Gobierno vs. Clarín

Los mensajes que emite el Gobierno indican que su furia contra Clarín no es pasajera, ni para la tribuna. Descartan el desenlace  más previsible: recuperar relaciones más o menos cordiales, como sucedió con Estados Unidos y el Valijagate, después de algunos meses de hostilidades. Puede ser que Kirchner, a quien se le atribuye haber dicho “Ya me cargué a los milicos, a la Iglesia y al Fondo Monetario; ahora voy por Clarín”, así lo desee y su voluntad actual sea reducir a Clarín a la servidumbre. Pero el futuro podría depararle objetivos más modestos.
Se especula con el “método Aerolíneas/ YPF”, que consiste en perjudicar a una empresa con la intención de bajar el precio de sus activos para que amigos del Gobierno la compren o compren la parte que les permita participar de su conducción. Posicionar a Clarín como si fuera una empresa pública a la que hay que “reargentinizar”, porque es tanto o más estratégica que Aerolíneas o cualquiera de las de servicios públicos. Quienes ven este camino como posible, argumentan: “Si Rudy Ulloa ofertó más de 300 millones por Telefé, ¿por qué el kirchnerismo no destinaría mil millones para comprar las acciones suficientes que le aseguren injerencia en Clarín?”.
Esa construcción requeriría que el banco de inversión norteamericano Goldman Sachs vendiera el 9% de acciones que aún mantiene de Clarín, que además los amigos del Gobierno se hicieran de buena parte del 20% de las acciones de Clarín que están en la Bolsa –cuyo precio ha bajado mucho últimamente– y con palos y dinero se convenciera a alguna de las cuatro personas que son accionistas de Clarín –Ernestina de Noble, Héctor Magnetto, José Aranda o Lucio Pagliaro– de que venda, cansada ya de presiones.
Nada es imposible, pero luce como un objetivo poco factible en el corto plazo. Primero, el 20% de las acciones que están en Bolsa tienen un voto cada una contra cinco votos de cada una de las que tienen Goldman Sachs y los mencionados cuatro dueños de Clarín. El 20% de acciones de la Bolsa da derecho a algo menos del 5% de los votos totales. Luego, si Goldman Sachs, Noble, Magnetto, Aranda o Pagliaro accedieran a vender sus acciones, antes de que pudiera comprarlas un tercero tendrían prioridad para adquirirlas los actuales otros dueños igualando la oferta. El ingreso de un accionista hostil sí podría ser una hipótesis ante el caso de un cambio generacional que afecte a los dos principales accionistas –Noble y Magnetto–, pero eso está fuera del alcance de decisión del Gobierno, y aunque se especule con la salud de Magnetto, el CEO de Clarín demuestra capacidad de recuperación y  voluntad de seguir al frente.
Otra de las hipótesis que analizarían para debilitar a Clarín sería la licitación de una nueva frecuencia de televisión abierta que le agregue un competidor a Canal 13, haciendo la vida de Clarín más incómoda. Esto puede hacerlo el Gobierno, pero los efectos que produciría sobre el conjunto de empresas de Clarín sería menor porque Canal 13 representa una pequeña parte de los ingresos del grupo y una irrelevante porción de sus ganancias. Además, una frecuencia no garantiza que ese canal pueda competir por el primer puesto, lo que incluso puede no ser deseable para ese licenciatario, como lo demuestran América y Canal 9. Tampoco la eventual compra de Telefe por empresarios amigos del Gobierno sería un gran problema para el 13, y hasta podría beneficiarlo, porque un Telefe en manos poco profesionales sería un competidor más endeble. Sí le daría al oficialismo una potente plataforma de comunicación, pero ese es otro tema.
Otra de las amenazas del Gobierno sería cerrar Papel Prensa por contaminación. Este es otro objetivo poco realizable, porque esa fábrica produce el 80% del papel de diario que se consumen en el país. Además de Clarín y La Nación, abastece a otros cien diarios, la mayor parte del Interior, los que no podría pasar a importar papel pagando un 30% más sobre su principal costo. Para obviar el caos que generaría la desaparición de decenas de publicaciones y miles de fuentes de trabajo en todo el Interior, el Estado podría crear una Enarsa del papel, que en lugar importar gas o gasoil importara papel del mercado internacional y lo vendiera a precio subsidiado en Argentina. Todo es posible, pero luce desproporcionado.
 Más factible le resultará al Gobierno autorizar a las compañías telefónicas a transmitir televisión por cable, lo que se denomina triple play. Dos de esos tres servicios ya lo hacen ambos competidores: Clarín, a través de Multicanal/Cablevisión, provee TV cable y acceso a Internet; y las telefónicas, voz y acceso a Internet. A Clarín le falta voz, pero el servicio de teléfono de línea es lo menos rentable, porque esas tarifas están reguladas y la tendencia de los consumidores en todo el mundo es migrar hacia los celulares. Y a las telefónicas les falta TV cable, donde sí hay un negocio tentador y del cual Clarín obtiene la mayor cantidad de sus ganancias. Pero si bien el  Gobierno le generaría un perjuicio a Clarín al obligar a su empresa de cable a competir con las telefónicas, la reducción de los abonados de Multicanal/Cablevisión no sería inmediata y pasarían algunos años hasta perder su posición de privilegio. Como se sabe, en política, varios años son un siglo, porque Kirchner no puede prever dónde estará él mismo cuando eso suceda. Además, el triple play no afectaría sólo a Clarín: hay centenas de pequeños y medianos cableoperadores en todo el Interior del país, a los que el Gobierno también le reduciría potencialmente sus ingresos haciéndolos competir con las telefónicas, y podría correr el riesgo –como con las retenciones al campo– de indisponer a mucha gente a la vez.
 También el Gobierno encontraría una opción más concreta para herir a Clarín  modificando de la Ley de Radiodifusión. Si una nueva ley prohibiese que los medios escritos participaran en medios audiovisuales, o sea que la ley se retrotrajera en ese punto a la que realmente promulgó la dictadura (la vigente cuenta con 207 modificaciones realizadas por los distintos gobiernos democráticos desde 1983), Clarín tendría que optar entre poner a la venta sus diarios (incluyendo los importantísimos diarios líderes de Córdoba y Mendoza: La Voz del Interior y Los Andes) o quedarse con ellos y poner a la venta sus empresas audiovisuales. Esto sí generaría una revolución copernicana, pero a la inversa: se volvería a la era de Ptolomeo, porque se  regresaría al marco legal arcaico que la gran mayoría de los países abandonaron total o parcialmente. Hace pocas décadas, sólo había un puñado de radios AM y cuatro canales de televisión, y a quien se le concedía una licencia para un canal de TV se le entregaba potencialmente un cuarto de toda la audiencia. Hoy, con la multiplicidad de medios audiovisuales, la situación es parcialmente distinta. Pero asumiendo que el Gobierno consiguiera imponer ese criterio, nuevamente se encontraría con resistencias que no provendrían sólo de Clarín, porque en todo el Interior del país hay muchos medianos y pequeños multimedios locales que también tendrían que desarmarse. Tampoco es imposible: se podría limitar la medida a localidades de cierto tamaño, pero nunca lograría afectar sólo a Clarín ni a unos pocos.
Quedan hipótesis más alocadas, a lo Chávez o a lo Perón en los 50, cuando estatizó el diario La Prensa, pero políticamente son aún menos viables.
En síntesis: ninguna opción del Gobierno carece de consecuencias para el propio oficialismo. Algunos costos podrá afrontar, pero nunca todos simultáneamente, como los cruzados kirchneristas imaginan. Y de ser así, aún acorralado, Clarín continuaría siendo la empresa de medios más grande del país por varios años.
El Gobierno dice ir en un auto sin marcha atrás. Resulta difícil creer que tampoco tenga freno.