¿La niñez está en riesgo de perder su Defensoría?

Esta semana tuvimos muchas noticias sobre la situación de niñas, niños y adolescentes, algunas buenas, otras preocupantes y otras malas. Empecemos a ver las buenas o la buena: el Indec informó que se registró una disminución de la pobreza infantil. El Observatorio de la Deuda Social de la UCA, en su último informe, coincidió y señala que entre el segundo semestre de 2023 y el de 2024 disminuyó la pobreza infantil, que pasó del 58,8% al 52,8%, esto a pesar de que en el primer semestre de 2024 hubo un aumento de la pobreza infantil que alcanzó el 67,3% debido a las medidas económicas adoptadas por el Gobierno el 10 de diciembre de 2023. Esto fue muy preocupante ya que, si bien la pobreza infantil venía en ascenso continuado, de golpe aumentó un 10%, pasamos de tener un niño pobre cada cinco –algo ya grave– a tener seis niños pobres cada diez niños. Por eso la disminución es una buena noticia, si bien todavía es alto el nivel de pobreza. Pero el Observatorio señala que la diferencia entre provincias marca que en las del NEA y NOA no bajó la pobreza, sino que persiste alta. Esta noticia es la preocupante, justamente en esas provincias se registran los índices más altos de embarazos infantiles y esto se asocia con la mayor frecuencia de uniones infantiles, no matrimonios ya que en nuestro país predominan las uniones. FEIM hizo hace unos años el único estudio sobre la frecuencia de matrimonios/uniones infantiles según el censo de 2010 –el de 2020 no se puede usar por incompleto–; detectó que el 4,6% de los niños del país están en uniones y en provincias del NEA y NOA llega al 12%, con niñas unidas con varones mayores, incluso niños, pero mayores que ellas. En ese estudio, niñas de 11-12 años entrevistadas del NEA y NOA expresaron sus temores porque sabían que pronto les pasará lo mismo que a sus hermanas. Por esas uniones precoces, la mayoría forzadas, las niñas abandonan la escuela y son madres tempranamente. Esto las empobrece a ellas, a sus hijos e incluso a los padres de sus hijos, especialmente cuando son adolescentes, y también al país. Sabemos que un país con una ciudadanía empobrecida es un país pobre. Lamentablemente, el gobierno actual suspendió un programa efectivo y eficiente, como fue el plan ENIA, iniciado por el gobierno de Macri y continuado y profundizado por el gobierno de Fernández. Que un nuevo gobierno de signo político contrario continúe un programa del anterior es algo raro, pero ocurrió. Incluso con cambios de ministros en un mismo gobierno, el riesgo de la continuidad de los programas es muy alto. El plan ENIA fue muy efectivo porque logró disminuir significativamente los embarazos en las niñas, incluso las menores de 15 años. Y fue muy eficiente porque a bajo costo logró un gran impacto. A pesar de esto, el Gobierno interrumpió el aporte nacional al plan ENIA, algo inexplicable pero que justificó en que la atención de la salud y la educación son responsabilidad de las provincias. Esto produjo la gran diversidad de respuestas, porque las provincias con menos recursos, o sea más pobres, no pueden sostener este plan y las con mayor capacidad económica lo están haciendo, pero no siempre con la misma capacidad. Esta es la mala noticia. Además, el gobierno nacional desalienta la Educación Sexual Integral –ESI–, un componente que el plan ENIA fortalecía, y ahora esto se interrumpió. Esto nos lleva a otra mala noticia, el abuso sexual en la infancia –ASI– aumentó aún más desde la pandemia y afecta a muchas niñas y niños del país. Como ocurre en la familia, es un problema invisibilizado que afecta independientemente de la clase social, lugar de residencia y otros factores. Incluso quienes se oponen a la ESI reconocen que la incorporación en el nivel inicial es efectiva en la prevención del ASI, porque les enseña a ambos a que no hagan en su cuerpo lo que ellos no desean. Frente a estos problemas es muy importante poder contar con un titular en la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes que vele por la protección de los derechos de la niñez. La constitución de la comisión bicameral responsable de esto demoró casi un año en ser llevada a cabo, ahora tiene la responsabilidad de lograr que se designe a ese titular en forma amplia, por fuera de la negociación de los partidos políticos, en base a su capacidad teórico-práctica de protección de la niñez. ¿Será posible? Es difícil porque hay un sector del oficialismo en el Congreso que prefiere otra decisión. A pesar de esto, esperamos que todos los legisladores entiendan y puedan anteponer el bien de la niñez a sus aspiraciones políticas partidarias. Lo necesitamos porque la niñez no pertenece a ningún partido político, es responsabilidad de toda la sociedad, y en esto radica lograr un país rico y bien desarrollado.