Según es noticia, la Universidad Popular Madres de Plaza de Mayo se transfiere a la órbita estatal, al área del Ministerio de Justicia de la Nación. Esta iniciativa se complementa con otro conjunto de políticas que impulsa la creación de seis nuevas universidades públicas: tres en el Conurbano (San Isidro, Almirante Brown, Hurlingham) y tres en el interior (Santa Fe, San Luis y Misiones). A esta altura, resulta claro cuáles son los rasgos salientes del gobierno nacional en materia de política universitaria. A diferencia de lo ocurrido en la década de los 90 –cuando el mayor dinamismo del proceso de expansión institucional descansaba en el sector privado–, entre 2003 y 2013 es el Estado nacional el que asume un rol central en la promoción y creación de nuevas instituciones universitarias.
La discusión pública se proyecta desde una perspectiva político-partidaria que vincula la creación de universidades con intereses territoriales y falta de planificación estatal, examinando el escenario de coyuntura. Pero es preciso ir más allá. Incorporar al debate datos sobre el marco normativo-cultural en el que se sitúan y operan las instituciones universitarias puede ser un aporte positivo.
En primer lugar, y en relación con esto, es preciso problematizar la función social de la educación superior como “bien público, social, derecho humano y universal, y responsabilidad del Estado” frente a otras posiciones que la conciben como bien pasible de ser comercializado. Desde este punto de vista, la mayor expansión e intervención gubernamental en el campo de la educación superior se afirma fundamentalmente en dichos valores de responsabilidad pública y social.
La comprensión de esta función social está consolidada en la Declaración de la Segunda Conferencia Regional de Educación Superior convocada por la Unesco en 2008 y 2009.
No obstante, las instituciones universitarias, que deben cumplir con tres acciones específicas: docencia, investigación y extensión, pocas veces dan cuenta de un efectivo involucramiento social e investigativo con su entorno. Antes bien, prevalece la función de enseñanza con estructuras académicas atractivas para una creciente y diversificada demanda. En este sentido, la discusión actual no puede descuidar el aporte directo que las instituciones públicas deben a la sociedad.
En segundo lugar, cabe una reflexión transversal sobre la calidad –en términos de pertinencia y conveniencia– de la formación universitaria.
¿Por qué interpelar esta política que a simple vista parece reparadora?
En la Argentina la creación de instituciones públicas está regulada por la vigente Ley 24.521/95 que dispone su dependencia jurisdiccional en el Ministerio de Educación de la Nación. Además, se estipula que para funcionar deben atenerse a estrictos procedimientos de evaluación y acreditación universitaria a cargo de la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria.
A contramano de estos circuitos, la Universidad de las Madres se constituye por fuera del sistema universitario y elude la evaluación institucional de pares académicos con mandato legal para observar la consistencia y viabilidad de los proyectos institucionales. ¿Cabe entonces la pregunta por la calidad educativa de sus egresados? ¿O cuestionaremos las políticas y los organismos que actualmente rigen a las instituciones universitarias?
Desde este punto de vista, si uno de los objetivos de la educación superior es apostar a la construcción de un país próspero e inclusivo, resulta de especial importancia trabajar en el fortalecimiento de mecanismos institucionales sólidos y perdurables que permitan articular políticas socio-educativas equitativas que, sin descuidar la calidad, ofrezcan prácticas y estructuras académicas efectivas en línea con una variedad de demandas socioproductivas.
*Doctora en Educación.
