Anunciada como una muy buena noticia fruto de una exitosa gestión, la confirmación de la aprobación del monitoreo que realiza el FMI de un nuevo “desembolso” por US$6.000 millones para aliviar el pago de otras obligaciones y menguar la sequía de divisas con las que viene lidiando el Gobierno durante todo este año. Ese es el monto que el organismo internacional destinará para ayudar al proceso de “consolidación fiscal”. “Si bien se han logrado avances, las condiciones macroeconómicas siguen siendo frágiles y la implementación firme del programa será esencial en el futuro”, comunicó el FMI.
Es decir, en un solo acto se vio cómo la necesidad de tener más dólares a disposición puede venir a contramano de lo proclamado por buena parte de la opinión del círculo rojo oficialista: lejos de “romper” con el Fondo, se da la bienvenida al oxígeno que significa en esta coyuntura una cantidad que se podía drenar en dos meses de venta de reservas. Sobre todo, lo que no queda claro es si el endeudamiento es intrínsecamente nocivo para el desarrollo de la economía nacional porque condiciona su política futura y desplaza la toma de decisiones hacia otros parámetros.
La necesidad de tener más dólares viene a contramano de lo proclamado por el círculo rojo del oficialismo
La discusión pública se suele centrar en lo acontecido durante la gestión de Mauricio Macri, a nivel nacional, pero también es el epicentro de las críticas a cualquier otro gobierno que haya incrementado el capital adeudado. Pero el monto total de las obligaciones no es ni debería ser la única variable para medir si en dicho endeudamiento es o no una buena política. En primer lugar. el objetivo del endeudamiento, que puede ser algo concreto (una obra esencial de infraestructura, la compra de armamento o la ampliación de una inversión de una empresa con participación estatal) o algo menos tangible, como la renovación de préstamos.
En todos esos casos, se cuenta también el costo del endeudamiento y el plazo de vencimiento, que constituye el “perfil” de la obligación contraída en función de la naturaleza del bien o de la inversión. La efímera “primavera” inmobiliaria de 2017/18 mostró que un mercado estancado necesita un canal de financiamiento adecuado para dinamizar todo el sector. No sólo subsidiar la compra de unidades usadas sino fundamentalmente con instrumentos idóneos para acercar fondos para su desarrollo. La precariedad en la vivienda es un fruto directo de esta carencia como la inestabilidad del mercado de alquileres de la alta inflación.
El mercado automotor terminará este año con menos de 400.000 unidades vendidas, un éxito si se tiene en cuenta la demora en la entrega de casi todas las marcas, la imprevisibilidad de los precios y, sobre todo, de la inexistencia de financiamiento por parte de los vendedores a mediano plazo. Tanto que el sistema de los “auto planes” casi tienen sello argentino: son círculos cerrados en el que los propios clientes se van financiando entre sí.
El sector privado tiene un competidor desleal que se lleva todo por delante: el Estado
Las empresas argentinas viven reclamando que es difícil competir internacionalmente con otras que tienen acceso pleno al mercado de capitales o a líneas comerciales que prefinancian sus exportaciones. En definitiva, piden endeudarse más y mejor para no desaparecer del mapa de oferentes.
El problema con el crédito a nivel local no es tanto que agobie a quienes lo contrajeron, sino que el sector privado tiene un competidor desleal que se lleva todo por delante: el Estado. Directa o indirectamente es el que capta el grueso del ahorro privado para que el Gobierno pueda seguir tapando agujeros, proceso que en economía se denomina de “exclusión”: encarece el crédito para los demás o bien directamente inhibe su participación.
En definitiva, la gran sombra de duda sobre cualquier crecimiento del endeudamiento público no es su monto sino la idoneidad y probidad utilizados para tomarlo ya que, usualmente, el que recibe el dinero no es quién debe pagarlo más tarde. Claro, si se asume que las deudas hay que pagarlas o el menos administrarlas sin distinguir quién contrajo el préstamo.
