La famosa “Ley Bases” que ha presentado Javier Milei como su puntapié inicial de la obra de gobierno, se empantanó en las discusiones con sus teóricos aliados y la oposición dialoguista. El retiro del capítulo fiscal del viernes último, sólo puede ser visto como una etapa más de un largo combate para los objetivos de un gobierno, que va mucho más allá de lo económico, y que pretende –si esto fuera posible– refundar la matriz cultural del país.
Estrategias fatales. En esta instancia es pertinente realizar una pregunta desapasionada para tratar de entender cómo el Gobierno intenta desplegar sus estrategias, para lograr sus objetivos en un “mercado político” como el realmente existente. En toda sociedad existen diversos tipos de poderes políticos y fácticos que se despliegan en forma contradictoria y que sólo en ocasiones muy puntuales –como en crisis particulares– pueden actuar en forma armónica. Las formas comunicacionales desplegadas por el gobierno de Milei en estos escasos cincuenta días han logrado precisamente el efecto contrario: unir a los espacios diversos, –y enfrentados entre sí– en el rechazo.
El caso de estudio es el intento de sanción de la ley ómnibus bajo el hecho objetivo de tener sólo 38 diputados nacionales –el 15% de la Cámara– y siete senadores –el 10%–. Es claro que no es una ley cualquiera que tiene efectos administrativos, sino que busca cambiar el orden social en forma radical, lo que obviamente, ha generado el antagonismo de muchos sectores socialmente legítimos –como los actores–. Es claro que la ley va mucho más allá de cuestiones secundarias o nulas en términos fiscales como el precio del libro, el Incaa o la Sagai, sino que pone a prueba intereses concretos de sectores empresarios, que se imaginan desplazados en el corto o mediano plazo, por empresas transnacionales.
Normalmente solo se generan esos proyectos teniendo asegurado los acuerdos políticos para la obtención de mayorías. Esta regla política funciona hasta para una asamblea universitaria. Más allá de cualquier lectura que incluya mecanismos bíblicos, el equipo de análisis político presidencial debe haber calculado que iba a contar con el voto del bloque de Juntos por el Cambio, desde el momento que suma a la fórmula opositora Patricia Bullrich-Luis Petri al Gabinete. Esto, en principio, se podría haber traducido en el apoyo de unos 120 diputados, no tan lejos de la mayoría de 129. Quedaba por seducir a los diputados provinciales, para lo cual se realiza un pacto con Juan Schiaretti, quien coloca a su exministro de Finanzas Osvaldo Giordano, para manejar el Anses. Pero la política no es una ciencia matemática.
Incompletitudes. El pacto de Acassuso, donde Mauricio Macri apoyó en forma incondicional a Milei, de cara a la segunda vuelta electoral nunca se transformó en una alianza de cogobierno. Esta confusión explica la bronca del Presidente, contra los radicales primero y contra los gobernadores, después. Los diputados originales del PRO no se sienten obligados a votar los dictados libertarios, y los radicales flotan entre la idea de dar gobernabilidad y limitar los superpoderes presidenciales, aunque se observa con claridad un subconjunto cercano al Gobierno encabezado por Rodrigo De Loredo, y otro más distante encabezado por Martín Lousteau. No es difícil pensar que en 2027 CABA pueda volver a votar progresismo, y de allí los posicionamientos a futuro del senador radical.
En medio del reajuste de la política emerge el bloque –o interbloque para ser preciso– Hacemos Coalición Federal, que es una suerte de seleccionado de singularidades políticas, pero con mucha experiencia política y legislativa. En este sector se enfilan figuras que van: desde el republicano Ricardo López Murphy hasta la socialista Mónica Fein, pasando por Margarita Stolbizer, Natalia de la Sota, Emilio Monzó, Maximiliano Ferraro y Florencio Randazzo, bajo la conducción inoxidable de Miguel Ángel Pichetto. Suman unos 23 diputados y siete senadores, es un imán para las futuras rupturas individuales y un dolor de cabeza para el Gobierno. Un problema de este espacio es que no tiene –por lo pronto–, una traducción electoral y ese sentido es dominado por el tacticismo.
Emergencia permanente. De los 664 artículos originales la ley había adelgazado con el dictamen de comisiones a 525, eliminando el capítulo electoral, cambios en el capítulo de la cultura, la eliminación de las retenciones a las economías regionales, y se sacó YPF, entre las empresas a privatizar, entre otras. Ahora, según lo anunciado por el ministro Luis Caputo se procedería a retirar completo el capítulo fiscal, es decir la moratoria y blanqueo fiscal, la nueva estructura de bienes personales, el cambio de la fórmula jubilatoria y las retenciones, que habían generado muchas controversias. También se retiraría la ley para la reposición del impuesto a las Ganancias.
Lo que queda de la ley original y que brilla en la noche son las “delegaciones legislativas al Poder Ejecutivo Nacional”, fruto de la declaración de la emergencia fundamental para que concuerde con la CN. El pedido de gobernar mediante decreto, continúa siendo el capítulo 3° de la megaley. La posibilidad de delegar la creación de leyes hacia el Ejecutivo es una discusión recurrente. Ya en enero de 2002 Eduardo Duhalde había promulgado la ley 25.561 de “Emergencia pública y reforma del régimen cambiario”, la necesitaba para dinamitar la convertibilidad. Ahora, ¿es pensable que Caputo retire todo el capítulo fiscal y que el Congreso le ceda la posibilidad de reintroducirlo mediante decretos?
Pensar al revés. Quizás, hubiera resultado más efectivo para los objetivos inmediatos del Gobierno, hacer al revés: retirar la ley y consensuar sólo el capítulo fiscal, evitando generar con tantos frentes simultáneos apuntando a la mayor demanda del electorado propio y ajeno: bajar la inflación. El ministro Caputo ha explicitado que el déficit fiscal cero sigue siendo el objetivo central del Gobierno, para este año, pero los mecanismos para acceder a ello hoy son un misterio.
*Sociólogo.
