Instituciones de la República operadas por representantes elegidos democráticamente acaban de conceder una doble jubilación de privilegio a uno de sus colegas, también “representante” del pueblo. Esto significó otorgarle el privilegio de percibir 2.500.000 pesos por mes, al tiempo que millones de ciudadanos que son parte importante del pueblo que gobierna (según lo que enseña la teoría democrática) percibían como jubilados unos 25 mil pesos por mes (un 1% de lo que reciben su “representante”). Todo en medio de una situación social donde la mitad de los argentinos viven en la pobreza.
No se trata de un hecho aislado o una excepción en la práctica concreta de esta forma de gobierno. A los muchos ilícitos que cometen los representantes del pueblo apropiándose de fondos públicos (de lo que debería ocuparse la Justicia, pero que no lo hace por haber quedado comprometida por sus lazos con los otros Poderes del Estado) se suman los muchos privilegios autoconcedidos por nuestros representantes constitucionales: buenos salarios; jubilaciones especiales; nombramiento de empleados públicos de diferentes rangos en pago de favores personales o para ubicar a parientes y clientela política sin que el funcionamiento del Estado los requiera; uso de los bines públicos como propios; viáticos y varios otros que bordean la legalidad.
Abusos que estaban claros en el funcionamiento del Poder Ejecutivo, pero que ocurren también en el Legislativo. Gabriel C. Salvia en su nota El debate ausente en las elecciones legislativas publicada recientemente en PERFIL destaca que mientras “El Parlamento alemán lo integran 709 diputados y cuenta con alrededor de siete mil empleados, de los cuales la mitad forman parte de los recursos humanos permanentes del “Bundestag”, y la otra mitad ingresa y cesa con cada legislador… en la Argentina cuenta con el doble de empleados respecto al de Alemania: 13.930. En 2018, el Congreso Nacional llegó a tener un total de 16.196 empleados. Y que en el Senado “118 empleados se encontraban en la “Dirección de Automotores”, cuando en países serios solo las autoridades disponen de auto y chofer”. Por otro lado, la información periodística señala que “La Legislatura de la provincia de Buenos Aires cuenta con un presupuesto de $ 17.718 millones y 2.600 empleados, pero el Senado sesionó solo dos veces en el año y Diputados, apenas seis”.
Todo esto afecta el buen funcionamiento del Estado, así como su capacidad para hacer las cosas que son necesarias para que el pueblo tenga educación, salud, trabajo formal bien remunerado, seguridad y protección jubilatoria. Además, a la corrupción que resta recursos públicos para atender todos esos derechos básicos, y al engrosamiento malsano de la burocracia que entorpece el funcionamiento del Estado, debe sumarse otro vicio quizás menos tangible, pero que sin embargo, resulta nocivo porque va carcomiendo la moral, las convicciones y el compromiso de los funcionarios para alcanzar tales objetivos. La literatura nos ayuda con ejemplos de esto; y en nuestro país podemos recordar a Erdosain, el personaje de Los 7 locos de Roberto Arlt, cuando responde que no había pensado que con dinero robado se podían hacer cosas buenas, al ser preguntado por su ropa raída, zapatos gastados y camisa maltrecha pese al dinero extra que había obtenido al quedarse con dinero de la empresa.
Estos ejemplos de mal uso de los recursos públicos por parte de los representantes del pueblo, frente a los niveles de pobreza que produce en los ciudadanos, están por detrás de la constante y creciente pérdida de valoración positiva de la democracia. Con datos del 2018 “Latinobarómetro” revela que solo un 48 % la apoya, para concluir que “estamos constatando los síntomas de una enfermedad, la diabetes democrática, cuya crónica no sólo fue anunciada, sino que lamentablemente continúa su escritura”.
*Sociólogo.
