El Comité de Naciones Unidas que evalúa si los Estados cumplen con sus obligaciones para garantizar la vigencia de los derechos económicos, sociales y culturales le dijo al gobierno argentino que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional no puede provocar el recorte de las políticas que garantizan esos derechos. Esto ocurrió en Ginebra, el jueves y el viernes pasado, durante el diálogo entre ese Comité y los representantes del Estado –encabezados por el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj.
Los integrantes del Comité sostuvieron que las decisiones de política económica y financiera no pueden tomarse como si no existieran obligaciones internacionales en materia de protección de los derechos sociales. Y que, en ningún caso, las medidas que se deriven del acuerdo con el FMI pueden implicar un ajuste que impida la vigencia de derechos como el trabajo, la salud, la vivienda y el acceso a la tierra.
En los últimos años se tomaron medidas políticas y económicas que produjeron una transferencia de ingresos hacia los sectores más pudientes. Ese es el resultado de la reprimarización del sistema productivo, del endeudamiento público, de la reducción de los subsidios a los servicios, de la reforma regresiva del sistema jubilatorio y de seguridad social. Mientras tenía lugar la evaluación en Ginebra, se conoció que el 27.3 % de la población del país es pobre; el presidente Mauricio Macri, en conferencia de prensa, dijo que ese porcentaje va a seguir creciendo y también que no habrá medidas adicionales para paliar las consecuencias de la crisis.
El acuerdo con el Fondo agrava esta situación al volver a recetas de ajuste fiscal que, como la sociedad argentina ya sabe, culminan en la vulneración de múltiples derechos. Mientras busca cubrir el pago de deuda, el gobierno ha ido recortando y subejecutando el gasto público en servicios, obras de infraestructura y vivienda y en políticas orientadas a garantizar derechos. Cuando anunció su intención de lograr el “déficit cero” en 2019, como gesto de “austeridad”, degradó al rango de secretarías a los ministerios que implementan políticas públicas de gran impacto en los derechos económicos, sociales y culturales, entre ellos Salud y Trabajo. En este contexto, además el Estado obstaculiza la libertad sindical, a través de la intervención indebida en la vida interna de los sindicatos, el uso arbitrario de la conciliación obligatoria y la represión y criminalización de las protestas y de los referentes sindicales.
Por estos motivos, el Comité DESC llamó la atención al Estado argentino. En particular, sus integrantes señalaron la creciente afectación del derecho al trabajo y que esto perjudica más a las mujeres jóvenes –una de cada cinco que busca empleo no lo consigue. Otros recortes, como la baja de las pensiones por discapacidad- y la degradación del ministerio de Trabajo también fueron cuestionados.
Mientras el FMI procura que las cuentas fiscales “cierren” para garantizar el pago a los acreedores de la deuda, el Comité evalúa si el Estado garantiza los fondos para cumplir con los derechos económicos, sociales y culturales que están contemplados en un Pacto que en nuestro país tiene rango constitucional, es decir que el mismo Estado se obligó a cumplir.
Lamentablemente, la respuesta de los representantes del Estado fue evasiva y vaga. Allí, intentaron justificar el ajuste y el acuerdo con el FMI sosteniendo que eran la forma “más barata de corregir el déficit”. El Comité dará a conocer sus observaciones finales en las primeras semanas de octubre. Ojalá para entonces el gobierno recapacite y considere que, por el contrario, la vía del ajuste a la sociedad le sale carísimo.
* Director ejecutivo del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS)
