El Gobierno responsabiliza a las distribuidoras, pero ha sido plenamente cómplice de la desinversión y el incumplimiento permanente de las empresas concesionarias. Cada verano, ante picos de temperatura, los vecinos, comerciantes y productores deben soportar fuertes pérdidas y semanas de sufrimiento debido a los cortes: alimentos y mercaderías que se pudren, ancianos que quedan encerrados al no poder bajar las escaleras, la falta de agua y los trastornos en el cuidado de los enfermos son algunas de las secuelas de la imprevisión y la desidia del Gobierno. En medio del caos, Julio De Vido aparece cada año con la misma cantinela: “Una suba extraordinaria de la demanda ha provocado cortes en el suministro eléctrico”.
Si las temperaturas no superan los 40 grados, no son excepcionales. El Gobierno no previó un crecimiento del 58% en la demanda, ni planificó inversiones en la red de distribución para acompañar el crecimiento del PBI en diez años. Las distribuidoras dicen que han diferido su plan de inversiones por el congelamiento tarifario que les ha impedido obtener créditos, siendo esto también responsabilidad del Gobierno ya que hasta noviembre de 2011 los subsidios eran no sólo para clientes residenciales, sino que bancos, mineras, petroleras, telefónicas y casinos también gozaban del congelamiento.
Ante este cuadro crítico, el gobierno nacional amenazó con hacerse cargo de Edenor y Edesur. Sin embargo, analizando la situación se deduce que una hipotética estatización sólo beneficiaría a los grupos controlantes de dichas empresas (Mindlin y la italiana Enel, respectivamente) ya que ambas son deficitarias, ineficientes, tienen un alto grado de desinversión y un fuerte endeudamiento a corto plazo. Situación plenamente aceptada por el gobierno K.
En los primeros nueve meses de 2013, las pérdidas de Edenor fueron de $ 1.110 millones y las de Edesur de $ 909 millones, dando un margen operativo negativo del 43% para Edenor, y de 40% para Edesur. El 9 de mayo de 2013, la Secretaría de Energía (Resolución 250) les reconoció mayores costos incurridos entre mayo de 2007 y febrero de 2013, por $ 2.238 millones a Edenor y por $ 2.143 millones a Edesur. Con la acreditación de estos montos, las empresas pudieron cancelar sus deudas con el Estado por el Puree (Programa de Uso Racional de la Energía Eléctrica) y compras de energía eléctrica a Cammesa.
Pero los niveles de desinversión e incumplimiento eran manifiestos mucho antes de mayo de este año, siendo éstas las razones ahora esgrimidas para rescindir las concesiones. Entonces, ¿por qué otorgarles a empresas altamente deficitarias, ineficientes e incumplidoras estas condonaciones de deuda con el Estado nacional para luego pretender estatizarlas? La historia se repite: el Estado se hace cargo de las deudas de las prestadoras de servicios. ¿Hasta cuándo seguirán los beneficios millonarios a la “patria subsidiada”? La corrupción, como vemos, también se lleva nuestra energía.
(*) Senador Nacional. Proyecto Sur/UNEN.
