Las causas profundas de esta cadena de protestas policiales -además de la precariedad salarial y de beneficios sociales- obedecen, en el ámbito interno, a que el diseño de la organización no se ha modernizado según las exigencias de las nuevas modalidades criminales, como el crimen organizado (la más grave amenaza en presencia); trata de personas, la piratería y el cibercrimen, por nombrar algunos casos. Tampoco ha modificado el rol de policía de Estado (donde procede como garantía del gobierno de turno) por el de protección social. No se ha departamentalizado en áreas precisas de investigación criminal: con analistas y el mapa del delito, anticipar riesgos y prevenir, evitando robos, secuestros y homicidios, que hoy aterran a la sociedad.
En materia de valores, ha perdido su autoestima. agobiada por la incesante crítica política y social sobre corrupción estructural, violencia del gatillo fácil, indisciplina, erráticas incorporaciones, instrucción deficiente, inadecuada incorporación de tecnologías de control y prevención del delito .En el plano nacional no hay coordinación interjurisdiccional. Por ejemplo, intercambio de modus operandi criminales; base de datos compartidos, alertas tempranas sobre delitos en progreso y contar con una intranet vincule a todas las policías (el narcotráfico aprovecha esto)
Incapacidad en inteligencia criminal, tanto por que no están capacitadas como por prevenciones de ser imputados de espionaje sobre los ciudadanos, etc.
Las razones externas de esta crisis: errores políticos en la conducción y administración de la institución policial al introducir equipos supuestamente técnicos, que sin conocer los mecanismos funcionales, proceden a dar pautas y modificaciones improcedentes, al ejecutar controles de fidelidad democrática. Ignoran que el régimen se basa en la disciplina y obediencia; que los cargos deben ser respetados y honrados con designaciones de excelencia y no por adhesiones ideológicas; que los mas altos roles no deben ser ejercidos por periodos prolongados (no más de 3 años); que el servicio que se presta no admite interrupciones – como las que están ocurriendo-; y que por ello no son trabajadores sino funcionarios que participan de graves responsabilidades. Otras veces, desmesura e imprudencia política en la gestión ministerial: se conduce la seguridad ciudadana y la función de policía sin capacitación; administran con subestimación que irrita sin mejorar comportamientos.
Ahora la pregunta es: ¿pueden protestar y hacer piquetes personas armadas por el propio Estado? No; absolutamente No. No están legitimados para ejecutar protestas con abandono de funciones, dejando a la sociedad inerme ante el vandalismo. Cuando todo esto pase, seguramente aparecerá la reflexión desde el Estado (no más soberbia conduciendo sin saber nada de seguridad ciudadana ni institución policial) procediendo al cuidado delicado de estas funciones, de alto costo presupuestario si se quiere calidad.
Por su parte, las policías verán las imágenes de una sociedad golpeada por su ausencia, la que ha demostrado a su vez, una tremenda fractura y falta de respeto por el otro.
Tampoco creo en la sindicalización. Con ello se dará el golpe de gracia para asimilar al policía a un régimen de ocupación laboral y no al de la función pública esencial, que inviste como autoridad que representa al Estado. Es responsabilidad del gobierno prever salarios adecuados y de los jefes, plantear las necesidades siempre y si no los escuchan, irse expresando públicamente las causas.
Respecto al empleo de Gendarmería, por ley puede actuar en cualquier parte de la Republica por orden del poder ejecutivo o de un Juez Federal. Es una gran institución. Su crecimiento en efectivos de un modo acelerado, produjo asimetrías en la incorporación del clásico espíritu de cuerpo (que no quiere decir corporativo). Ello originó hace más de un año un grave tropiezo disciplinario (aunque la causa no fue evaluada por el Estado para asumir sus propias culpas). Gendarmería hoy tiene un tremendo compromiso con la Nación; debe estar fuertemente cohesionada con sus mandos y la autoridad nacional.
El gobierno deberá mientras tanto revisar -sin volver a eludir responsabilidades- la situación de los cuadros en retiro y de la misma gendarmería y otras fuerzas incluidas la FFAA, en actividad respecto a sus remuneraciones y otros derechos vulnerados desde larga data. Tanto la Defensa como la Seguridad interior son agenda pendiente.
Finalmente ante una crisis donde estaban en juego vida y patrimonio, la ley de seguridad interior y la propia ley de Gendarmería, faculta al Juez Federal a ordenar su intervención inmediata como policía concurrente, allí donde se encuentre.
*Ex Comandante General de Gendarmería Nacional. Abogado. Ex Subsecretario de Lucha contra el Narcotráfico(2009-2010)
