Todo el episodio del Banco Central nos muestra el renacimiento incipiente de los controles republicanos en medio de la situación de mayor debilidad del kirchnerismo.
La Justicia avanzó al decir con toda claridad que sobre la voluntad política se encuentra la ley, algo que en medio de la gran confusión general es visto como un problema al que se le ha dado el nombre de judicialización de la política (liso y llano control constitucional).
El mayor problema de nuestro sistema político es que con un gobierno que avanza sobre la ley, quienes están llamados a controlarlo duden. Se preguntan mil veces si están haciendo lo correcto, en algunas oportunidades piden perdón y retroceden. Se dejan atrapar por planteos de valores falsos como el problema de la “gobernabilidad” o la “investidura presidencial”. La mayor gobernabilidad se da en un sistema totalitario; la legalidad, por lo tanto, siempre es un problema para la gobernabilidad y es bueno que así sea. La investidura como concepto confunde, porque lleva a pensar que el poder es inherente a una persona investida y no a una institución.
El sistema republicano es un sistema de equilibrios. A una avanzada desequilibrante le debe responder una acción equilibrante. Si las formalidades no alcanzan, en tanto están pensadas para circunstancias legales y no ilegales, la acción debe pasar por encima de ellas, para restablecer la legalidad. La república no es un sistema de suicidio en función del mantenimiento de un credo. El objetivo es acotar al poder. Nada hay por encima de esta cuestión porque es para eso que el poder es dividido. Las reglas deben cumplirlas todos, pero cuando alguien tira la pelota fuera de la cancha, hay que buscarla fuera de la cancha. Por eso es que frente a un gobierno inescrupuloso, priorizar el cumplimiento de tradiciones como fue el caso de las designaciones de autoridades de la Cámara de diputados o dudar sobre la posibilidad de la autoconvocatoria, son formas de contribuir al desequilibrio y poner en juego el sistema.
Si no se tienen en claro los valores tampoco se tendrán en claro las acciones. La república es un sistema de gente con sangre caliente defendiendo la libertad, no de patos pensando en su próximo cargo. Tampoco está en la cima de los problemas el propio financiamiento del Estado. Las excusas de gobernadores y legisladores que siguen instrucciones de ellos para acceder a cualquier artilugio para recibir fondos del Estado nacional son inaceptables, debieran ser tratadas como un delito de lesa república.
El valor para la república no es la voluntad del poder, sino la legalidad constitucional. Palos en la rueda es lo que necesita este país para liberarse de la irresponsabilidad de todo tipo de tiranos. Hay que afectar a la gobernabilidad de una buena vez y recuperar un sistema sin salvadores.
Más allá de cómo terminó el episodio Redrado en sí, inclusive de cuánto puedan tentar con un pedazo de la torta a gobernadores y opositores para avanzar sobre las reservas del Banco Central, hemos visto fluir a la república en tiempos de ingobernabilidad porque contrariamente al paradigma que venimos arrastrando históricamente, según el cual necesitamos un Poder Ejecutivo fuerte, nuestro mayor desafío es tener una Constitución invencible. Eso requiere más acción que contemplación. Hemos probado mucho con gobiernos fuertes, civiles y militares, durante todo nuestro período de fracaso como país. Alguien pensará en el caso de Fernando de la Rúa como el ejemplo del gobierno débil, pero más que por la debilidad se caracterizó por la ineptitud y una ineptitud onmímoda es siempre peor que una ineptitud acotada.
Muchos se asustan cuando un presidente se encuentra con un obstáculo, porque sólo conocen, como en las cavernas, una versión de la seguridad que es la política. La que el país necesita es la seguridad jurídica que es la que está a disposición de cualquiera todos los días cuando rigen reglas y no voluntades. El gobierno debe ser débil en comparación con la ley; si se quiere, con una debilidad a la altura de nuestros patos, dado que es todo lo que tenemos.
*Periodista, abogado, máster en Economía y Ciencias Políticas.
