Un joven adinerado atropella a una mujer embarazada, la mata y huye. Su padre le ofrece 500 mil dólares al jardinero a cambio de que se haga cargo del hecho, pero el fiscal, tras realizar las primeras pericias, se da cuenta de que éste no es el culpable. Entonces, el abogado que representa a la familia arregla el soborno del funcionario judicial para que limpie la responsabilidad del homicida e incrimine al humilde empleado. El padre es Oscar Martínez; el jardinero, Germán de Silva; el fiscal, Diego Velázquez, y el abogado, Osmar Núñez. La escena de la película Relatos salvajes refleja a la perfección la desconfianza en la Justicia que hoy siente la ciudadanía o, por lo menos, gran parte de ella.
Además de la gravedad institucional que encierra la trágica muerte del fiscal Alberto Nisman, que conmovió no sólo al país sino a la comunidad mundial, las expectativas respecto del avance y resolución del caso sirven también para confirmar ese escepticismo e incluso las sospechas que pesan sobre el funcionamiento del Poder Judicial. Hace algunas horas se conoció el resultado de un estudio realizado por Giacobbe y Asociados en el cual el 60% de los consultados opinó que nunca se conocerá la verdad en esa causa, mientras que un 15% consideró que pasarán “muchos años” para que se revele lo que sucedió en el departamento de las torres Le Parc.
Otro sondeo, de Management & Fit, arrojó entre sus conclusiones que el 69,3% de un millar de encuestados en todo el país cree que el caso quedará impune, mientras que un 60,1% consideró que el proceso no será transparente. La verosimilitud del largometraje de Damián Szifrón y los números de las encuestas son elocuentes y hablan de la crisis de credibilidad que hoy atraviesa a la Justicia.
¿Cómo y por qué se llegó a esta situación? Seguramente algunas respuestas puedan hallarse dentro de la propia estructura del Poder Judicial, aunque la mayoría de ellas se encuentran en los permanentes embates e intromisiones del Poder Ejecutivo. El intento de los gobiernos de turno por influir en la Justicia y las presiones que se ejercen con ese objetivo no es algo nuevo, siempre existieron.
Pero lo cierto es que en los últimos años estas operaciones se profundizaron al punto de lesionar gravemente la independencia que necesita el Poder Judicial para cumplir con el rol que establece nuestra Constitución Nacional. El uso y abuso de las herramientas del Estado para estos fines es muy preocupante.
En este caso, el avasallamiento no sólo se ejerce con la designación de funcionarios con mayores antecedentes en la militancia que en la actividad jurídica, sino también cuando se fustiga a magistrados que dictan fallos adversos a sus intereses. Todo esto, más la necesidad de primicias de los medios de comunicación y los permanentes intentos por embarrar la cancha a favor de intereses políticos electorales, no hace más que acrecentar la incredulidad con que la sociedad argentina observa a la Justicia.
El Poder Judicial debe comenzar a transitar un camino que lo conduzca a recuperar su credibilidad y su función de contralor de los otros dos poderes del Estado. Nuestro sistema republicano y sus instituciones lo necesitan.
Ese rumbo sólo podrá recorrerlo con jueces y fiscales que accedan a la magistratura con una capacitación específica para el cargo, a través de un sistema de selección más equilibrado respecto del poder político y con la plena convicción de que su obligación es ejercer su tarea sin perder de vista sus obligaciones como servidores públicos.
Pero sobre todo conseguirá enderezar su rumbo por esa senda si recupera su independencia y las garantías para investigar con libertad y sin presiones, y si sus fallos son respetados y acatados, más allá de los intereses que toquen.
Sólo así, la Justicia podrá reconciliarse con una ciudadanía que hoy la observa con absoluta desconfianza.
*Rector de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora y presidente del Colegio de Abogados del Departamento Judicial de Lomas de Zamora.
