“Prohibido pronunciar la palabra inflación.” Esa es la orden que bajó a sus funcionarios el matrimonio presidencial. Por lo tanto, cada vez que alguien habla de eso, las espadas mediáticas del Gobierno deben salir a negarlo y a defenestrar a la persona que pronuncia la palabra maldita. Obvio que no a todas las personas: así, por ejemplo, si el que habla de “la inflación” es Julio Cobos le toca al ministro del Interior, Florencio Randazzo, tratarlo de “mentiroso”. Pero si el que dice exactamente lo mismo que el vicepresidente es Hugo Moyano o el gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, un hombre K, nadie del oficialismo osa decirles nada. Claro que abajo está la gente que no necesita que ningún funcionario gubernamental le cuente la realidad, ya que esa verdad la vive a diario cuando va a hacer las compras. Allí las góndolas de los supermercados enflaquecen cada día un poco más los bolsillos de los consumidores. Es por ello que los obispos han decidido ponerse a trabajar en la elaboración de un documento en el que se exponga esta realidad. La idea es que coparticipen de su firma tanto empresarios como representantes de los trabajadores. Los efectos deletéreos que sobre quienes menos tienen produce la inflación es algo que la Iglesia conoce muy bien. Las demandas sobre Cáritas siguen siendo incesantes, y no sólo por parte de personas que no tienen trabajo sino también de muchos otros que, aun cuando se desempeñan en algún empleo, no llegan a fin de mes. El nivel de asistencialismo que se requiere en la Argentina es altísimo y es la consecuencia de una gran desigualdad social que sigue sin achicarse significativamente. Y este no es sólo un problema de este gobierno. Lo criticable de esta administración es su obcecación en creer que, por el camino que vamos, sin acuerdos políticos básicos que permitan cambios estructurales del modelo económico vigente, llegaremos al paraíso.
A pesar de conocer esta realidad, los gobernadores oficialistas que en Olivos compartieron el almuerzo con el matrimonio presidencial el lunes pasado, decidieron no abrir la boca. Allí la Presidenta les pasó facturas por lo que ella entiende que es una defensa débil de su gestión. El resultado de ese encuentro, en el que el Gobierno volvió a usar la metodología de apropiarse de los temas de sus adversarios con la finalidad de neutralizarlos, fue de suma cero. En esta ocasión el tema fue el de la ley del cheque y su derogación a futuro. “En realidad lo que la mayoría de los gobernadores quiere no es la derogación del impuesto sino una redistribución diferente, más equitativa y menos discrecional”, confiesa el asesor de uno de los mandatarios provinciales que no salió contento de Olivos pero que se mantendrá leal a los Kirchner. Lo mismo que con la Ley del Impuesto al Cheque ocurrirá con la de Coparticipación; el ex presidente en funciones la anunciará esta semana como un proyecto a discutir, en la seguridad de que esa ley nunca saldrá durante el gobierno que comparte con su esposa.
De lo ocurrido en esa reunión con los gobernadores oficialistas se desprende claramente que ni la Presidenta ni su esposo tienen la más mínima intención de soltar la caja. “Es que sin caja no hay proyecto presidencial posible”, ratifica una voz del kirchnerismo. Y el desvelo, tanto de Néstor Kirchner como de su esposa, pasa por el 2011. En el ideario del matrimonio presidencial anidan dos aspiraciones: una, de máxima, es la de Néstor Kirchner como futuro presidente de la Nación; la otra, de mínima, ante un eventual triunfo de Julio Cobos, es la del hoy ex presidente en funciones como jefe de la oposición. “Saben que cualquier otra circunstancia los dejará a la intemperie y eso les traerá consecuencia políticas y judiciales adversas”, agrega esa misma fuente.
Desde ese punto de vista, la semana que pasó fue buena para el Gobierno. El fallo de la Sala IV de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo le permitió destrabar el uso de reservas del Banco Central y avanzar con la reapertura del canje de deuda que se intentará oficializar el próximo 14 de abril. Esta vez, por lo tanto, la Presidenta no habló del partido judicial. Es que para ella los jueces que dictaminan a favor del Gobierno son honestos, probos e independientes, y quienes lo hacen en su contra son deshonestos y están comprados. Claro que hay magistrados deshonestos; un ejemplo de ello es el del destituido juez federal de Zárate-Campana, Federico Faggionato Márquez. El problema es que al Gobierno sólo le preocupa la deshonestidad de los que dictan sentencias que le son adversas.
La salida del default es un asunto que, salvo en los sectores de la izquierda, es reconocido como fundamental para buscar la reinserción de la Argentina en el mundo. Fue una de las ideas con las que inició su gestión Martín Lousteau, el primer ministro de Economía de Cristina Fernández de Kirchner. Por ende, sólo un gobierno con una filosofía basada esencialmente en la confrontación permanente ha transformado un tópico en el cual habría podido lograr acuerdos con buena parte del arco opositor, en otro en el cual lo que abunda es el enfrentamiento sin cuartel. “Hay un hecho que explica esto: tales acuerdos habrían dejado al descubierto la necesidad de sincerar el Presupuesto 2010, un dibujo que, sin el aporte de las reservas del Banco Central, no cierra. Y ese sinceramiento es algo que el Gobierno no está dispuesto a conceder”, cuenta una voz del oficialismo que el lunes pasado, con gran euforia y llenándola de elogios, saludaba a la Presidenta en Olivos.
La ecuación política de suma cero que hoy experimenta la Argentina tiene su otra pata en la oposición, cuyo problema principal, que comparte con el Gobierno, es no haber comprendido el mensaje de las urnas de la elección del 28 de junio pasado. Producto de esto es la poca capacidad que ha demostrado tener, hasta aquí, para generar acuerdos mínimos que sirvan de base para llevar adelante el rol que le corresponde en un gobierno democrático: el de control. Y por ese resquicio el matrimonio presidencial avanza sin pausa y con prisa en la concreción de su objetivo de máxima: el de paralizar al Congreso, cosa en la que hasta el momento viene siendo exitoso.
En la oposición, además, hay varios dirigentes que se comportan como si ya fueran los candidatos para una elección en la que creen que ganarán con comodidad. Al actuar así, cometen un doble y grave error de apreciación: el primero es el de subestimar a Néstor Kirchner; el segundo, el de no darse cuenta de que el exceso de personalismos produce, en aquella porción de la población que busca alternativas al kirchnerismo, un alto nivel de frustración, porque denota la misma falta de vocación por generar acuerdos mínimos que se le critica al matrimonio presidencial.
La fragmentación de la oposición es uno de los objetivos del oficialismo, y en eso, quien trabaja a destajo es Néstor Kirchner. Cuenta para ello con la ayuda inestimable de varios de sus más enconados adversarios.
Es por ello que, en la semana que pasó, reapareció con fuerza el recuerdo de la figura de Raúl Alfonsín. A un año de su fallecimiento, la imponente manifestación que se produjo durante sus exequias fue un claro mensaje enviado por parte de quienes, aun discrepando con su gobierno, valoraron su honestidad, su voluntad de acuerdo y su vocación de tolerancia en aras de la construcción de una sociedad plural. Es un mensaje que una parte importante de la clase política argentina aún demuestra no haber comprendido.
Producción periodística: Guido Baistrocchi.
