¿Cuánto se sabe acerca del destino de los cientos, miles de sacerdotes que fueran denunciados por haber cometido abusos al amparo de su condición de pastores del rebaño católico? En verdad, sí se están conociendo más casos que en el pasado no tan lejano, cuando esos delitos eran ocultados por el secreto eclesiástico, amparado y promovido desde el Vaticano, la capital del catolicismo. Pero –salvo alguna que otra excepción– no trasciende (o, al menos, no en la intensidad y precisión que el tema merecería) qué fue de los abusadores. Se sospecha, sí, que buena parte de ellos solo ha cambiado de lugar de residencia, se les ha concedido licencias sin término fijo o se los ha trasladado a centros de rehabilitación internos de la propia Iglesia.
Los lectores de PERFIL saben bastante de esto porque desde las páginas del diario se han cubierto –extensamente– las noticias vinculadas con la cuestión. Pero merecen saber, además, que el tratamiento que le dan algunos medios –incluso de alta circulación, en Argentina y en el mundo– se parece a un silencio cómplice o un retaceo evidente de información, inclusive aquella que llega desde el Vaticano y que refiere a la mirada de su máxima conducción. Jorge Bergoglio, el Papa argentino Francisco, dio un nuevo paso en la semana que termina al expulsar de la Iglesia al cura pedófilo chileno Fernando Karadima. Un caso concreto. Uno.
En julio último, la Fiscalía Nacional de Chile informó que están bajo investigación 158 obispos, sacerdotes y laicos vinculados a distintas diócesis, en el marco de 144 causas abiertas sobre hechos ocurridos desde 1960 hasta hoy. Las víctimas: 266, de las cuales 178 son niños, niñas y adolescentes.
¿Cuántos de estos acusados, con sólidas pruebas en contra, fueron expulsados de la Iglesia? No hay datos concretos. Pero si se toma en cuenta lo que sucede con el cura argentino Julio César Grassi, condenado en todas las instancias y preso, la postura de la autoridad central eclesiástica no es para derramar optimismo. Grassi no ha perdido su condición de sacerdote (aunque el obispado de Morón le impide administrar sacramentos).
La cuestión del cómo debe ser tratado este tema fue objeto de una consulta registrada en el Consultorio Etico de la Fundación García Márquez para el Nuevo Periodismo Iberoamericano (FNPI). La inquietud de Raimundo Espinosa, editor periodístico en una estación de radio religiosa en Quito, Ecuador, disparó una interesante respuesta de parte de Javier Darío Restrepo, el director del consultorio y referente ineludible en materia de ética profesional. “Los informes que publico –señalaba Espinosa– son escuchados por viejos creyentes que se confunden y escandalizan cuando se trata de detalles de la crisis en la Iglesia hoy. ¿Cómo manejar esas noticias sin hacer daño? ¿Publicarlas? ¿Silenciarlas?”.
Restrepo cita la Teoría del Periodismo, de Lorenzo Gomis (Paidós, Barcelona, 1997), que enfatiza que hay que informar y no callar, porque “aún el más fervoroso de los creyentes necesita una buena información que le permita entender lo que está sucediendo”. Restrepo diferencia la buena información de aquella que apunta al sensacionalismo, y enfatiza que lo que se expone no debe limitarse “a la cifra estadística o al registro escueto de los hechos; además, los explica”.
Creyentes, practicantes y no creyentes tienen armas para diferenciar entre medios que informan de manera cabal (ayer, la página 38 de este diario es un ejemplo) y los que callan deliberada o tácitamente.
Error. El pasado domingo, el epígrafe que ilustró la columna de este ombudsman fue mal corregida en la edición, cambiándole así el sentido. El original enviado decía: “Accidente, no. La trágica muerte de De la Sota fue resultado de la imprudencia, acierta una lectora”. Lo publicado fue inverso: “ACCIDENTE. Trágica muerte…”. Una coma y un adverbio menos, jugaron en contra.
