Implosión política

Una particularidad del sistema de poder “K”, detectada por los analistas internos y externos después de su derrota estratégica en el conflicto con el campo, es que mientras el Gobierno se mantiene relativamente inactivo logra mantener sus índices de imagen positiva y, en cambio, cuando retoma la iniciativa comienza nuevamente a caer. El problema es que esa inactividad gubernamental no puede mantenerse durante mucho tiempo. Acicateado por la crisis financiera internacional, Néstor Kirchner ha retomado la iniciativa, con la anunciada estatización de los fondos de las AFJP. Las consecuencias se hicieron sentir rápidamente. El alza del dólar, el retiro de depósitos bancarios, la caída de las cotizaciones en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y en Madrid, así como el fenomenal incremento de la tasa riesgo-país, que se acerca a la existente en el final del gobierno de Fernando de la Rúa, son indicios de que la decisión “K” lleva a una reanudación de la crisis política. La peculiaridad de esta crisis, en este sentido similar a la desencadenada por la resolución 125, es que no es el resultado de la acción de laa oposición política, sino del choque del gobierno con la realidad, planteado, como siempre, para ganar consenso político, como una cruzada épica contra un enemigo imaginario, enderezada a embellecer el “relato oficial”. En el conflicto con el sector agropecuario, el oficialismo embistió contra la “oligarquía” y tropezó con la reacción de centenares de miles de pequeños y medianos productores, que encontraron eco para su reclamo en la opinión pública de clase media de los grandes centros urbanos. Esta vez, el Gobierno concentró su ataque contra las AFJP, acusadas de lucrar con el dinero de los futuros jubilados, pero chocó contra la desconfianza de centenares de miles de ahorristas. Allí volvió a sentirse el impacto de la opinión pública sobre el sistema político. En consecuencia, el oficialismo comenzó a tener problemas con el trámite legislativo de la iniciativa. La sombra de Julio Cobos se recortó otra vez sobre el horizonte del Gobierno. El recuerdo ominoso de la derrota política frente al campo se incentivó con la aparición de Alfredo De Angeli en las movilizaciones callejeras contra el proyecto gubernamental. En ese contexto, el oficialismo empezó a tener problemas con el trámite legislativo de la iniciativa. Como ocurrió con la resolución 125, las disidencias internas volvieron a aflorar en la bancada oficialista. Por no ser el producto de la dialéctica oficialismo-oposición, sino del choque entre el Gobierno –sistema “K” de poder– y la realidad, la tendencia de los acontecimientos apunta hacia una crisis por implosión. En este caso, conviene orientar otra vez la mirada hacia lo que suceda en el peronismo territorial, tanto en el nivel de los gobernadores como de los intendentes, actores inevitables, probablemente decisivos, de la próxima fase de esta crisis política en marcha. Al respecto, resulta conveniente seguir con mucha atención la reciente nueva vuelta de tuerca en la cuestión de la seguridad ciudadana, elevada desde hace mucho tiempo al primer lugar de las preocupaciones de la opinión pública, en particular en el Gran Buenos Aires. Las movilizaciones en San Isidro, La Plata y otras localidades bonaerenses obligaron a Daniel Scioli a diferenciarse del Gobierno nacional y plantear la necesidad de una reducción de la edad de imputabilidad penal. Esta propuesta fue rechazada públicamente por Cristina Fernández de Kirchner. No es una discrepancia de menor cuantía: en el tema que más preocupa a la opinión pública y en el territorio estratégicamente decisivo de la provincia de Buenos Aires, donde Néstor Kirchner amaga jugar a suerte y verdad su destino político, aparece ahora una clara fisura entre la Casa Rosada y el gobernador del primer estado argentino. Esto revela elocuentemente hasta qué punto puede llegar la implosión del sistema de “K” poder.

*Analista político.