El “estado de excepción” –la suspensión provisional y extraordinaria del orden jurídico, con la restricción de ciertos derechos fundamentales de la población– se aplica cuando existe alguna situación extraordinaria –catástrofes naturales, perturbación grave del orden interno, guerra exterior, guerra civil, invasión–, para afrontarla adecuadamente. Pero, como explica el filósofo Giorgio Agamben, esta medida de carácter extraordinario se está convirtiendo en “paradigma normal” de gobierno, que determina la política de muchos Estados modernos.
Ese estado de excepción se manifiesta notablemente con la instalación de disposiciones “ilegales”, pero perfectamente “jurídicas”, como ocurrió en Estados Unidos después del 11 de septiembre de 2001, con el dictado de la Patriot Act y otras medidas del gobierno yanqui para señalar y controlar al “enemigo” interno e internacional. Con el gobierno de Mauricio Macri y sus aliados, vivimos bajo un estado de excepción en Argentina.
El llamado “caso Chocobar”, al que algunos medios insisten en tratar como si todavía hubiera que discutir cómo ocurrieron los hechos, es, por ahora, el más grave indicador en este sentido, a pesar de que, desde el mismo inicio de la gestión de Cambiemos, venimos alertando sobre su sostenido avance sobre nuestros derechos, en particular en el ámbito represivo, con gravísimos episodios previos, como la reivindicación cerrada del accionar de Gendarmería y Prefectura en los asesinatos de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel.
No obstante ello, a partir del policía bonaerense que disparó por la espalda a quien huía sin darse vuelta, el gobierno nacional decidió dar un nuevo salto, con el protagonismo central de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, el acompañamiento sostenido de su par de Justicia y el jefe de Gabinete, y, lo más simbólico de todo, el abrazo del presidente Macri y una frase que lo define todo: “Necesitamos más policías como usted, es un héroe”.
Así, se ha dado a todos los agentes de las fuerzas de seguridad la orden explícita de disparar y matar en cualquier circunstancia, con la certeza de que sus jefes políticos los van a defender: “Los jueces que hagan lo que quieran, para nosotros es política pública defender al policía en acción”, confirmó Bullrich antes de partir hacia Estados Unidos.
No se le puede dar mucha vuelta. Hace dos meses denunciábamos que, en sus primeros 721 de gestión, el gobierno macrista apilaba 725 muertes de personas por el gatillo fácil o en lugares de detención, un récord absoluto sobre todos los gobiernos anteriores desde 1983. Ahora es “ley” de hecho que cada vez que un uniformado mate a una persona será indefectiblemente un “enfrentamiento”, con presunción de legalidad de su accionar.
Se ha decretado de facto la vigencia de la pena de muerte sumarísima y extrajudicial, por la vía del arma reglamentaria, mientras crecen la criminalización de la protesta y la persecución a militantes y organizaciones del campo popular. La gravedad del escenario es inusitada, y reclama la más amplia intervención, en unidad de acción, para defendernos.
* Abogada de la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (Correpi).
