“La inocultable falta de confiabilidad del índice de precios al consumidor (IPC) calculado por el INDEC ha privado a la sociedad de una herramienta fundamental para conocer la verdadera situación económica del país(..) En estas circunstancias, los principales perjudicados son, una vez más, los trabajadores que carecen de elementos para conocer con precisión las variaciones del poder adquisitivo de sus salarios”. (CENDA, marzo 2011).
No hace aún tres años, el grupo de economistas liderado por el actual ministro del área presentó, en un áspero documento, su propia estimación del índice de precios, realizada a partir de los datos producidos por las oficinas de siete provincias que todavía mantenían cierta autonomía respecto del INDEC.
Desde entonces pasaron muchas cosas. Varias provincias dejaron de hacer sus estimaciones independientes. El grueso de los integrantes de aquel Centro de Estudios ha pasado a diversas funciones en los más altos niveles de gobierno, incluido el propio director. Sin embargo, la cúpula responsable y más visible de esa destrucción de las estadísticas públicas se sentó junto al fundador del CENDA para explicar las bondades del nuevo indicador.
Atrás quedaron los duros argumentos derivados del trabajo de las cinco universidades públicas convocadas en 2009 por el Gobierno Nacional para evaluar la acción oficial en materia estadística. En síntesis, lo que se decía en ese informe del CAES era que no se trataba de una cuestión metodológica sino de la calidad y verosimilitud de los datos que se cargaban. Pero en lugar de tomar en consideración esas críticas (ni siquiera de discutir con ellas!!) se optó por el peor de los procedimientos: el archivo directo, el silencio, la negativa a la más básica polémica que se debe una sociedad democrática.
Poco después se “invitaba” a otras universidades a acompañar al gobierno en la tarea de generar un nuevo indicador. En el medio y luego de acusar el golpe representado por las críticas de los organismos internacionales, como el Fondo Monetario Internacional, y manteniendo un modo de afrontar el problema (en realidad, de crearlo) basado en el desconocimiento de todo sector y saber de dentro y de fuera del INDEC, se ha dado a conocer un nuevo indicador “como si aquí no hubiera pasado nada”.
Han sido siete años de malversación deliberada y sistemática de las condiciones de las que hablan las estadísticas públicas. Han sido siete años en los que el empeño en tapar la inflación funcionó de modo perverso, alimentándola, con el agregado de que la devaluación al ritmo del falso índice de precios generó un enorme atraso del tipo de cambio, cuyas consecuencias se intentan tardíamente afrontar.
Se argumenta que este índice es mejor que el anterior aunque quienes producían índices alternativos hayan sido administrativamente sancionados por la Secretaría de Comercio, como el consultor hoy extrañamente rescatado en el último discurso presidencial. Ese anterior IPC que fue defendido hasta ahora por las autoridades nacionales correspondía al área metropolitana. Hubo un índice que aspiraba a ser de orden nacional pero fue desafectado sin mayor explicación en 2008. Hoy se presenta uno nuevo que, se sostiene, refleja los cambios a nivel promedio de todo el país. Una vez más, idas y vueltas sin explicación ni justificación. La secuencia argumental que trata de estructurar el discurso oficial sería más o menos así: “Estaba todo bien (no había inflación, el país crecía, mejoraba el ingreso), vinieron los enemigos y nos obligaron a devaluar, eso provocó este “gran” aumento de precios en enero. Pero pese a los pescadores de río revuelto, vamos a seguir bien y volveremos a la normalidad. El tema en sí del deterioro de los ingresos fijos ya veremos cómo se encamina.” ¿Se podrá sostener ese razonamiento sin ruborizarse? Hace unos días, a propósito de esto, el Dr. Aldo Ferrer sostuvo que lo más importante es evitar que el río esté revuelto dado que pescadores de tal tipo hay siempre. Sencillo y contundente.
El ciudadano común se pregunta, cómo puede hablarse de un aumento en enero respecto de diciembre considerando que en varias provincias se venían arrastrando valores más realistas y fuertemente diferentes de los publicados hasta el mes pasado por el INDEC? ¿Por qué todo esto debía de ser hecho en el mayor de los secretos? ¿Por qué era información desconocida para nosotros pero –según se informó- sí era conocida por el Fondo Monetario? ¿Por qué no se conoce ningún documento con las pruebas, el empalme, etc.?
Cuando se instituye un nuevo indicador es necesario proporcionar los datos de un período no pequeño que debe ser la base de la realización de las tareas de empalme. Pero, ¿cómo puede empalmarse una supuesta serie buena (la nueva) con una indudablemente inservible (la vieja)? De esas cuestiones “menores” no hubo mención en la presentación oficial. Demasiadas oscuridades para iniciar una nueva etapa
* Director del CEPED/UBA.
