Los militares que gobiernan y los líderes políticos que visten uniforme, los duces, generales, coroneles y ayatolás son peligrosos. Ver la escena del presidente Zelaya desalojado del poder por unos uniformados hondureños provocó una indignación continental. La peor democracia es preferible a la dictadura más iluminada, y no se justifica ningún golpe militar en contra de un gobierno democrático. Pero a veces cometemos el error de juzgar con imágenes que producen sentimientos y no con conceptos. Más allá de las reacciones que nos produce esta escena arcaica, vale analizar si el de Zelaya era un gobierno democrático, si un presidente sigue siendo legítimo cuando, habiendo surgido de las urnas, rompe la Constitución. Para que exista la democracia, son indispensables las elecciones pero también una oposición con garantías, independencia de los poderes, libertad de prensa y respeto a las normas.
El tema de la reelección ha sido sensible en la América hispana. A lo largo del siglo XIX muchos presidentes mexicanos se perpetuaron en el poder. El último de ellos, Porfirio Díaz, fue derrocado por el partido Anti Reeleccionista, que inició la Revolución Mexicana, y desde hace cien años en México nadie puede ser reelegido para ningún cargo. La reelección sirvió para que los estudiosos hablaran de “repúblicas bananeras” para referirse a países que parecían hacienda de una familia. Los Somoza gobernaron Nicaragua durante 45 años; los Duvallier, Haití por 29 años; los Trujillo, República Dominicana por 31 años, y los hermanos Castro, Cuba durante 50 años. En Guatemala, la reacción en contra de la reelección fue tan grande que llevó a prohibir que sean candidatos los parientes y afines de los ex mandatarios. La Constitución hondureña, vigente desde hace 27 años, dice que quien ha sido primer mandatario no podrá ser elegido nunca ni presidente ni vicepresidente del país. El artículo 239 dice textualmente que “quien quebrante esta disposición, así como aquellos que lo apoyen directa o indirectamente, cesarán inmediatamente en sus funciones y quedarán inhabilitados por diez años para ejercer una función pública”. En otro de sus artículos, señala que intentar la reelección del presidente se considera traición a la patria. País sojuzgado por militares durante décadas, Honduras logró estabilizarse con esta Constitución.
El año 2005 fue elegido presidente el empresario Manuel Zelaya, que se acercó progresivamente a Hugo Chávez desde la firma de un acuerdo que permitió subsidiar los combustibles del país, hasta ingresar al ALBA, grupo de países liderados por el militar venezolano. Zelaya adoptó el estilo intemperante de Chávez, propio de las dictaduras centroamericanas y caribeñas de siempre: chocó con todas las instituciones del país, con su propio partido, con los de oposición, con el Congreso, atacó a la prensa libre, a la Iglesia Católica, a los militares. Finalmente, siguiendo un libreto aplicado en Ecuador, Bolivia y otros países, quiso cambiar la Constitución para instaurar la reelección. El siguiente capítulo ha sido siempre el mismo: usar todo el peso del Estado para acallar a los medios de comunicación y a la oposición, e instaurar un totalitarismo plebiscitario. Zelaya logró que se unieran en su contra todos, desde el progresista arzobispo de Tegucigalpa hasta el Congreso y la Corte Suprema, que ordenó su detención y exilio sin respetar un proceso jurídico. La degradación de la democracia hondureña ha roto todos los límites. Ninguno de los grupos respeta las normas, y lo único que saben decir es que sus adversarios son peores. Ojalá el diálogo permita superar este conflicto y los hondureños aprendan a vivir en una sociedad democrática, que no consiste en votar y participar de plebiscitos manipulados, sino que se nutre del respeto a la oposición y a la división de poderes, y fortalece la importancia de la libertad de prensa. Ese es un camino que muchos latinoamericanos necesitamos todavía transitar.
*Consultor político de Mauricio Macri y Francisco de Narváez.
