La condena por corrupción a Cristina Fernández de Kirchner en el marco de la llamada Causa Vialidad ocurre en un momento muy particular. Genera, por lo menos, el mismo nivel de suspicacias que la filtración de chats privados entre jueces, lobistas y empresarios acusados por el kirchnerismo de “lawfareistas”. Las posiciones antagónicas van a ser defendidas a muerte por ambos bandos, aprovechadas durante el proceso electoral del año que viene en el cual Cristina acaba de confirmar que no participará. Sabe bien que se queda sin fueros pero que igual no enfrentaría el cumplimiento de una condena firme en una cárcel común porque todavía faltan por lo menos dos instancias judiciales, momento para el cual tendrá más de 70 años que le permitirán acceder a prisión domiciliaria. Lamentablemente lo único que parece quedar claro de todo este proceso es que la profunda polarización que atravesamos permanece lejos de ser zanjada y a la vez será exacerbada por los principales actores políticos que desde hace años viven de agitar la grieta.
Es llamativo que durante el juicio contra Cristina, Lázaro Báez y otros 11 acusados por asociación ilícita y administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública resultaba difícil comprender si efectivamente la acusación de los fiscales era absolutamente contundente o completamente disparatada en términos jurídicos, como argumentaba cada parte. Dependía también en gran medida del medio que uno decidía leer para informarse. Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola mencionaron que la evidencia era tal que pesaba toneladas, mientras que las defensas sugerían que no habían podido probar un solo delito durante el juicio y que habían introducido evidencia de manera espuria.
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Negar la corrupción de los años kirchneristas es tapar el sol con la mano. Cuesta imaginar que Lázaro Báez fue en verdad el Warren Buffet de la Patagonia para pasar de cajero de banco a empresario multimillonario y uno de los principales terratenientes de la Argentina con 293 propiedades y más de 400.000 hectáreas. Es inverosímil pensar que el secretario privado de Néstor Kirchner, Daniel Muñoz, era en verdad un as del real estate alla Donald Trump para amasar US$70 millones en propiedades en Estados Unidos y el Caribe, incluyendo no uno, sino dos departamentos en el mítico Plaza Hotel de Nueva York. La misma fortuna de la familia Kirchner resulta sospechosa por más que Cristina se canse de repetir que tiene los mismos bienes que cuando ella y Néstor dejaron el departamento en Recoleta para mudarse a Olivos. Recomiendo leer una gran nota de Mariel Fitz Patrick en la cual analiza la evolución de su patrimonio desde el 2003 a la fecha para entenderlo mejor.
Es también un poco ridículo el uso de la teoría del “lawfare” por parte de Cristina y su seguidores cuando el mismo kirchnerismo manejó al poder judicial y a los servicios de inteligencia a piacere como herramienta política durante la gran mayoría de sus mandatos. Era vox populi que cualquier opositor era espiado a tal punto que era necesario sacarle la batería del celular o subir el volumen de la radio para producir algún nivel de privacidad. Sobreseimientos express en manos de jueces como Norberto Oyarbide fueron un clásico de la “década ganada” incluyendo casos como la acusación de enriquecimiento ilícito, el caso Skanska y la mafia de los medicamentos.
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Ese mismo Poder Judicial pareció “oler la sangre en el agua” cuando se veía que se acababa la era kirchnerista y durante el macrismo avanzó a gran velocidad para juzgar la corrupción del gobierno anterior, con Cristina como objetivo principal. Se percibió un estancamiento durante gran parte del gobierno de los Fernández, con varios pequeños triunfos de la vicepresidenta. Con esta condena la justicia oficialmente califica a Cristina de corrupta justo cuando se está gestando la campaña electoral, lo cual no parece una coincidencia.
Esta misma justicia que parece bailar al ritmo del poder sí aceleró investigaciones de corrupción sucedida durante el macrismo con causas fuertes como Correo Argentino, Parques Eólicos y Autopistas del Sol con la llegada de Alberto Fernández a la Casa Rosada. Hoy parecerían estar en su mayoría empantanadas. En gran parte, Cristina parece tener razón al identificar la justicia sesgada y con clara intencionalidad política como uno de los principales problemas de la democracia argentina, cómo también el hecho de que el gobierno de Macri la utilizó para perseguir a su espacio político. Pero tiene amnesia selectiva al olvidarse que ella hizo exactamente lo mismo, como también lo hizo Carlos Menem. El problema sistémico sería la falta de independencia real del Poder Judicial. Algo parecido podría decirse del Banco Central, por ejemplo. A la vez, la República necesita que ejercer la presidencia deje de ser automáticamente judiciable, pero para eso el poder político no debería ser utilizado de manera espuria.
Estas y las otras causas que acechan a CFK prometen mantenerla a ella y su espacio político en pie de guerra. Su reacción inicial pareció relativamente tranquila, pero si vimos un carpetazo con los chats de Lago Escondido, que ponen en el medio de la escena a varios jueces cuestionados por el kirchnerismo como Julián Ercolini, y obviamente al Grupo Clarín. El “lawfare” y la justicia claramente van a ser actores principales de la campaña presidencial del año que viene.
