Corrupción proviene del latín corruptio. El prefijo “con” significa “junto”, el verbo “rumpere” es “hacer pedazos” y el sufijo “tio” es la “acción y efecto”. En síntesis es la acción y efecto de corromper, depravar, echar a perder, sobornar, pervertir, dañar. Nada positivo.
Existen equívocas posiciones que sostienen que crecimiento económico y corrupción son cuestiones disociadas y que una no afecta a la otra. Por el contrario, creemos que los flujos de dinero ilegal que circulan en la economía mundial son de tal magnitud que otorgan un poder corruptor letal generando dominación, dependencia y contaminación.
Dominan porque ya demostraron ser capaces de doblegar la voluntad republicana. Contaminan ya que logran acallar hasta a los más decentes. Y generan dependencia porque las economías desarrolladas necesitan financiamiento acudiendo quizás, sin saberlo, a dichos flujos.
Frente a un PBI mundial estimado en unos 75 billones de dólares (millones de millones), distintas organizaciones cuantifican los flujos generados por ciertos delitos comúnmente llamados “graves”, en aproximadamente un 20% de dicho PBI, afectando obligadamente a la integridad financiera global (ver infografía).
Ahora bien, esos mercados sólo prevalecen en tanto exista el peor y más dañino de todos los mercados ilegales, que es el de la compra y venta de voluntades, de públicos y privados. Esto genera un entorno de corrupción en las sociedades lo que afecta la transparencia y el sano funcionamiento de cualquier economía.
Al hablar de corrupción no debemos sólo pensar en el uso indebido de fondos públicos por parte de un puñado de funcionarios de turno. El problema es mucho más generalizado ya que, por caso, organizaciones de las características del narcotráfico logran instalarse en una jurisdicción a fuerza de corromper. Se compran, entre otras, la voluntad de quien tiene la responsabilidad de controlarlos como también de aquellos más vulnerables y que son funcionales a sus necesidades logísticas.
Consecuencias económicas. Un sano clima de negocios se crea con crecimiento y reglas claras y ambas condiciones son afectadas en un entorno corrupto. El capital no especulativo es atraído cuando encuentra renta y en tanto la misma se pueda sostener. En un entorno corrupto dicha renta se ve afectada porque hay un costo adicional y deja de dar garantías de permanencia por la inestabilidad de las reglas de juego que pueden cambiar conforme haya un mejor postor. Enumeramos a continuación algunas otras consecuencias directas:
Debilita la capacidad del Estado de recaudar impuestos y los controles sobre el gasto público.
Desalienta el desarrollo y la inclusión financiera como así los procesos de recuperación de deudas.
Incrementa el costo y la reducción de la calidad de la inversión pública.
Perjudica el acceso de los países a los mercados crediticios internacionales ya que la incertidumbre aumenta el costo de capital.
Asfixia la productividad desviando la asignación de los recursos productivos.
Limita el desarrollo de buen capital humano por falta de inversión en educación promoviendo la emigración del talento.
Respuesta local e internacional. Las relaciones entre los países se encuentran cada vez más condicionadas por los temas de agenda negativa siendo las políticas anticorrupción una de las prioridades. Muestra de ello es el aún no suscripto Tratado de Libre Comercio de América del Norte, conocido como Nafta, donde la discusión de cláusulas incorporadas en esta materia retardan la renovación del acuerdo, ya en la era Trump.
En ese marco viene al caso referenciar, entre otras iniciativas, el documento Recommendation of the Council for Development Co-operation Actors on Managing the Risk of the Corruption, publicado por la OCDE en 2016, el cual insta al mundo corporativo a aplicar políticas de administración de riesgo e implementar los conocidos programas de integridad para evitar verse involucrados en estas acciones.
También consideramos relevante el documento del FMI, del mismo año pasado, Corruption: Costs and Mitigating Strategies, donde aparte de realizar un claro decálogo de las consecuencias económicas de este delito, extractadas en parte en el presente artículo, da cuenta de ciertas recomendaciones para los gobiernos a fin de mejorar los niveles de transparencia, fortalecer el Estado de derecho, darle credibilidad a las instituciones y mejorar ciertas regulaciones que le dan marco a las relaciones económicas y financieras.
A nivel local destacamos la necesidad de contar con el tan discutido proyecto de ley, con reciente aprobación del Senado, sobre responsabilidad penal para personas jurídicas por delitos de corrupción. Esto impone al mundo empresario la necesidad de adoptar formas de organización para prevenir este tipo de hechos y no incurrir en conductas punibles. Sólo si establecen correctos programas de integridad y demuestran una actitud proactiva para impedir la ocurrencia de un hecho irregular o para investigarlo en caso que acontezca, habrán de estar exentos de responsabilidad.
Apelamos a la prudencia y sentido común del legislador para que dicha norma cumpla con el estándar global recomendado y nos facilite el camino para que nuestro país logre ser miembro pleno de la OCDE, porque tener dicha ley es requisito esencial para detentar tal condición.
Al respecto, el papa Francisco ya nos advirtió que “la corrupción no es un vicio exclusivo de la política. Existe también en las empresas, en los medios de comunicación, en las iglesias, en las organizaciones sociales y los movimientos populares” (...) “es la peor plaga social y está generada por la adoración del dinero y vuelve al corrupto, prisionero de esa misma adoración. Es un fraude a la democracia, y abre las puertas a otros males terribles como la droga, la prostitución y la trata de personas, la esclavitud, el comercio de órganos, el tráfico de armas, etc.”
Tales importantes reflexiones nos permiten aseverar que si no desterramos lo que podemos dar en llamar el mal de todos los males, cualquier crecimiento económico que logremos conseguir siempre será de coyuntura y nunca habrá de convertirse en un verdadero desarrollo sustentable.
