Hace años que la Ciudad trata de alcanzar la plena autonomía que según nuestra Constitución Nacional le corresponde. Desde la Ciudad creemos que la regulación, administración y fiscalización de los juegos de azar es competencia del Gobierno porteño. Y que los ingresos provenientes de esta actividad así como los tributos pertinentes corresponden a esta jurisdicción.
Pero los operadores de juego y la Lotería Nacional consideran lo contrario. Por ello el tema es discutido en la justicia, la que todavía no se ha pronunciado respecto a la cuestión de fondo.
En el año 2003, durante el gobierno de Aníbal Ibarra, fue celebrado un convenio, todavía vigente por el que Lotería Nacional cedía al Instituto de Juego de la Ciudad una parte del canon que percibía de los operadores por la explotación de las actividades concesionadas antes de que la Ciudad fuese autónoma.
A poco de que el PRO llegara al gobierno, en diciembre de 2008, la Legislatura sancionó la ley 2997 imponiendo a la actividad del juego una tasa diferenciada de Ingresos Brutos similar a la existente en otras jurisdicciones.
Para evitar la aplicación de este tributo, los operadores obtuvieron de la justicia contencioso administrativa federal una medida cautelar contra el Gobierno de la Ciudad, prohibiendo toda actividad tendiente a la percepción de ingresos brutos sobre su actividad. Esta medida cautelar fue confirmada en Cámara y el pasado 24 de septiembre de 2013, la Corte Suprema de Justicia rechazó el recurso de queja en su contra interpuesto por la Procuración General de la Ciudad, por cuestiones procesales (al no tratarse de una sentencia de fondo sino de una medida cautelar, no correspondería la intervención del Alto Tribunal).
De manera que mientras por un lado el GCABA prentedía avanzar en el afianzamiento de su autonomía y en la percepción de tributos sobre la actividad del juego en su territorio, la justicia federal lo impedía. Ante esta situación de hecho, claramente perjudicial para los intereses de la Ciudad y de los vecinos, fue que el Jefe de Gobierno, hace un par de meses convocó a todos los jefes de bloque de la Legislatura para planteandoles las circunstancias, requerir su colaboración y el aporte de iniciativas para mejorar la recaudación.
Aún cuando todos manifestaron públicamente su apoyo a la posición del Ingeniero Macri, no hubo aportes ni ideas concretas provenientes de la oposición. Así, desde la Comisión de Enlace creada por el convenio de 2003, integrada por Lotería Nacional y el Instituto de Juego de la Ciudad, se propuso un incremento en la porción del canón que la Lotería cedería al Instituto y también la creación de un canón suplementario equivalente al 3% de las utilidades (a cargo de los operadores), lo que duplicaría los ingresos que percibiría la Ciudad a partir del año 2014.
Ello sin renunciar a las posiciones asumidas en defensa de la autonomía y la potestad tributaria porteña en las acciones judiciales en curso. Sin condonar ninguna deuda pasada. Sin que lo pactado pueda aplicarse retroactivamente. Sin otorgar derechos adquiridos para el futuro. Sin renunciar a ningún derecho ni potestad tributaria. Sin renovar ni prorrogar el convenio original, celebrado en 2003, y que vence el 30 de octubre de 2015.
La addenda al convenio, que tendrá la misma vigencia que este, establece que mientras la Lotería Nacional pague al Instituto de Juego, el incremento en la participación del canon y el canon suplementario (lo que a valores de 2013, mejoraría la recaudación en más de 300.000.000 de pesos), la Ciudad renuncia a percibir de los operadores cualquier tributo especial que grave el juego (Ingresos Brutos). Si Lotería dejara de pagar el incremento o los operadores el canon suplementario renacería el derecho de la Ciudad a cobrar impuestos por los períodos impagos. Pero también la addenda establece que si la Ciudad pretende en el futuro cobrar Ingresos Brutos al juego, el incremento en la cesión del canon original y el canon suplementario dejarían de percibirse.
Esta addenda al convenio, que fue ratificada por la Legislatura de la CABA, mejora notablemente la recaudación sin perjudicar la posición en los juicios en trámite, sin condonar las deudas que pudieran existir (que todavía no fueron determinadas debido a la situación legal) y sin comprometer las decisiones futuras.
Si la justicia federal termina otorgando la razón a los operadores del juego y a la Lotería Nacional, habremos logrado duplicar los ingresos provenientes del convenio original. Y si, como esperamos, termina otorgando la razón a la Ciudad, esta podrá reclamar la deuda que se determine por los períodos anteriores a enero de 2014 y a partir del fallo judicial comenzar a cobrar el impuesto de Ingresos Brutos a los operadores.
*Vicejefa de Gobierno de la Ciudad.
