Expertos de la ONU en derechos humanos enviaron hoy a Nicaragua una carta de protesta conjunta “por el cierre arbitrario de cientos de organizaciones de la sociedad civil”, la cual se suma a la ausencia del gobierno de Managua en el examen regular del Comité contra la Tortura (CAT), una obligación para los 173 países que han ratificado la convención, indicaron portavoces de la ONU en Ginebra.
La medida del gobierno de Daniel Ortega contra formaciones de la sociedad civil “es muy preocupante y tendría un efecto amedrentador en activistas y personas defensoras de derechos humanos en todo el país”, afirmaron Relatores Especiales y Grupos de Trabajo de la ONU que vigilan el cumplimiento de los derechos de reunión pacífica, libertad de expresión y opinión, y derechos culturales.
También se sumaron a las denuncias los Relatores Especiales para los derechos al desarrollo, la alimentación, el medio ambiente, indígenas, salud física y mental, y discriminación contra mujeres y niñas, quienes cuestionaron la cancelación de la personalidad jurídica de cientos de asociaciones, lo cual “representa un claro patrón de represión del espacio cívico”, subrayaron.
Suscribieron igualmente la carta los expertos por el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha antiterrorista, defensores de derechos humanos y el de los derechos culturales, “expresando conmoción por el alcance de las clausuras por parte de la Asamblea Nacional a petición del Gobierno de más de 700 organizaciones, 487 de ellas solo en el mes pasado”.
A su vez los titulares de estos mandatos definidos por el Consejo de Derechos Humanos de la organización, compuesto por 47 Estados elegidos en virtud del voto secreto de la Asamblea General de las Naciones Unidas -expertos que no son funcionarios de la ONU ni cobran sueldo y actúan según su propia conciencia, a quienes solo les reembolsan los viáticos para sus misiones-, precisaron que si bien el cese del espacio cívico se ha observado desde la crisis de 2018, “el cierre de organizaciones se ha acelerado como consecuencia de la Ley sobre Regulación de Agentes Extranjeros (2020) y la Ley General de Regulación y Control de Organismos sin Fines de Lucro (OSFL) que entró en vigor recientemente”.
Dijeron que esta ley “impone amplios procedimientos administrativos y de registro, la divulgación de los datos de beneficiarios/as, y limita significativamente el financiamiento externo”, para lo cual los representantes de la ONU aportaron con anterioridad, un “análisis legal” cuestionando la misma, pero hasta ahora Nicaragua no aportó respuesta al mencionado documento.
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“Lamentamos observar, nuevamente, el uso indebido de leyes anti-terroristas y anti- lavado de dinero para restringir innecesaria y desproporcionadamente las actividades de la sociedad civil y las libertades fundamentales,” manifestaron las y los miembros de las Relatorías y Grupos de Trabajo, haciendo referencia a una tendencia mundial.
Detallaron que "las clausuras no solo afectaron organizaciones de derechos humanos, incluyendo aquellas que trabajan para los derechos de las mujeres y de los pueblos indígenas, sino también aquellas que promueven valores democráticos y que luchan contra los efectos negativos del cambio climático”. Paralelamente estas restricciones perjudican “asociaciones que proveen ayuda humanitaria y servicios médicos, así como instituciones educativas, culturales y artísticas, y fundaciones religiosas”.
Los expertos lamentaron que “esta situación tendrá consecuencias aún más devastadoras sobre personas y grupos en situación de marginalización que dependen de estos servicios para su supervivencia, por ejemplo, comunidades rurales e indígenas, niños/as y jóvenes, mujeres y solicitantes de asilo”, sin olvidar “el efecto disuasivo que estas clausuras tienen sobre actores de la sociedad civil” pues “cientos de activistas ya han huido el país para buscar refugio en Estados vecinos dado el riesgo de represalias”. Concluyeron instando “al Estado a abstenerse de decretar más cierres y de revocar inmediatamente estas restricciones sobre las asociaciones. Un espacio cívico y político funcional, sólido y diverso es crucial para cualquier país democrático”.
Las criticas a Nicaragua de estos Relatores y Grupos de Trabajo coinciden con los informes que viene presentando ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, la Alta Comisionada, Michelle Bachelet. Por otra parte, dicho Consejo votó en marzo pasado, con fines de investigación, la constitución de un grupo de 3 expertos independientes, que deberán rendir un primer informe en marzo de 2023. Coincidentemente, la ausencia de la delegación del gobierno de Nicaragua para el examen regular ante el Comité contra la Tortura (CAT), en Ginebra, antes consignadas, y “la negativa explicita a presentar respuestas por escrito a las cuestiones planteadas en 2020” al país -ejercicio previo al que se someten los Estados que han ratificado la Convención, para preparar sus exámenes-, el CAT ofreció una nueva posibilidad a Nicaragua, para su sesión venidera en octubre-noviembre de 2022. A tal efecto, resolvió hacerle llegar al gobierno nicaragüense “conclusiones provisionales”, para conocer “sus comentarios”.
Desde Ginebra, Juan Gasparini.
