Un gobierno que despierta todos los días con el dólar instalado en la portada de los diarios es un gobierno incómodo. Un empresario ansioso por la creciente brecha entre el dólar oficial y los financieros (CCL-MEP) o el informal “blue” es un empresario que frena decisiones y se defiende como puede. Un trabajador, que en muchos casos ni siquiera compra dólares, sabe que si sube también lo harán los precios. Cuando el dólar es el eje por donde pasa la discusión económica algo huele mal en Dinamarca.
El único intento de estas líneas es hacer un modesto aporte para evitar que este cuadro desarticulado culmine en una devaluación desordenada y decidida por los mercados que, dado el delicadísimo equilibrio social, resulta el peor de los escenarios. Como dato de contexto, debe decirse que el tipo de cambio oficial no está atrasado para el intercambio externo (puede discutirse su nivel para cierta producción agropecuaria) y que los niveles actuales de los dólares financieros sólo fueron superados por aquellos de momentos históricos muy peculiares, como los tiempos del Rodrigazo de 1975 y del estallido inflacionario del final del gobierno de Raúl Alfonsín, en 1989.
De todos modos, las expectativas de los inversores financieros no se guían ni por la competitividad del dólar comercial (el oficial) ni por la existencia de un superávit “contable” en la cuenta corriente producto de la recesión. Antes que nada, los inversores “leen” las políticas del gobierno y actúan. Es un hecho, con el cual se puede no acordar, pero que no puede negarse. Si las reservas del Central caen todos los días, si los mercados discuten acerca de cuántos dólares están disponibles, es que, a juicio de los que definen todos los días el techo de la brecha cambiaria, las respuestas de la política económica no están llegando.
Es obvio que la pandemia cambió la agenda de la gestión Fernández. La violenta caída en las tasas de interés desde el comienzo del gobierno logró una convivencia temporal con una brecha razonable de 40% hasta que a fines de marzo la cuarentena exigió un relajamiento monetario extremo, expresado en una gran emisión monetaria y la asistencia crediticia a las empresas; la brecha en mayo llegó al 80%. Desde junio comenzó a dar efecto el aumento de las tasas mínimas para los plazos fijos, y volvió a caer a 55%, pero desde julio, cuando el Banco Central exigió que los importadores pagaran sus compras con fondos propios del exterior, sumado al ruido por las negociaciones de la deuda y desafortunadas decisiones políticas (fallida expropiación de Vicentín, entre otras), nuevamente se instaló en 80%.
Al finalizar agosto, el gobierno perdió la gran oportunidad de convencer a los inversores que era capaz de domar al dólar. El mero anuncio de la muy exitosa reestructuración con los bonistas privados desplomó la brecha 20 puntos en dos semanas. Economía, a su vez, informaba en una carta de digestión fácil para los mercados que iniciaba conversaciones para un nuevo acuerdo con el FMI y el ministro Guzmán enviaba una señal de cierta consolidación fiscal el año próximo, con un déficit primario cayendo prácticamente a la mitad. Estaban dadas las condiciones básicas para resolver el dilema. A contramano de estas novedades, ese mismo día el Banco Central endureció aún más el cepo, restringiendo al máximo la demanda de ahorristas y empresas.
Cuando era tiempo de cambiar la política de tasas para adecuarla a las expectativas de inflación, ajustar la cantidad de dinero al nivel de actividad esperado, dar señales claras de reducción del financiamiento monetario del déficit e intervenir en el mercado de bonos para bajar sin mayores problemas el “contado con liquidación” (que rondaba los 120 pesos), la política económica espantó a los inversores e hizo crecer en los importadores de insumos productivos el temor a un costo incierto de reposición.
La creciente incertidumbre financiera tampoco logró corregirse cuando, por primera vez, Economía y el BCRA decidieron, hace unas semanas, coordinar una muy tibia suba en las tasas de interés (en dos tramos) y una reducción ínfima y temporal de las retenciones a la soja. Ni a los que tienen pesos excedentes ni a los productores sojeros, incluso con precios internacionales muy atractivos, los tientan las nuevas condiciones. Sólo tiene una gran demanda el seguro de cambio que representa la emisión de bonos ajustados por la evolución del dólar oficial. Todo un síntoma.
¿Puede evitarse una devaluación ante este cuadro? Brechas superiores al 100% resultan eventos escasos de la historia y de cortísima duración; solo el citado junio de 1989 y dos meses durante la guerra de Malvinas, en 1982. La razón es evidente; en estas condiciones, la economía no puede funcionar con normalidad; las empresas comienzan a formar precios tomando como referencia los dólares financieros o informal, según el caso, y a la vez deciden vender cada vez menos. Los exportadores liquidan a cuentagotas y sigue el goteo de las reservas del Central. Como resultado, más inflación, menos oferta de productos, y una nueva espiral de expectativas devaluatorias.
La única manera, obvia, de evitarla es que se encuentre el modo de planchar de forma brutal los dólares financieros. Cuánto tienen que aumentar las tasas, cuánto mayor control de los agregados monetarios, a esta altura parece difícil saberlo. Pero la decisión debe tomarse, aún a costa del mal trago de profundizar la recesión.
Empujar con la barriga, o aguantar hasta abril para que una nueva cosecha nos salve, dejaron de ser opciones. Puede dudarse incluso de si acelerar un acuerdo con el FMI llegue a traer calma. El riesgo es que reaparezcan los cantos de sirena, habitués de las crisis, que vuelvan a profetizar, como en 2002, que dolarizando o bajando en forma draconiana el gasto público solucionamos todos nuestros supuestos defectos de fábrica.
La política tiene que aparecer. Gobierno y oposición, empresarios, sindicatos, movimientos sociales, deben buscar y resolver acuerdos básicos e instrumentales para evitar una nueva crisis. No pactos fundacionales “alla Moncloa”, para los que no hay tiempo. Sí arreglos institucionales mínimos de cómo financiar los costos de la pospandemia, apostando a reducir la fricción, la negación del otro, la idea de tribu que nos persigue hace largos años. Como en la vieja perinola cuando salía el “todos ponen”, de esas mesas hipotéticas de negociación cada sector debería salir conociendo con precisión su aporte para no ser sorprendido más tarde. Por su rol, el gobierno tiene que mover primero. Y rápido.n
*Economista, socio y director de Analytica Consultora.
