La dolorosa pérdida de nuestros marinos en el submarino, disparó algunos debates vinculados a un área que la política ha descuidado, desbordada por tantas urgencias que tiene nuestro país. La defensa se ha debatido mucho entre académicos y algunos ex funcionarios, pero no ha sido un tema central ni prioritario de la agenda política. Algunos de sus microdebates pueden haberse agitado en una campaña, pero sin la rigurosidad que requiere su tratamiento.
Para un país cuyas prioridades están vinculados al desarrollo, y que no resolvió aún un modelo que incluya a todos y se sostenga, resulta difícil decidir otorgar una porción de los escasos recursos a un sector como defensa cuando no se perciben amenazas militares.
En búsqueda de sentido, y para no perderlo todo, los 90 le dieron a los militares la oportunidad de resignificarse ante la política como instrumentos de política exterior en las misiones de paz. Argentina fue históricamente el país sudamericano de mayor presencia en la defensa de bienes globales, o de intereses comunes definidos en instancias internacionales, con una muy reconocida labor de sus militares en las Fuerzas de Paz de Naciones Unidas.
Cada vez menos recursos, y medios crecientemente deteriorados –sumado al cuestionamiento de cuáles son los réditos de participar en estas operaciones– las FF.AA. no encuentran maneras de convencer de su necesidad, y aparece la tentación de policializarlas. La seguridad pública es un problema más prioritario en la agenda política y por esa vía, podríamos encontrar recursos y atención.
Este debate, que se da con mayor peso entre académicos, no se termina de resolver, porque nadie está muy dispuesto a abrir la puerta del uso de lo militar en el propio territorio. Aun cuando al final de la administración anterior, se encontró el atajo para hace uso de las FF.AA. en el control del narcotráfico en la frontera, de forma condicionada.
Sin embargo, no hace falta distorsionar roles en la competencia por obtener recursos. A las FF.AA. les alcanza con lo que tienen que hacer.
La triste pérdida de nuestro submarino, nos puede ayudar a este debate. Descubrimos mientras lo buscábamos, que la Argentina en su mar Argentino, no tiene capacidad con la inversión que realiza, de vigilarlo, de conocerlo, de protegerlo ni de defenderlo. Los intereses argentinos en ese mar, la biodiversidad, los recursos pesqueros, los minerales del subsuelo, la proyección a la Antártida, el paso del Sur, son disputados por otros actores. ¿Qué capacidades vamos a construir para defender, proteger, permitir y potenciar el uso de ese territorio en toda su complejidad en favor de los argentinos?
La seguridad pública será de nuestras fuerzas de seguridad y les sobra tarea con lo que pasa en nuestro territorio. Si hubiera alguna amenaza cuyo instrumento de violencia superase la capacidad de defensa de nuestras policías (el uso de un misil), se podrá recurrir al apoyo de quienes pueden darlo (en ese caso las FF.AA.). De la misma manera que si hubiera una pandemia que supera la capacidad de nuestros hospitales, los militares pondrían a disposición sus hospitales móviles y medios para atender la “amenaza”. Todo eso no lo prohíbe ni siquiera la ley actual.
La necesidad de encontrar una razón que justifique la inversión y se sostenga, es de toda la clase política. Una modernización, reforma o reestructuración, no puede hacerlo una administración. Requiere recursos, tiene altos costos (hay tradiciones e inercias que romper) y necesita definir qué intereses vamos a priorizar. Por lo tanto, el submarino, que nos unió a todos en la expectativa de encontrarlo, interpela la posibilidad de que se dé un debate que incluya a los académicos, a todas las fuerzas políticas y los militares que se animen a pensar en clave de siglo XXI.
*Politóloga UCA, especialista en seguridad internacional, defensa e inteligencia.
