Legislatura, y usa una estridente retórica contra el canciller peruano y el secretario general de la OEA por sugerir un diálogo entre venezolanos. Pareciera que el régimen busca así ocultar la falta de electricidad, la inflación, el desabastecimiento y la altísima tasa de homicidios.
El ventajismo y las irregularidades, la negativa de una auditoría apropiada, así como las amenazas y persecución política contra funcionarios y líderes de la oposición, violan flagrantemente la Constitución y las leyes electorales y erosionan el orden democrático. También contravienen las cláusulas democráticas de la Celac, el Mercosur y la Unasur, así como la Carta Democrática de la OEA, incluyendo el compromiso de sus miembros de ejercer, promover y defender colectivamente la democracia. Los gobiernos de la región no deberían ignorar este agravio a la democracia latinoamericana.
*Ex funcionario de la OEA y jefe de varias misiones de observación electoral. Enseña en las universidades de Georgetown y George Washington.
