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camino al 2023

¿Hacia el hiperliberalismo?

La oposición evalúa políticas de shock consciente de los problemas que tuvo Mauricio Macri con el gradualismo.

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Carlos Saúl Menem. | PABLO TEMES

El gran sociólogo estadounidense Richard Senett ha definido estos tiempos como los del “capitalismo de la impaciencia”. 

El tiempo es oro. Los cambios tecnológicos permanentes y el aluvión de información que circula y atraviesa a los sujetos genera la sensación de que uno siempre “se está perdiendo algo”. Una evidencia de esto es la pérdida del período de la adolescencia, hoy un niño de 9 o 10 años puede acceder a tanta información como una persona de 25 en los sesenta. La aceleración de la vida cotidiana afecta a la política. Se necesitan resultados inmediatos. Hoy, los cinco años de un plan quinquenal es una inmensidad temporal. 

Si la compresión de tiempo y espacio como plantea David Harvey es un fenómeno global en estos días, en Argentina se vive de manera particular, afectada por la percepción generalizada de que el país ha quedado sin rumbo, y sobre todo, sin futuro. Esta suerte de sentimiento de deriva es observada por la dirigencia política, quienes en definitiva comparten los mismos datos que muestran las encuestas. Es claro que el hoy oficialismo está impedido de mostrar alternativas disruptivas, su energía está puesta en función de la interna, con pocas ideas, lo que muestra un agotamiento de las fórmulas peronistas en esta etapa. 

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A todo o nada. La oposición, en cambio, está trabajando en planteos totalmente antagónicos a las formas en que las recetas económicas se han implantado en los últimos veinte años. El diagnóstico inicial es simple: los gobiernos pierden la popularidad cada vez en forma más rápida. Por eso se comienza a elaborar una propuesta múltiple que pueda ser expresada en forma integral y sistemática en los primeros días tras un hipotético triunfo electoral en 2023. Es la famosa “política de shock”. 

Entre los considerandos de la necesidad de un shock se relatan los problemas que tuvo Mauricio Macri por plantear una política del gradualismo, es decir el desenrollar sus políticas económicas a lo largo de sus dos primeros años de gobierno, cuando a pesar de haber ganado las elecciones se quedó sin sustento financiero. El argumento de los macristas de aquellas horas es que Macri, como presidente ganador en ballotage, pero perdedor en primera vuelta no tenía la fortaleza política, ni las mayorías legislativas para aplicar un programa integral en los primeros días de gobierno. En cambio, hoy, dos equipos de economistas, uno dirigido por Hernán Lacunza y otro dirigido por Carlos Melconian dedican sus horas a preparar un paquetazo de medidas para ser anunciadas el 10 de diciembre en la asunción del nuevo presidente (o presidenta).

Los dos primeros blancos del programa están cantados: reforma del Estado y reforma laboral. La reforma del Estado comienza a verse como popular en la medida que cada acto de gobierno, anuncio o presentación (con los consabidos sanguchitos de migas en el catering) obtiene como respuesta el repudio de una parte de la sociedad: “lo hacen con la nuestra”. Detrás de esta expresión se esconde la idea que el Estado es el enemigo de la sociedad civil, como en sus días mostrara la mayor apologista del antiestatismo Ayn Rand. 

Ahora bien, toda la reducción de la estructural estatal, como eliminación de ministerios, secretarías, y privatización de organismos estatales (que va desde Arsat hasta Aerolíneas) requiere no solamente leyes del Congreso, sino recursos para el pago de indemnizaciones y una ingeniería muy precisa para no tocar áreas críticas. Luego precisa de acuerdos muy claros con las provincias y municipios para que terminen siendo la válvula de escape para los problemas de empleo. 

Más reformas para este boletín. La reforma laboral es un tema amplio, con distintos niveles de profundidad (y de conflictividad). Puede ir desde la reducción de los aportes patronales, la eliminación de la indemnización por algún otro sistema de retribución para los trabajadores despedidos (reclamo eterno de las organizaciones patronales), hasta tocar la médula del mundo gremial cambiando la Ley de Asociaciones Sindicales, permitiendo por ejemplo, que haya varias representaciones por actividad, la prohibición de los mandatos consecutivos de la dirigencia gremial, la votación directa de los afiliados en las confederales o que los trabajadores puedan elegir dónde destinar sus aportes de salud.  

Tercer punto y sumamente crítico es una posible reforma impositiva. Macri la había anunciado con bombos y platillos y finalmente quedó en una reducción de los ingresos brutos que cobran las provincias (camino que se terminó desandado). La unificación de los cientos de impuestos y tasas que se cobran en Argentina es el primer objetivo bajo el lema de simplificar el sistema tributario. Ahora una veloz baja de impuestos probablemente deje al Estado desfinanciado, por lo que en este renglón el shock probablemente tenga que conformarse con gradualismo.

Cuarto punto es si se volverá a plantear una reforma monetaria, cambiando la carta orgánica del Banco Central con la prohibición de que asista al Tesoro. Sin embargo, la discusión aquí estará centrada en el impacto de una dolarización parcial, liberando al dólar del cepo actual, pero yendo más allá, permitiendo su flotación libremente y habilitando su uso para todas las transacciones de la economía. Una política de este espesor probablemente lleve a una megadevaluación inicial y su transferencia al nivel de precios (como ocurriera en 2016).     

Verdad y consecuencia. Un paquete de medidas como el delineado, aunque sea en su versión light, traerá casi con seguridad una fuerte resistencia de los sectores afectados, comenzando por el sindicalismo y los movimientos sociales. Pocas veces en la historia argentina un gobierno tuvo la legitimidad social del menemismo para privatizar empresas estatales o desregular actividades (que lo hizo levemente). Además, probablemente traiga un alto impacto social inicial con incrementos de la desocupación y pobreza, hasta que la situación se estabilice (quizás dos o tres años). 

Hoy la idea de que el Estado impide el desarrollo del país comienza a desplazar a la del Estado presente o el Estado cuidador, sin embargo, cabe plantear la duda si los políticos que tomarán en sus brazos las banderas serán explícitos en la campaña electoral, o si las esconderán detrás de los eslóganes habituales.

*Sociólogo (@cfdeangelis).