La Argentina de la última década presenta mayores niveles de complejidad, tanto en términos sociales como políticos, respecto de los 90, marcados a fuego por el neoliberalismo y la exclusión. A partir de 2002, la salida de la convertibilidad y el boom de las commodities dieron paso a una etapa de crecimiento económico y reducción del desempleo, que tuvo como correlato político la emergencia del kirchnerismo como figura local del progresismo, más allá de la valoración política que hagamos de éste. Este giro político del peronismo, siempre tan pragmático y adaptativo, estuvo a tono con la orientación antineoliberal de las movilizaciones sociales y el cambio de época, a nivel nacional y latinoamericano.
En la actualidad, el final del kirchnerismo muestra un panorama diferente. Primero, vemos un agotamiento general del ciclo progresista. La recesión económica y la alta inflación dieron paso a un nuevo escenario de conflicto social, que ha desembocado en una respuesta represiva cada vez más sistemática de la protesta social. Preocupa particularmente el discurso punitivo oficial, compartido por parte de la oposición (el proyecto de ley antipiquete es un ejemplo), en una sociedad cuya principal arma contra la injusticia y la desidia estatal es la movilización, a través de la acción directa.
Segundo, a lo largo de 12 años el kirchnerismo se encaminó a la consolidación de modelos de mal desarrollo, caracterizados por una matriz extractivista y reprimarizadora, cuyos impactos negativos y limitaciones son cada vez más evidentes. Tomemos el modelo sojero: en vez de pensar en una transición y salida del monocultivo, el gobierno nacional redobló la apuesta a través del Plan Estratégico Agroalimentario 2010-2020, que plantea un aumento del 60% de la producción, con los efectos en términos de deforestación, corrimiento de la frontera agropecuaria y, por ende, mayor criminalización y represión de poblaciones campesinas e indígenas, que ya conocemos. A esto sumemos el proyecto de la nueva ley de semillas, que avanza en el sentido de la mercantilización; los efectos sociosanitarios del glifosato, que comienzan a salir a la luz, y los nuevos convenios con Monsanto, que están suscitando tanto conflicto en Córdoba. Sin embargo, tampoco vemos en la oposición política una propuesta de transición a los dilemas que plantean los actuales modelos de mal desarrollo.
Tercero, la década kirchnerista implicó una profundización del presidencialismo extremo, además de arrastrar numerosos escándalos de corrupción y enriquecimiento ilícito. Desde la oposición política esto produjo una exacerbación republicana sobreactuada y poco creíble, teniendo en cuenta nuestra historia constitucional. Además, muchos reducen equivocadamente el “mal argentino” a esta sola dimensión, atribuyendo al populismo reinante toda suerte de patologías.
El correlato de este triple proceso es la ausencia de un espacio de centroizquierda con vocación de transformación social. Así, no creo que lo que nos espera en 2015 sea mejor; antes bien, todo apunta a la consolidación de las dos primeras tendencias (represión y mal desarrollo) y a la improbable reversión de la tercera (mayor concentración de poder).
Es cierto que la sociedad argentina tampoco es aquella de 2002-2003, que impugnaba el sistema de representación, apelando a una idea de solidaridad social y autoorganización novedosa, en contraposición a los 90. Hoy la sociedad se inclina peligrosamente hacia la insolidaridad y el discurso punitivo, como lo muestran los episodios de linchamiento y saqueos y, recientemente, las expresiones de xenofobia. En un contexto marcado por la crisis económica, la profundización de las desigualdades y los discursos securitarios, nuestro país parece estar abriendo una peligrosa caja de Pandora que va instalando conductas fascistizantes, al compás de la derechización de las propuestas políticas.
*Socióloga y escritora.
