Si usted sospecha que la corrupción sigue siendo un problema grave en la Argentina y que no hay voluntad política para combatirla, entonces es probable que esté en lo cierto: un informe de una reconocida organización no gubernamental revelado esta semana a PERFIL advirtió que nuestro país incumple sus compromisos internacionales en la materia, mientras que el descrédito en ascenso de entidades oficiales que combaten el pago de coimas y sobornos está causando una fuerte caída en la cantidad de denuncias recibidas.
“Argentina suscribió en las últimas décadas compromisos cada vez más sólidos en materia de lucha contra la corrupción y eso implica que tenemos que adecuarnos a ciertos estándares; pero no logramos satisfacerlos, así que claramente estamos en una situación de incumplimiento de lo que el país se ha comprometido”, resumió en diálogo con PERFIL Luis Villanueva, de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), a cargo del informe.
El documento, titulado “Mecanismos para la denuncia de hechos de corrupción”, asegura que pocas cosas han cambiado en el país en materia de corrupción en los últimos años, aun pese al proclamado “cambio institucional” que prometió Cristina Fernández. La crítica central de ACIJ es, sin embargo, no tan difícil de cumplir: que sean abiertas oficinas para poder denunciar hechos de corrupción. Sin ellas, es “prácticamente imposible” investigar, perseguir y sancionar esas prácticas.
La carencia se da en especial en la Justicia y en el Congreso, ya que el Poder Ejecutivo tiene dos estructuras que reciben denuncias e intentan combatir la corrupción: la Oficina Anticorrupción (OA) y la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA). Estas oficinas son recomendadas en la Convención Interamericana Contra la Corrupción, y las convenciones de la OCDE y de Naciones Unidas, todas rubricadas y ratificadas por la Argentina con “rango constitucional”.
El incumplimiento de nuestro país no es insignificante: “Esas convenciones están asentadas en la Constitución Nacional y tienen un rango superior al de las leyes nacionales”, dijo a PERFIL el constitucionalista Gregorio Badeni, por lo que es posible que Naciones Unidas u otra entidad “haga alguna recomendación o reclamo” por el incumplimiento, aunque “sin llegar a ser una obligación”.
El informe de la ACIJ busca aportar una “mirada independiente” del problema, ya que a la Argentina la controlan otros países de la región, y, como esas naciones también la incumplen, en general los reclamos son muy laxos, explicaron a este diario desde el tercer sector.
Además de oficinas específicas para denunciar hechos de corrupción en la Justicia y el Congreso, el documento advierte que es necesario aprobar un régimen para la protección de testigos de casos de pagos de sobornos, que garantice a los que denuncien no perder su empleo ni que sean perseguidos. Villanueva explicó que “también hay que cambiar la cultura sobre el tema, por la que ahora parece que el que habla es tratado como buchón”.
En la actualidad, el Ejecutivo protege a testigos sólo de delitos federales, como narcotráfico y secuestros, “pero no hay garantías para quienes denuncian hechos de corrupción”, dijeron desde la ACIJ. La desaparición del testigo Jorge Julio López muestra el nivel de eficacia de ese cuidado. Es por eso que las denuncias “anónimas” son la mayoría entre las presentadas en la OA y la FIA, una situación “indeseable”, ya que la falta de una “parte querellante” hace que la Justicia no llegue a buen puerto.
La solución para el problema de los testigos está al alcance del Congreso, luego de que el abogado y profesor Alberto Bovino encabezó una consulta amplia durante el gobierno de Fernando de la Rúa para escribir un anteproyecto de ley sobre el tema. En una entrevista con PERFIL, Bovino recordó que el proyecto fue analizado desde tres puntos de vista: penal, laboral y administrativo, aunque luego por la crisis “quedó en el olvido”. De todas formas, agregó, “estaba destinado a morir igual, a pesar de la crisis”, asegura el profesor de la UBA.
Un proyecto así no podía ser aprobado por un gobierno que luego sería acusado de pagar coimas en el Senado. En efecto, el anteproyecto auguraba la figura del “arrepentido”, que hubiera atenuado el cargo y la culpa de Mario Pontaquarto, quien denunció el pago de coimas y todavía sigue declarando en calidad de procesado.
