El paro general del pasado 1º de abril, que fue contundente en todo el país pese a la lógica desconfianza hacia gran parte de la dirigencia sindical convocante, reactivó el debate sobre el impuesto a las ganancias. En particular se cuestiona la cuarta categoría de ese impuesto, por la cual hoy tributan más de dos millones de asalariados que ganan más de 15 mil pesos, además de los autónomos, monotributistas y un sector de los jubilados. “No son solidarios” criticó la presidenta, que por supuesto no viviría con un salario promedio ni dona un peso de su fortuna a los necesitados...
Esa cuarta categoría fue concebida en la época del régimen cambiario 1 a 1, con el que se creía desterrar para siempre el azote inflacionario en el país. Pero en una economía capitalista dependiente como la nuestra, la inflación es estructural.
Y como los sucesivos gobiernos no actualizaron el mínimo no imponible y las escalas de Ganancias según la inflación real, muchos trabajadores pagan las alícuotas más altas del 27 al 35%, lo que desmiente la supuesta progresividad de este impuesto. A su vez, la tristemente célebre “tablita de Machinea” de 1999 –anulada a fines de 2008– fue de hecho reimplantada en 2013 a fijar mínimos no imponibles diferenciados, más bajos según los niveles salariales.
Esta aberración de considerar al salario como ganancia lleva a que a menudo un trabajador prefiera rechazar un aumento salarial a tener que pagar Ganancias y terminar cobrando menos que antes. Si a eso le sumamos los blanqueos de capitales negros que jamás tributaron y el hecho de que más del 60% de la recaudación proviene del IVA y otros impuestos al consumo, se confirma que el esquema fiscal nacional continúa siendo profundamente regresivo.
Lo mismo ocurre a nivel de los distritos provinciales, donde los mayores aportes surgen de Ingresos Brutos –otro impuesto al consumo– y las corporaciones gozan de exenciones millonarias injustificadas. En la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, Mauricio Macri aplica tarifazos de ABL sobre los vecinos mientras exime de absolutamente todos los impuestos a las grandes empresas en los llamados distritos.
Frente a esta inequidad fiscal hace falta una profunda reforma del sistema tributario, para darle un verdadero carácter progresivo. En la perspectiva de otros cambios de fondo, como primeras medidas proponemos las siguientes:
Anular el impuesto a las ganancias a los salarios, a los autónomos de las categorías más bajas y a los jubilados. En cambio, sí deben pagarlo los gerentes y cargos similares; el presidente, los senadores, diputados y todo funcionario político de alto rango, y por supuesto los jueces.
Anular el IVA a los productos de la canasta familiar, para preservar el poder adquisitivo del conjunto de los salarios y jubilaciones ante la inflación.
Gravar fuertemente a las corporaciones y los bancos, con escalas progresivas y anulando las exenciones impositivas existentes.
Gravar la renta financiera en sus diversas modalidades, incluida la compraventa de acciones y demás operaciones de bolsa, que increíblemente aún siguen exentas. Así sucede en los Estados Unidos, toda Europa y la mayoría de América Latina, pero en la Argentina es una deuda pendiente de la democracia.
Establecer un nuevo modelo de coparticipación federal, transparente y equitativo, para revertir las injustas prerrogativas actuales de la Nación que perjudican a las provincias más pobladas, empezando por la de Buenos Aires.
Estas simples propuestas, que en realidad debería promover todo sector político que se considere mínimamente progresista, no las plantea ni el gobierno del Frente para la Victoria ni tampoco la oposición de derecha de los Macri, Massa y compañía. Nosotros sí, porque estamos convencidos de que con ellas empezarían a dejar de pagar los que viven de su propio trabajo y la carga impositiva recaería sobre quienes debe recaer: los que más tienen y más ganan.
*Diputado porteño y candidato (MST-Nueva Izquierda).
