El Comité de 18 expertos independientes que vigilan el cumplimiento de la más antigua Convención internacional de la ONU, que preconiza la “eliminación de todas las formas de discriminación racial”, hoy ratificada por 183 Estados, concebida en 1965 para luchar contra el “apartheid” entonces vigente en África del Sur, acusó al gobierno de Nicaragua de practicar “racismo”, contra indígenas y afro-descendientes, decretan recomendaciones publicadas en Ginebra.
Los países que han ratificado los Pactos y Convenciones de la ONU en materia de derechos humanos, eligen por el voto secreto comités de expertos, con mandato de controlar el respeto de tales instrumentos, celebrando exámenes individuales cada 4 años como mínimo. Esos expertos, de prestigio moral y reconocida imparcialidad, no son funcionarios de la ONU, actúan según su conciencia, no cobran sueldo, y solo se les reembolsan los viáticos para cumplir sus misiones.
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En el marco de la crisis socio-política que estalló en Nicaragua en 2018, este Comité estima que el gobierno ha clausurado “espacios de participación y dialogo a nivel nacional”, y “ha implementado acciones arbitrarias y represivas”, cerrando “un gran número de organizaciones de la sociedad civil que trabajan por la defensa de los derechos humanos, incluidos derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes”, sufriendo “restricciones desproporcionadas”, atemorizadas por “represalias”.
Destacan que los perseguidos por la ola represiva, son los “los pueblos indígenas del Pacífico, Centro y Norte de Nicaragua...mediante la adopción de una ley específica”, sumando a las “Comunidades Étnicas de las regiones Autónomas de la Costa Atlántica , y de los Rios Bocay, Coco, Indidio y Maíz”. Todas esas poblaciones han padecido "ataques e invasiones ilegales de colonos y personas no indígenas", generando “graves conflictos y violencia en torno al acceso a la tierra y recursos naturales”. Ante lo cual, la ONU aguarda que Nicaragua le envíe información sobre “la Estrategia y Plan de desarrollo de la Costa Caribe y el Alto Wangki Bocay”.
Al respecto el Comité solicita concretamente al gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo pruebas documentales sobre “las medidas necesarias para garantizar que todas las denuncias de atentados contra la vida y de actos de violencia en contra de pueblos indígenas y afrodescendientes sean investigados de manera exhaustiva, imparcial y efectiva, a fin que los responsables sean enjuiciados y debidamente sancionados”. Reclama “información detallada sobre las investigaciones llevadas a cabo...(por) los ataques ocurridos en la zona de la reserva de la Biosfera de Bosawás”.
Al tiempo, el Comité le recuerda a Nicaragua, la obligación internacional del Convenio 169 de la OIT sobre el derecho de consulta a los pueblos indígenas, “con miras a obtener el consentimiento libre, previo e informado sobre cualquier medida legislativa o administrativa que pueda afectar el ejercicio efectivo de sus derechos”, en torno a “la explotación de recursos naturales y proyectos de desarrollo dentro” de sus territorios, garantizando que las consultas no sean “realizadas con personas no legitimadas para representar a los pueblos afectados”.
Por cierto inquieta específicamente en Ginebra lo que estaría ocurriendo “con el proyecto del Gran Canal Interoceánico que afecta el territorio del pueblo indígena Rama y de las comunidades afrodescendientes Kriol y el territorio de la Comunidad Negra Creole Indígena de Bluefields”, que no habrían sido “consultadas, lo cual también ha sido el caso del proyecto de aguas profundas de Bluefields, el proyecto de conservación de bosques y carbono y el proyecto de BioClima”.
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Desde luego, la ONU exige “que se realicen estudios independientes e imparciales sobre el impacto social, ambiental, y cultural que puedan tener tales proyectos en las formas tradicionales de vida y de subsistencia de pueblos indígenas y afrodescendientes”. También conocer las “medidas de mitigación, compensación por daños o pérdidas sufridas y de participación en los beneficios de dichas actividades”, en el contexto de mecanismos de toma de decisiones que valoren “las características culturales y tradiciones de cada pueblo”, pero sin transgredir “las garantías del debido proceso y a una defensa adecuada de indígenas y afrodescendientes”, particularmente en la “lucha contra el narcotráfico”
En cuanto a denuncias recibidas por el Comité, que abarcan el “uso excesivo de la fuerza” provocando “casos de muertes de personas indígenas y afrodescendientes que se encontraban en detención”, la ONU exhorta a las autoridades nicaragüenses investigar “los malos tratos y abusos cometidos por funcionarios encargados de hacer cumplir la ley”. Además que cese “la elaboración de perfiles raciales por los agentes del orden”, redundando en “falsas acusaciones, detenciones arbitrarias y allanamientos sin ordenes judiciales”.
Desde Ginebra, Juan Gasparini
