No sabría qué hacer si me llegan a sacar de acá, terminaré en la vereda con la misma carpa y mis hijos. Esperemos que el Gobierno pueda reanalizar nuestra situación”. Las tomas de tierras no son un fenómeno reciente. Ocurren en el submundo del mercado informal de tierras, del oportunismo de otros a costa de la desesperación de muchos. Surgen no solo del atropello de especuladores sobre la propiedad privada de algunos, sino también del aprovechamiento de una autopercepción durmiente que varios ciudadanos tienen respecto de su derecho a una vivienda digna y un hábitat justo. “No quiero que me regalen. Si me das un plan de pago yo pago mi pedazo de tierra” decía uno de los vecinos de una de las tomas de nuestro país.
Hace unas semanas, el gobierno de la Provincia de Buenos Aires inició acciones de asistencia alimentaria y relevamiento de los habitantes de la toma. Según los datos, son 1.904 grupos familiares en los que hay 2.797 niños/as y 1.859 desocupados/as ¿Razones de por qué tomaron tierras? 85% por desocupación, empobrecimiento e imposibilidad de pagar alquiler; 10% por conflictos familiares, entre otras razones.
Además, el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia propuso un acta-compromiso a las familias censadas. En ella, el ministerio se compromete a brindar una solución habitacional, según sus posibilidades presupuestarias, a quienes desalojenvoluntariamente el predio en un plazo de común acuerdo y a utilizar la “solución habitacional” solo como vivienda familiar.
Este acuerdo es una muestra más de que el respeto por el acceso justo al hábitat y a la vivienda digna no depende de su amparo en leyes provinciales y nacionales, en la Constitución y tratados internacionales, sino del presupuesto y, por ende, de la voluntad política del momento. Y es paradójico, que sea el Estado el que condicione el acceso a un derecho básico y proponga que aquellas familias que no puedan cumplir con las condiciones establecidas se provean de esa “solución habitacional” por sus propios medios; algo que fue imposible en su momento y que decanta en el conflicto actual.
¿Esto implica que un derecho vulnerado puede avanzar sobre otro? No. De todos modos, esto no deslinda de responsabilidad al Estado provincial, ni tampoco elimina la necesidad de un plazo claro y propuesta acorde de solución habitacional concreta tanto para las 1.500 familias firmantes, como para las casi cuatrocientas restantes por fuera de las acciones ya concretadas. Estamos ante la oportunidad de plasmar una voluntad política clara respecto de una temática transversal en la vida de todo ciudadano y que ésta venga acompañada de estrategias operativas a mediano y largo plazo, algunas que –incluso– ya han sido acercadas al gobierno provincial. De lo contrario, estaremos ante el peligro de que este tiempo haya sido una pose más.
A fines de septiembre, el gobernador Kicillof anunció el Plan Bonaerense de Suelo, Vivienda y Hábitat, que brindaría soluciones a 61.764 viviendas entre nuevas construcciones y mejoras de ya existentes en cuatro años. De acuerdo al Renabap, en la provincia de Buenos Aires hay 1.726 barrios populares y una necesidad estimada de 446.790 viviendas: el plan solo abarcaría al 14%. Pero ¿esto es así? De los objetivos planteados, solo uno menciona a los barrios populares explícitamente.
De todas formas, hay algo que sí es claro: una vivienda no es tal sin el desarrollo participativo de quienes habitarán el espacio, al igual que un proyecto de urbanización tiene sentido si contemplamos la mirada integral de sus pobladores, sus desafíos y oportunidades. Demandemos políticas reales; y –como ciudadanos– auditemos verdaderamente el acceso a la tierra, techo y trabajo.
*Abogada. Colaboradora de la Fundación Tejido Urbano. Ex Directora Provincial de Integración Barrial en PBA.
