El gran escollo a sortear para la derecha conservadora, resuelto parcialmente en el Parlamento por la coalición PRO-UCR y sectores muy minoritarios del PJ, era sin duda la ampliación de la cobertura previsional que supuso durante el lapso de una década de las gestiones kirchneristas la incorporación al sistema de 3,5 millones de nuevos jubilados que habían sido negreados o desocupados en su trayectoria activa, lo que les impedía realizar los aportes de ley.
En efecto, al asumir Néstor Kirchner en el año 2003 los sucesivos gobiernos neoliberales bajo diversos formatos de régimen desde el año 1976 –en rigor todos los gobiernos, con excepción del mínimo “momento Grinspun” en los albores del alfonsinato– habían llevado la informalidad laboral desde el 12% medida en octubre de 1975 al 50% observada en mayo de 2003.
Este tsunami de informalidad –producto fundamentalmente de la desindustrialización y el ataque a la legislación protectora– supuso que tras las cuatro oleadas neoliberales y tras la crisis del año 2001, ya el 47% de los ciudadanos en edad de jubilarse no lo podían hacer por estar desocupados –desde mediados de los años 90 la media de desempleo supero el 15%) o informalizados, sin aportes previsionales en su trayectoria laboral–.
La solución que planteó el kirchnerismo fue diseñar el sistema de moratorias previsionales para los que estaban fuera del sistema, gran política distributiva que impactó fundamentalmente en hogares vulnerables de clase media baja y baja, que permitió llegar a una cobertura previsional del 95%, récord en Latinoamérica, circunstancia juzgada “inviable, insostenible e inconsistente” por la derecha conservadora que hoy nos desgobierna y de paso ya ha reiniciado el ciclo de aumento de la informalidad laboral, como es su costumbre.
Entre el tercer trimestre de 2016 e igual período de 2017, el porcentaje de los asalariados “sin descuento jubilatorio” subió de 33,8& al 34,4%, según datos del Indec, por lo que los trabajadores informales ya llegan a 4,8 millones.
Al respecto señala el periodista Ismael Bermúdez, groseramente atacado al publicar las cifras de informalidad por el diputado macrista experto en globalización y mecánica del automóvil Fernando Iglesias, más conocido como #volvealvoley
“En la principal región del país –Capital y GBA– el empleo en negro subió del 33,7% al 34%, pero trepa al 37,1% en el conurbano bonaerense. Y alcanza los máximos del 45,7% en Salta, 43,7% en Tucumán y 42,7% en Santiago del Estero. En la Ciudad de Buenos Aires, en un año aumentó de 20,8 a 23,6%”. O sea, una pinturita.
Así las cosas, con la sanción del ajuste previsional se inició el camino no solo de pérdida del poder adquisitivo de jubilaciones y pensiones, sino que se retomó el nefasto sendero de caída en la cobertura previsional, congelamiento de la pauta distributiva, asociando pensiones y jubilaciones al ritmo del mero aumento de precios y extensión de la edad de jubilación a los 70 años para el hombre y 65 años para la mujer.
El nivel de rechazo al ajuste previsional es profundo y transversal sobre diversos segmentos sociales, y supera el 68% según el relevamiento de la Consultora Analogías, lo que da lugar a un amplio colectivo de oposición ciudadana que la coalición conservadora decidió desconocer a la hora de darle el sí al ajuste propuesto por el presidente Macri.
En efecto, mientras en el “Palacio Legislativo” los diputados oficialistas y opooficialistas aprobaban el ajuste previsional, en la calle las fuerzas represivas infiltraban columnas opositoras y castigaban sin proporción alguna la protesta social, que culminó en la noche del lunes con un extenso cacerolazo en todo el país que perforó incluso la base electoral del macrismo, y la coalición conservadora quedó descolocada frente al notable volumen de la protesta. ¿Participaron ustedes, estimados lectores de PERFIL, o “le dan tiempo a Mauricio” y esperan unos meses más?
