El año pasado nos enteramos a través de los medios de comunicación de que al Gobierno de la Ciudad se le “había ocurrido” una idea para resolver la falta de docentes, y que si creaba una universidad a tal efecto podría resolver esa problemática. Esta ocurrencia va de la mano del cierre de 29 instituciones de formación docente. Con este propósito, presentó un proyecto de ley, sin ningún sustento teórico/técnico, lejos de ser construido a partir de estudios o diagnósticos que lo sostengan y más lejos aún de ser el resultado de consultas y discusiones con la comunidad educativa.
Esta modalidad de anunciar ideas inesperadas y repentinas sobre cuestiones importantes y vitales para el sistema educativo no es nueva, vale recordar la propuesta sobre la Escuela del Futuro. Comparten aspectos comunes: son técnicamente débiles, no se sustentan en diagnósticos ni estudios serios. Son decisiones rápidas, efectistas, cosméticas y alejadas de cualquier instancia de consulta y que en cualquier otro país (siempre les gusta apelar a la experiencia internacional como garantía de seriedad) llevaría más tiempo de trabajo.
La creación de la Unicaba es producto de un marketing pedagógico, típico de este gobierno, que necesita reducir y desconocer los conflictos y procesos que involucran decisiones de este tamaño y que niega a los sujetos involucrados y en este caso también las experiencias y saberes construidos a lo largo de décadas en los profesorados. Pareciera que no es necesario discutir las políticas de formación, desarrollo profesional y carrera docente como una totalidad. En vez de eso, el enfrentamiento con el sector sindical es garantía de “éxito” para cualquier resolución que se tome. El desconocimiento acerca de la complejidad del asunto y la modalidad de abordarlo están más cerca de la ignorancia y de la soberbia que de cualquier otra cosa.
En el proyecto presentado se pueden inferir varios supuestos. El primero es que la formación universitaria es mejor que la que se recibe en los institutos, el segundo es que una oferta universitaria es más atractiva para los jóvenes; el tercero es que los diez años de la gestión macrista no se relacionan con la falta de maestros (el sistemático y sutil desprestigio hacia el maestro impulsado desde el Gobierno, las magras ofertas salariales fuera de los encuadres normativos pautados, la responsabilización a los educadores por los resultados de aprendizaje, la demonización de sus dirigentes gremiales, etc.) y, por último, “olvida” que los planes de estudio actuales elaborados por esta gestión no solo incrementan la carga horaria sino que incorporan la práctica escolar desde el inicio de la formación, y que en la Ciudad existen universidades públicas con amplia experiencia en esta materia.
Pero la propuesta no resiste ninguna discusión desde el punto de vista de la política educativa. No va por ahí la cuestión. Decididamente, han sido “muy buenos” en reducir el problema e instalarlo en la opinión pública apelando a que “lo bueno” es lo universitario y lo deficitario es lo que hay (aunque las actuales políticas gubernamentales para las universidades nacionales no acompañen este efectista eslogan) y que “lo bueno” es cambiar, aunque implique destruir y desconocer 29 instituciones. Ese es el tono simplista y vacío que eligen dar a sus argumentaciones a través de un efectivo despliegue comunicacional. Así, el “producto Unicaba” se instala de modo eficaz y desecha tanto el estudio y el análisis crítico de diversas estrategias formativas como también cualquier instancia de debate.
Queda el reto de discutir este proyecto en una Legislatura con mayoría propia, que se tienta con reforzar la idea de que se puede hacer cualquier cosa a partir del voto mayoritario de los porteños. Ojalá podamos debatir diversos supuestos políticos pedagógicos sobre la formación de nuestros docentes e imaginar y proponer otras propuestas, dejando de lado la injusta y empobrecedora opción de cierre de 29 instituciones educativas.
*Especialista en educación. Ex secretaria de Educación Caba (2003-2006).
