Permítame el lector recordar una infantil obviedad: el camino hacia una sociedad justa, inclusiva, sustentable, con eje en la persona humana y respeto por nuestra madre tierra, no es sencillo, ni lineal. La historia lo sabe.
La democracia es –sin dudas– el camino hacia aquella sociedad; la historia también lo sabe. Precisamente por ello es que como modernidad la adoptamos y la institucionalizamos, así es que poco a poco la fuimos construyendo y sistematizando.
En efecto, la democracia además de una forma de vida, una manera de entender el mundo y las relaciones humanas, es también un sistema político y como todo sistema –sea político, informático o de cualquier naturaleza– es siempre en mayor o menor medida inestable, pues por definición todo sistema es dinámico, es decir, fluctúa en torno a diversas variables y circunstancias que lo influyen positiva o negativamente en distintos niveles y medidas.
Aquello que pretendo significar es que la historia genera fluctuaciones permanentes en los sistemas jurídicos afectando su alcance, sus contenidos, su canasta de valores, sus estándares de efectividad y, en consecuencia, el nivel de fortaleza de la democracia.
Por esa razón debemos ir asegurando los logros y las conquistas conseguidas en materia de reconocimiento de derechos.
Al igual que un jugador de videojuegos que a medida que avanza de nivel debe ir guardando sus logros para no tener que comenzar siempre desde cero, el derecho nos ofrece un guardado automático de jerarquía constitucional al que llamamos “principio de progresividad”. Veamos.
El principio de progresividad de los derechos nos impide caminar hacia atrás, estableciendo a medida que avanzamos puntos de no retorno; en otras palabras: por aplicación de este principio constitucional –pues con la reforma del año 1994 fue incorporado formalmente dentro de la Constitución Nacional mediante el artículo 75 inciso 22– el sistema legal no puede experimentar ningún retroceso, cambio o modificación alguna por simple que fuera, que implique una disminución o pérdida de algún derecho ya adquirido cualquiera sea su naturaleza.
Es tal la importancia de este principio dentro del sistema democrático que el derecho internacional de los derechos humanos impone a los Estados tanto realizar y propiciar las reformas necesarias para garantizar la real efectividad de todos y cada uno de los derechos reconocidos, como el deber de abstenerse de tomar medidas con efectos regresivos, cuya implementación reduzca los niveles de alcance y protección de los derechos vigentes.
Como adelanté, el principio de progresividad también denominado principio de “no regresividad” fue incorporado a nuestro derecho positivo a través de la Convención Americana sobre Derechos Humanos la cual en su articulo 26 y bajo el título “Desarrollo progresivo” dispone lo siguiente:
“Los Estados partes se comprometen a adoptar providencias, tanto a nivel interno como mediante la cooperación internacional, especialmente económica y técnica, para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos que se derivan de las normas económicas, sociales y sobre educación, ciencia y cultura, contenidas en la Carta de la Organización de los Estados Americanos, reformada por el Protocolo de Buenos Aires, en la medida de los recursos disponibles, por vía legislativa u otros medios apropiados”.
Para concluir: en el juego de la oca, el poder del dado puede hacerte regresar al primer casillero. La democracia no es un juego, en la democracia no hay dado. En la democracia hay derechos y una Constitución que los garantiza.
*Doctor en Ciencias Jurídicas. Especialista en Derecho Constitucional.
