Los asesinatos producidos en los primeros 43 días del año han alcanzado a 57 mujeres. Esto, a pesar del formidable esfuerzo de concientización y repudio a la violencia de género que ha significado la protesta femenina acompañada por la de la ciudadanía. Dos marchas seguidas de #NiUnaMenos han puesto en el foco del debate público la cuestión de cómo erradicarla y, mientras tanto, proteger a las víctimas que la sufren en el interior de sus hogares, situación que se ha extendido recientemente a los integrantes del círculo familiar más cercano.
A este cuadro se suma la preocupación que surge del contenido de algunas voces y opiniones que están formulando la idea de que la intensificación de la violencia puede ser una respuesta a la movilización de las mujeres en la escena pública. Una reciente nota en la revista Noticias señala este punto de vista. En ella, se mezclan observaciones de psicólogos con las de personal de la Justicia. Los primeros apuntan hacia el efecto contagio que producen algunos tipos de agresión y a sus potenciales efectos negativos, los segundos señalan que lo que se requiere es reforzar la acción del Estado y la Justicia produciendo las medidas efectivas de protección hacia las víctimas que, en la mayoría de los casos, cuentan con antecedentes de denuncias contra sus parejas, incluyendo pedidos de exclusión del hogar.
Se cita con frecuencia el caso de Wanda Taddei como el modelo del efecto contagio. Efectivamente, puede haberlo pero hay que identificar las condiciones que lo hacen posible. No es la primera vez en Argentina que se atenta contra la cara de una mujer: recuérdese el caso de Clotilde Sabattini de Baron Biza en 1964, atacada con ácido por su marido. Por supuesto que la acción de los medios es la respuesta fácil, pero, además hay que preguntarse qué hay detrás de esa violencia creciente en número y ferocidad.
En todo caso, es preocupante que se considere que es la reacción, personal y colectiva, de quienes son lastimadas, la que acentúa la violencia. Escuchamos muchas veces en la historia de la humanidad la exhortación al oprimido para que se la aguante, que no se rebele, que no irrite al amo, que continúe en condiciones de sumisión que eviten el castigo mayor a la resistencia y la rebeldía. Penosamente, esos puntos de vista llevan a una introyección –sobre la que juega permanentemente la ideología patriarcal– de que “algo habré hecho” para motivar semejantes castigos. O sea, que suma al dolor de la violencia la sospecha de la propia responsabilidad en su producción.
También es preocupante que en un momento en que se necesita fortalecer la intervención estatal, estemos enfrentando una reasignación de partidas para el organismo de las políticas de género, el Consejo Nacional de la Mujer. Un conjunto de organizaciones de derechos y de género acaban de presentar un amparo ante la justicia para que declare la inconstitucionalidad de la reasignación de 67 millones de pesos de los fondos asignados al CNM para el Plan Nacional de Acción contra la violencia de género, efectuada por la Decisión Administrativa 12/2017 del Jefe de Gabinete dado que esta reducción afecta la ejecución del programa.
Por último, también es preocupante que además de no intervenir de manera efectiva, el Gobierno se aparte de los compromisos adquiridos en el sistema de Naciones Unidas en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sustentable que nuestro país suscribió en el marco internacional. En la última Asamblea General de la ONU, la relatora para la Mujer Dubravka Simonovic pidió el establecimiento a nivel mundial, nacional y regional de un observatorio contra el feminicidio y observatorios sobre la violencia contra la mujer. La propuesta de Simonovic recibió el apoyo de la relatora especial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el respaldo del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) junto con el de otros organismos internacionales, coincidentes todos en la necesidad de intensificar los esfuerzos para la prevención de feminicidios y violencia de género.
Y acá estamos nosotros. Incumpliendo los compromisos internacionales, sin escuchar la voz de la ciudadanía, observando día a día nuevas violaciones a los derechos de las mujeres. Por eso, en el marco de este escenario, lo único que no me preocupa es el contar con la certeza de que las mujeres continuaremos con nuestro compromiso de luchar contra la privación de nuestros derechos, más allá de las voces paternalistas y patriarcales que nos advierten que nuestro activismo podría convertirse en una de las causas de nuestros sufrimientos.
(*) Socióloga.
