Desde la recuperación de la democracia, allá por 1983, las instituciones de la república han funcionado regularmente, sin golpes de Estado que impidieran programas económicos desarrollistas, como ocurrió en 1955 con el gobierno de Perón, y en 1962 con el de Frondizi.
Sin embargo, desde entonces, la pobreza ha crecido de manera alarmante; lo que permite la hipótesis de que los representantes del “pueblo” no han cumplido con las funciones que les asigna la Constitución Nacional, relativas a la producción de una riqueza que bien distribuida habría impedido ese resultado socioeconómico. Y de los tres poderes contemplados en la Constitución Nacional, es el Legislativo el que fija la tarea de “proveer lo conducente al desarrollo humano, al progreso económico con justicia social, a la productividad de la economía nacional, a la generación de empleo...” (artículo 75, inciso 19). Queda claro entonces que es el Congreso de la Nación al que le cabe la mayor responsabilidad por haber dejado de cumplir esa función, y por lo tanto, principal responsable del estancamiento económico y de ese grosero nivel de pobreza.
Son varios los factores que llevan a ese resultado de mal desempeño por parte del Congreso de la Nación. Uno se relaciona con las pocas exigencias que establece la Constitución para ser elegido diputado o senador de la Nación: solo edad y lugar de nacimiento o residencia. Otro se relaciona con la práctica de delegar en el Ejecutivo su obligación de definir la política económica de la Nación. Práctica que se consolida a partir de que el presidente de la Nación lidera (por sí o en representación del jefe político) la fuerza partidaria que lo ha llevado al poder, trasladando esa relación de supremacía dentro del partido al terreno de las instituciones de la República. Pero ese mal desempeño ha ocurrido también en casos en que el titular del Poder Ejecutivo no pertenece a las fuerzas mayoritarias presentes en el Congreso; lo que significa que en estos casos estarían dadas las condiciones para que esas mayorías asuman las atribuciones que les concede la Constitución Nacional en su citado artículo 75. Sin embargo, esa mayor autonomía de las mayorías legislativas respecto del Ejecutivo no se ha utilizado para promover el desarrollo económico necesario para sacar a todos los ciudadanos de la pobreza.
Esta falta de iniciativas por parte del Congreso para cumplir con las funciones que le otorga la Constitución Nacional, aun cuando no se vean sometidos al Poder Ejecutivo, se debería, en general, a dos motivos: 1) la escasa formación técnica de los legisladores para hacer una correcta lectura de las causas del estancamiento económico, así como para promover políticas destinadas a superarlas; y 2) el mal uso que se hace del poder que le otorga la Constitución Nacional, poniéndolo al servicio de sus apetitos de conservar sus privilegios, dictando leyes demagógicas que, en lugar de combatir el estancamiento y la pobreza, solo buscan crear las condiciones para ganar próximas elecciones, centrando su acción en propuestas de nuevos y mejores derechos, sin acompañarlas con propuestas de una dinámica económica que cree los recursos genuinos para satisfacerlos. Prácticas que se atienden con emisiones descontroladas de dinero, que llevan necesariamente a una hiperinflación que desalienta las inversiones productivas que permitirían combatir el estancamiento económico y la pobreza.
Para defender nuestra democracia es imprescindible un programa económico y social que resuelva efectivamente las necesidades y aspiraciones del pueblo, titular de esta forma de gobierno. Y para construir ese programa se necesita una mayor formación técnica de nuestros representantes, así como una mayor vocación de estos en cuanto a servir al pueblo, abandonando un interés por la política como mecanismo de enriquecimiento y privilegios.
*Sociólogo.
