¿Cuáles fueron los aciertos y desaciertos de la administración del presidente Mauricio Macri en materia energética, transcurridos tres años de mandato? ¿Pudieron hacerse las cosas de otra manera?
El actual gobierno recibió un sector energético en condiciones de extrema gravedad. Las tarifas eran irracionales e irrisorias. La brecha fue cubierta por una masa creciente de subsidios que, en 2015, explicó la totalidad del déficit fiscal (superando 4% del PBI).
Los argentinos incursionamos en el “populismo energético”. La energía se volvió una limitante severa para el crecimiento del país. La producción de petróleo mantuvo una tendencia a la baja en el período 2008-2017. La producción de gas disminuyó un 19,8% entre 2008 y 2014. Los Kirchner gastaron 150.000 millones de dólares en subsidios a la energía y combustibles. Increíblemente, fueron a parar a los más ricos.
Los Kirchner gastaron 150.000 millones de dólares en subsidios a la energía y combustibles
En 2016, la administración Macri llevó a cabo los procesos de revisión tarifaria integral. A pesar de las buenas intenciones iniciales, la indeterminación del elenco gubernamental sobre si las tarifas debían ser recompuestas de una sola vez, o si debía hacerse en un sendero gradual, provocó desconcierto en el sector. La Corte Suprema de Justicia de la Nación debió señalarle al ejecutivo cuál era el rumbo a seguir para el caso particular del gas. Esencialmente, le indicó que la recomposición de las tarifas debía atender un criterio de razonabilidad, gradualidad y, sobre todo, que el Estado debía bregar por que fuesen afrontables económicamente para los usuarios.
El MINEM de Aranguren, finalmente, fijó el sendero, estableciendo precios en dólares en un país donde los usuarios tienen ingresos en pesos, a la vez que dicho precio interno quedó fijado muy por encima del precio internacional (casi el doble que el que se paga en los Estados Unidos).
El argumento esgrimido por las autoridades fue que dicho sendero de precio en dólares crecientes hasta alcanzar picos en 2018 (7,5 dólares por millón de BTU) y 2019 (7 dólares por millón de BTU) permitiría revertir la decadencia en la producción gasífera argentina, en particular alentando el desarrollo del yacimiento no convencional de Vaca Muerta.
Presionado por la oposición y por sus aliados de Cambiemos, a raíz de la suma de fracasos acumulados en las políticas hacia el sector, Macri sustituyó a Aranguren por Javier Iguacel, hasta ese entonces responsable de Vialidad Nacional, quien asumió como ministro y hoy continúa a cargo de la devaluada Secretaria de Energía. Puertas adentro del gobierno, el debate respecto del esfuerzo que debemos llevar a cabo los argentinos para desarrollar Vaca Muerta se volvió acalorado. Mientras tanto, la mayoría de los especialistas es detractora de la política de desarrollo de dicho yacimiento “a puro subsidio”.
En lo que va del año en curso, los subsidios a la energía venían disminuyendo, como consecuencia de los aumentos tarifarios
En lo que va del año en curso, los subsidios a la energía venían disminuyendo, como consecuencia de los aumentos tarifarios. La significativa devaluación del peso, no obstante, abre un interrogante sobre la recomposición tarifaria aún pendiente, toda vez que el impacto en las tarifas producto del doble efecto dólar/inflación torna los aumentos difíciles de afrontar para gran parte de la población. El Gobierno tropezó con el fallo de la Corte y luego con el Congreso de la Nación, que transformó en ley (más tarde vetada por Macri) el tope a los aumentos tarifarios. Pero tarifas impagables por los usuarios tornarían inviable la política actual.
En paralelo, las energías renovables fueron prioritarias para el Gobierno desde su inicio. No obstante haber logrado un éxito inicial en las rondas RenovAr, dicho impulso inicial parece haberse desvanecido, a consecuencia de dificultades en materia de financiamiento y el agravamiento de la crisis económica que atraviesa el país.
El actual gobierno deja para el que lo suceda en diciembre de 2019 una pesada mochila energética. El país tiene futuro. Pero, para ello, hace falta una nueva agenda energética ajena a las ideologías, y funcionarios idóneos y competentes.
(*) Codirector del Centro de Estudio de la Regulación Económica de los Servicios Públicos (CERES) de la UB
