La crisis de credibilidad de la Justicia explica que el fallo que condenó a Cristina Kirchner no signifique una verdad definitiva para una mayoría absoluta de la sociedad.
Los millones que la consideran corrupta no necesitaban un fallo que lo probara. Los millones que la creen inocente no necesitan leer los miles de fojas en busca de pruebas: coinciden con su líder en que se trata de un pelotón de fusilamiento que no buscó la verdad sino la venganza.
Más allá de los efectos reales que vaya a tener este fallo en caso de ser ratificado por todas las instancias, no va a cumplir el objetivo de servir como condena social generalizada. Porque para unos ya estaba condenada socialmente. Y para los otros jamás será culpable.
Esa degradación de la credibilidad judicial es producto de un arduo trabajo al que se han abocado durante años políticos de todas las tendencias y jueces y fiscales que asumieron como propias las demandas y recompensas del poder de turno.
Cuando la vicepresidenta se queja de la relación entre política y justicia sabe de lo que habla, porque antes, durante y después de su gobierno esa relación existió. A veces fue pornográfica, como la mayoría automática que simbolizó la Corte Suprema durante el menemismo (integrada por amigos personales y socios de Carlos Menem). Otras, fue caricaturesca, como la que representaban jueces como Trovato u Oyarbide.
Una recordada encuesta de la revista Noticias, realizada en forma anónima entre jueces y fiscales, demostraba que la enorme mayoría de ellos aseguraba que la Justicia no era independiente del poder político. Jueces y fiscales también sabían de lo que hablaban. La última investigación de la reconocida consultora regional Latinobarómetro indica que la desconfianza hacia la Justicia es una característica en todo el continente. El promedio de quienes confían en ella apenas llega al 25%. La mayoría desconfía profundamente de ella. La Argentina ocupa el anteúltimo lugar entre 18 países (el último es Paraguay), con un nivel de confianza que apenas alcanza al 16% de los encuestados.
La desconfianza no solo se refiere a la relación impropia entre políticos y magistrados, sino a las sospechas de corrupción dentro de los tribunales y corporizadas en jueces enriquecidos en forma inexplicable.
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La mayoría de las causas contra el kirchnerismo que en los últimos años llegaron a los juzgados fueron denunciadas desde 2003 por los medios de editorial Perfil.
Que prácticamente no haya habido jueces, fiscales, medios de comunicación y políticos que durante años les prestaran atención a esos casos, ejemplifica la relación histórica entre Justicia y poderes de turno.
Es cierto que durante esos años de alto crecimiento económico tampoco existió una sociedad conmocionada que exigiera explicaciones. La corrupción recién comenzaría a ser tema cuando ese crecimiento comenzó a desaparecer.
Esta crisis de credibilidad de la Justicia que hace que hasta las causas más probadas sean dudosas, es responsabilidad central de jueces y políticos que lo hicieron posible. Pero también de dirigentes y sectores sociales que lo toleraron.
