Es la consigna del momento. No se conseguirá nada de lo que los ciudadanos exigen como perentorio –fin de los caprichos de un Estado nacional en manos privadas de bandas de aventureros y cleptócratas, ineficiencia judicial, corrupción policial, hacinamiento carcelario, caóticas políticas de salud, seguridad, energía, recursos naturales mineros, distribución de la riqueza, agricultura, ganadería, comercio, estadísticas, previsión social, expropiaciones arbitrarias de jubilados y a los usuarios del espacio público–, mientras la política siga en manos de los políticos sin una supervisión idónea y una severa vigilancia de los ciudadanos. La Constitución nacional vigente es producto de un oscuro acuerdo de alternancia –el llamado Pacto de Olivos– que habrá que revisar. Mientras tanto, las leyes electorales y las que regulan el funcionamiento de los partidos penan transgresiones como las diarreas monetarias de De Narváez y Kirchner; deben derogarse en lo que, según me acaba de decir un dirigente indignado en respuesta a mi comentario, sería un “verdadero golpe de Estado civil”. En buena hora: harían falta muchos golpes de Estado civiles para prevenir los golpes de Estado de otros orígenes que la profundización de la crisis institucional llevará a que la gente los reciba –una vez más– con embobados aplausos. Le digo al político que un tercio del padrón ha repudiado la votación de junio con votos en blanco, anulados y ausentismo y él me habla de los muertos. Que “hace veinte años que no se actualizan las defunciones”, dice, y yo le digo que eso explica dos cosas: por un lado, un siete por ciento de ausentes, y por otro, la voluntad del sistema político por mantener un stock de muertos en condiciones de votar y hasta de renovar su DNI en las circunscripciones que los “vivos” pueden manejar a su gusto la administración pública, es decir, en la mayoría de las circunscripciones del país. Las leyes le niegan licencia de conducir a los menores, a los epilépticos y a los no videntes, pero les permite participar en el juego del poder a sujetos de peligrosidad probada y consensuada por el ochenta por ciento de los ciudadanos que votaron en su contra. Claro que no hay un comité médico habilitado para eliminarlos. Para eso están las internas abiertas. En los pocos momentos del año en los que me siento democrático opino que los partidos tienen derecho a presentar sus candidatos, siempre y cuando reúnan las condiciones formales para serlo y representen corrientes de opinión interna, pero que la población –afiliada o no– merece su derecho a inhabilitar a los que considere réprobos.
